Relevancia de la profesionalización en el sector público

Don Benito Juárez García sostuvo que los funcionarios públicos “no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”. Más de un siglo y medio después, esta reflexión conserva plena vigencia. El ejercicio de la función pública exige no solamente apego a la legalidad y vocación de servicio, sino también los conocimientos, las competencias y la responsabilidad indispensables para atender las necesidades de la sociedad.

La administración pública enfrenta hoy una realidad considerablemente distinta de la que prevalecía hace apenas unas décadas. La transformación de las relaciones económicas, las crecientes demandas ciudadanas y el desarrollo tecnológico han modificado tanto la naturaleza de los problemas públicos como las herramientas disponibles para resolverlos. Ante este escenario, la capacidad de adaptación del Estado constituye una condición fundamental para el cumplimiento de sus responsabilidades.

Sin embargo, ninguna transformación institucional puede sostenerse únicamente en reformas normativas, reorganizaciones administrativas o incorporación de nuevas tecnologías. Las instituciones requieren, ante todo, personas preparadas para ejercer sus atribuciones con rigor técnico, integridad y sentido de responsabilidad. La permanencia de procedimientos obsoletos, la discrecionalidad injustificada y las deficiencias en la gestión pública no solamente afectan la eficiencia gubernamental; también debilitan la confianza ciudadana.

Así como el ejercicio de la medicina o de la ingeniería exige una preparación acorde con las consecuencias de sus decisiones, el servicio público demanda competencias proporcionales a la trascendencia de sus funciones. Quienes administran recursos, diseñan políticas públicas o prestan servicios esenciales inciden directamente en las condiciones de vida de millones de personas. Por ello, la buena voluntad, aun siendo indispensable, no puede sustituir al conocimiento ni a la preparación profesional.

En este sentido, conviene distinguir entre capacitación y profesionalización. La primera permite adquirir o actualizar conocimientos específicos; la segunda representa un compromiso institucional más amplio, que comprende el desarrollo permanente de competencias, la valoración del mérito, la ética, la evaluación del desempeño y la capacidad de responder a nuevos desafíos. Profesionalizar significa construir instituciones que aprendan, mejoren y preserven sus capacidades más allá de los cambios administrativos.

La incorporación de herramientas digitales y sistemas de inteligencia artificial hace todavía más evidente esta necesidad. Estas tecnologías ofrecen oportunidades para mejorar procesos, analizar información y agilizar la atención a la ciudadanía. No obstante, su aprovechamiento responsable requiere servidores públicos capaces de comprender tanto sus posibilidades como sus limitaciones, proteger la información, verificar resultados y mantener la supervisión humana sobre las decisiones que corresponden a la autoridad. La innovación, por sí sola, no garantiza mejores gobiernos.

Un documento de trabajo publicado en octubre de 2026 por el Mossavar-Rahmani Center for Business & Government, de la Harvard Kennedy School, elaborado por Nyasha Weinberg, Dylan Evans y Ed Balls, ofrece una reflexión pertinente. Mediante simulaciones de políticas públicas, los autores examinaron las oportunidades y limitaciones de la inteligencia artificial generativa en las tareas gubernamentales. Si bien identificaron aplicaciones prometedoras, también advirtieron restricciones importantes y riesgos conocidos, como los sesgos, las alucinaciones, la procedencia poco clara de la información y los problemas de seguridad. Sus hallazgos preliminares subrayan que estas herramientas no sustituyen la experiencia especializada ni el juicio humano. La enseñanza para la administración pública es clara: modernizar el Estado no consiste únicamente en incorporar tecnologías, sino también en fortalecer las capacidades de quienes deben utilizarlas con responsabilidad, conocimiento y criterio.

Invertir en profesionalización es, por tanto, invertir en la capacidad del Estado para cumplir sus fines. Una administración pública mejor preparada puede aprovechar con mayor eficacia los recursos disponibles, prevenir irregularidades, mejorar la prestación de servicios y atender con mayor oportunidad las necesidades de la población, particularmente de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. No se trata de un gasto accesorio, sino de una inversión estratégica cuyos resultados deben reflejarse en la calidad de la gestión gubernamental.

En esta tarea, las instituciones académicas y de investigación desempeñan una función esencial. Desde el Instituto Nacional de Administración Pública reafirmamos nuestro compromiso de contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante la formación, la investigación, el intercambio de conocimientos y la colaboración con las instituciones de los tres órdenes de gobierno. La profesionalización debe entenderse como una responsabilidad compartida y permanente, estrechamente vinculada con la construcción de una administración pública más eficaz, íntegra y cercana a la sociedad.

La fortaleza de un Estado no se mide exclusivamente por la amplitud de sus atribuciones o la disponibilidad de sus recursos, sino también por su capacidad para convertir las decisiones públicas en resultados que mejoren la vida de las personas. Profesionalizar el servicio público no es solamente preparar mejores funcionarios; es construir mejores instituciones y fortalecer la confianza de la ciudadanía en ellas.