Denunciaron a la directora del Icbf por presunta financiación prohibida en campaña y que la inhabilitaría para ejercer cargos públicos
El representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón anunció que presentó una denuncia penal contra la directora del Icbf, Carolina Restrepo, por la presunta recepción de financiación prohibida durante la campaña a la Cámara de Representantes en la que participó en 2022.
Según afirmó el congresista, la situación que denunció podría derivar en una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Mondragón hizo el anuncio a través de un video divulgado en redes sociales y de una publicación en su cuenta de X, donde pidió la salida de Restrepo de la dirección de la entidad.
“Atención, Colombia: tengo la prueba para sacar del cargo a la fanática directora del Icbf”, escribió el representante. En la misma publicación, sostuvo que la funcionaria supuestamente recibió aportes prohibidos para su aspiración electoral y que la legislación contempla una inhabilidad para quienes incurran en esa conducta.
Mondragón indicó que Restrepo fue candidata a la Cámara de Representantes en 2022 y que recibió una donación de $48 millones. De acuerdo con su declaración, el aporte provino de Óscar Augusto Schölder Müller.
El legislador señaló que Schölder Müller fue destituido e inhabilitado por el caso de Agro Ingreso Seguro. Añadió que el donante estaba imputado penalmente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado.
Mondragón vinculó la denuncia con un aporte de $48 millones
En su intervención, Mondragón sostuvo que las campañas políticas no pueden recibir donaciones de personas imputadas por delitos contra la administración pública. A partir de esa interpretación, afirmó que el dinero recibido por la entonces candidata constituiría una presunta financiación prohibida.
“La ley colombiana prohíbe que las campañas políticas reciban donaciones de personas imputadas por delitos contra la administración pública”, aseguró el representante del Pacto Histórico.
El congresista mencionó el artículo 396A del Código Penal y afirmó que esa norma prevé penas de prisión de cuatro a ocho años para quienes reciban financiación prohibida. Según su exposición, la sanción incluiría una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo lapso.
“Carolina Restrepo, al incurrir en financiación prohibida, se inhabilita”, afirmó Mondragón durante el video. Esa conclusión corresponde a la posición expuesta por el denunciante y no a una decisión judicial conocida en el material suministrado.
El representante aseguró que presentó la acción junto con Diana Anabel y Valentina Villafañe, a quienes identificó como líderes defensoras de las mujeres y de las diversidades sexuales. De acuerdo con sus declaraciones, la denuncia penal fue dirigida contra Restrepo y Schölder Müller.
El congresista pidió la renuncia de la directora del Icbf
Mondragón sostuvo que Restrepo debería dejar el cargo en el Icbf mientras se resuelve la situación que expuso. En su mensaje de X, afirmó que mantendrá la acción judicial y el cuestionamiento público contra la directora.
“La acabo de denunciar penalmente; si no renuncia por decencia, se va a caer por vía judicial y vamos a dar la pelea”, escribió el representante.
En el video, el legislador también cuestionó que la dirección de una institución encargada de la protección de niños esté en manos de una persona que, según sus señalamientos, podría estar inhabilitada para ocupar un cargo público.
Mondragón mencionó a Abelardo La Estrella y cuestionó la designación de Restrepo. “¿Qué va a ser de los niños de Colombia dizque protegidos por este tipo de personas?”, expresó.
Las afirmaciones conocidas hasta ahora corresponden a la denuncia y a las declaraciones públicas de Mondragón. En la información suministrada no figura una respuesta de Carolina Restrepo, del Icbf ni de Óscar Augusto Schölder Müller frente a los señalamientos del congresista.
Recientemente, la directora Carolina Restrepo Cañavera aseguró que permanecerá en el cargo y continuará con la revisión interna que impulsa en la entidad.
Su pronunciamiento se produjo luego de que el senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana, integrantes de Alianza Verde, anunciaran que acudirán ante la Procuraduría y la Fiscalía por presuntas irregularidades en los documentos presentados para certificar su experiencia profesional.
Infobae
