Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se disputan la presidencia de Brasil en el balotaje

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo a su próximo presidente: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro llegan al balotaje tras una tensa campaña marcada por acusaciones cruzadas de corrupción y propuestas de país diametralmente opuestas.

La jornada comienza a las 8, hora de Brasilia, y se extenderá hasta las 17. Como ocurrió en la primera vuelta del 4 de octubre, se espera que poco después del cierre de urnas empiece la difusión de los primeros resultados oficiales.

Ambos candidatos llegan al balotaje con una diferencia mínima, un electorado de 48,1 millones de personas fuera de sus núcleos de apoyo y una disputa en la que la abstención puede pesar tanto como el traslado de votos entre candidatos.

Lula, de 80 años, obtuvo el 45,16% de los votos en la primera vuelta, frente al 47,03% de Flávio Bolsonaro.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que busca su cuarto mandato no consecutivo, busca algo inédito en el país: ganar el balotaje luego de perder en primera vuelta. Desde el retorno de los comicios presidenciales directos en 1989, la tendencia marca que el candidato que lidera la primera vuelta siempre ha llegado al Palacio de Planalto.

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), promete endurecer la política de seguridad y actuar contra la corrupción.

Un relevamiento de O Globo ubicó a esos 48,1 millones de electores que no votaron por ninguno de los dos finalistas en el 30,5% del padrón. El grupo incluye a quienes respaldaron a candidatos minoritarios, anularon o dejaron en blanco su voto, además de quienes no asistieron a las urnas.

La elección también pondrá bajo examen el peso de Minas Gerais, el segundo colegio electoral del país con 16,3 millones de votantes. Ningún presidente elegido después de la dictadura de 1964-1985 ganó sin imponerse en ese estado, donde Bolsonaro aventajó a Lula por cinco puntos en la primera ronda.

La abstención puede ser clave

La tasa nacional de inasistencia alcanzó el 21% en la primera vuelta, aunque varió entre 5% y 40% según el municipio. Uno de cada tres electores fuera de los bloques lulista y bolsonarista no acudió a votar, un dato que reduce el universo disponible para ambos candidatos.

El margen de crecimiento aparece más limitado para Lula en el Nordeste, donde la participación ya fue elevada y el mandatario conserva su principal bastión. En cambio, el sur de Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul, regiones más pobladas donde Bolsonaro ganó por diferencias estrechas, registraron una abstención mayor.

La investigadora Laura Chelidonopoulos, doctoranda en ciencia política de la Universidad de Pittsburgh, vinculó el clima de desconfianza con la asistencia electoral tras el caso Banco Master, que involucró a políticos y jueces de la Corte Suprema. “La gente se desencanta con la política. Tiene menos motivación para elegir entre uno de estos dos bandos”, advirtió a la agencia AP.

El caso reactivó el recuerdo de la Operación Lava Jato, iniciada en 2014 y considerada la mayor investigación por corrupción y lavado de dinero de Brasil. El juez Alexandre de Moraes, sospechoso de vínculos con un exdirector del banco quebrado, y Flávio Bolsonaro, señalado por presuntos contactos con el antiguo responsable de la entidad, negaron irregularidades.

Bolsonaro concentra su campaña en seguridad y corrupción

El senador y candidato del Partido Liberal prometió declarar la guerra al “narcoterrorismo” desde enero si gana la elección. Durante el primer debate entre los finalistas, cuestionó la situación carcelaria bajo la actual administración: “El Gobierno de Lula aplica una política de excarcelación que permite el regreso de delincuentes peligrosos a las calles por falta de plazas carcelarias”.

Su propuesta contempla condenas de hasta 80 años de prisión para los líderes de organizaciones criminales. El candidato afirmó que los delincuentes “van a estar presos o a ser neutralizados”.

Bolsonaro también llevó el conflicto al terreno institucional y presentó ante el Tribunal Superior Electoral un reclamo para inhabilitar a Lula por presuntas irregularidades en plataformas digitales. La denuncia se basó en una supuesta difusión masiva de acciones gubernamentales durante la campaña mediante una cuenta oficial de WhatsApp.

En uno de sus mensajes de campaña, Bolsonaro atribuyó al oficialismo prácticas de corrupción y aseguró: “Si gano las elecciones del 25 de octubre, daré un tijeretazo en la corrupción del Gobierno de Lula”. También vinculó al presidente con los dictadores de Nicaragua y Venezuela, Daniel Ortega y Nicolás Maduro.

Lula apuesta a medidas sociales

Lula plantea la votación como una “defensa de la democracia” y busca impedir el retorno de la familia Bolsonaro al poder. Su rival es hijo de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo tras intentar impedir la asunción del actual mandatario luego de las elecciones de 2022, y cumple la pena bajo arresto domiciliario.

El presidente respondió a la promesa de cambios de su adversario con una advertencia sobre los derechos sociales: “El cambio no es privar a la gente de sus derechos”.

Diez días antes de la segunda vuelta, el Congreso aprobó la reducción de la semana laboral de seis a cinco días y de 44 a 40 horas semanales sin disminución salarial. Bolsonaro respaldó la norma en el tramo final de la campaña, mientras líderes empresariales alertaron que el aumento de los costos laborales podría afectar a pequeñas empresas, impulsar la inflación y ampliar el empleo informal.

Lula anunció además un incremento del 15% en Bolsa Família, medida que entró en vigor durante la semana previa a los comicios y beneficia a casi 50 millones de personas. El Gobierno calculó que el aumento demandará 5.800 millones de reales (1.168 millones de dólares) para el resto del año.

El mandatario también respaldó créditos públicos a bajo interés, incentivos fiscales para pequeñas empresas y un programa de refinanciación destinado a eliminar registros de morosidad de millones de brasileños de bajos ingresos. La administración estimó que el paquete de préstamos y renegociaciones costará 3.000 millones de reales (604 millones de dólares) durante los próximos tres años.

Entre las medidas sobre el costo de vida, Lula eliminó durante 30 días los impuestos federales a la importación y venta de gasolina, con posibilidad de prórroga, y subsidió el diésel para importadores. El costo previsto para esas decisiones asciende a 5.200 millones de reales (1.047 millones de dólares).

El presidente también envió al Congreso un proyecto para establecer transporte público gratuito los fines de semana. Los expertos citados en la campaña estimaron que el programa podría requerir entre 5.000 millones (más de 1.000 millones de dólares) y 16.000 millones de reales (3.222 millones de dólares), según el modelo de aplicación.