Autotransporte de carga anuncia a paro nacional indefinido por inseguridad, extorsiones y presión económica
El autotransporte de carga anunció un paro nacional indefinido a partir del próximo lunes 26 de octubre, ante la falta de respuestas formales a una agenda que incluye inseguridad carretera, extorsiones, cobro de piso, deficiencias en la infraestructura, sobrerregulación y presión fiscal y financiera sobre las empresas del sector.
Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), advirtió que la decisión representa un punto de quiebre para una actividad estratégica para la economía mexicana y que el sector llegó a un límite después de insistir durante meses en el diálogo con autoridades federales, estatales y municipales.
“México no aguanta más. Vamos a un paro nacional”, afirmó al señalar que los transportistas no han dejado de cumplir con el traslado de mercancías, incluso durante emergencias como la pandemia y desastres naturales, pero ya no pueden asumir de manera indefinida los costos y riesgos asociados con la operación en las carreteras.
Entre las principales afectaciones que enfrenta el sector, Ramos ubicó la inseguridad en carreteras, las extorsiones, el cobro de piso, las detenciones que calificó como injustificadas y el robo de unidades y mercancías, además del deterioro de las autopistas, cuyo estado, dijo, no corresponde con los niveles de peaje que pagan los transportistas.
El problema no se limita a la pérdida de mercancías. El dirigente también llamó la atención sobre el impacto que representa para una empresa perder un camión robado que no logra recuperar, sin que existan mecanismos que compensen adecuadamente esa pérdida y permitan sostener la capacidad operativa.
Seguridad, el principal factor de presión
Para CANACAR, la inseguridad se ha convertido en uno de los principales riesgos para la continuidad del servicio. El gremio demanda un cambio en la estrategia de seguridad carretera y una mayor coordinación con los gobiernos estatales y municipales para atender fenómenos como las extorsiones y el cobro de piso.
Ramos subrayó que detrás de cada unidad hay una empresa, trabajadores, operadores y familias que dependen de que el vehículo pueda completar su recorrido.
“No podemos normalizar la inseguridad, no podemos normalizar las extorsiones, no podemos normalizar los costos crecientes”, sostuvo.
El dirigente también puso en el centro a los operadores, quienes diariamente enfrentan las condiciones de las carreteras y los riesgos asociados con el traslado de mercancías.
El reclamo, dijo, no es únicamente empresarial. El deterioro de las condiciones de operación termina repercutiendo en la competitividad de las empresas, en la inversión, en el empleo y, eventualmente, en el precio final de los bienes transportados.
Un paro con efectos en toda la economía
Durante la conferencia de prensa los dirigentes reconocieron que detener el autotransporte tendrá consecuencias para el país. De concretarse una suspensión prolongada, el impacto podría extenderse a las cadenas de suministro, el abasto de productos y el suministro de combustibles.
Las organizaciones estimaron que la suspensión dejaría sin movimiento una parte importante de los 2.6 millones de toneladas de mercancías que diariamente se transportan por carretera para industrias como la automotriz, agrícola, ganadera, minera, química, textil y de consumo, además de afectar los flujos de comercio exterior.
El impacto alcanzaría también a la frontera con Estados Unidos, donde calculan que podrían dejar de realizarse alrededor de 21 mil cruces diarios, equivalentes a operaciones por unos mil 800 millones de dólares. A ello se sumarían 370 mil toneladas diarias relacionadas con puertos marítimos y mil 600 toneladas movilizadas a través de aeropuertos.
El sector estima que una semana de interrupción podría elevar en hasta 160 pesos el costo de la canasta básica, aunque estas cifras corresponden a cálculos de las propias organizaciones y dependen de la duración y alcance de la suspensión.
“Si el transporte se detiene, la economía de México se detiene y esto cruza fronteras”, advirtió el presidente de la Cámara.
La movilización, dijo, es consecuencia de una acumulación de problemas que han elevado los costos y riesgos de operación: inseguridad carretera, extorsiones, cobro de piso, robo de unidades y mercancías, detenciones que calificó como injustificadas, deterioro de las carreteras y una creciente presión fiscal y regulatoria.
Reclamo también alcanza al estímulo fiscal
A la agenda de seguridad se suma la preocupación del sector por las modificaciones y restricciones relacionadas con los estímulos fiscales para el uso de autopistas.
CANACAR planteó ante el Poder Legislativo la actualización del límite de ingresos anuales para acceder al estímulo y pidió que el beneficio pueda alcanzar a un mayor número de transportistas.
Ramos sostuvo que el planteamiento no busca privilegios, sino condiciones que permitan a las empresas mantener sus unidades en operación y preservar los empleos.
“Una decisión de carácter fiscal no se queda en un escritorio”, afirmó, al advertir que las medidas tributarias inciden directamente en los costos de operación, la capacidad de inversión, el mantenimiento del empleo y, finalmente, en el costo de transportar las mercancías.
Llamado directo a la presidenta
Ante este escenario, el presidente de CANACAR hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para intervenir y evitar que el conflicto escale.
Ramos aseguró que el sector respalda el proyecto de gobierno, el Plan México y las iniciativas orientadas a impulsar inversión, desarrollo y empleo, pero consideró necesario que la administración federal atienda las condiciones que enfrenta el autotransporte.
“Presidenta, nosotros apoyamos su proyecto de país, apoyamos el Plan México y apoyamos sus iniciativas para impulsar inversión, desarrollo y empleo. Somos sus aliados”, expresó.
El dirigente pidió revisar la propuesta de la Secretaría de Hacienda y encontrar una salida que permita al sector mantener su capacidad operativa.
También llamó a diputados y senadores a considerar las repercusiones que sus decisiones pueden tener sobre la competitividad, el empleo y la economía.
Golpe a pequeños transportistas
Por su parte, Carlos García Álvarez, de HAMOTAC; Lauro Rincón Hernández, de FEMATRAC, e Ignacio Granados Villanueva, de INDECO, señalaron que los pequeños transportistas y hombres-camión ya enfrentan una situación financiera cada vez más complicada ya que han reducido alrededor de 10 por ciento el movimiento de sus flotas por falta de flujo.
Asimismo, el sector también reclama cambios en la estrategia de seguridad carretera y mayor coordinación con autoridades estatales y municipales para combatir las extorsiones y el cobro de piso.
A la agenda se suma la demanda fiscal, ya que piden actualizar el límite de ingresos para acceder al estímulo por uso de autopistas y ampliar su cobertura.
De acuerdo con Augusto Ramos el sector no busca privilegios, sino condiciones que permitan mantener las unidades en operación, preservar empleos y contener el impacto de los costos logísticos.
Por último, las organizaciones insistieron en que el paro puede evitarse si las autoridades presentan soluciones antes del próximo lunes, de lo contrario, el impacto no quedaría limitado al autotransporte: alcanzaría al abasto, la industria, el comercio exterior, el empleo y finalmente al consumidor.
El Financiero
