PRI exige claridad y respeto a los derechos de los trabajadores ante la ambigüedad de los ajustes a la Modalidad 40 del IMSS

• Solicita al IMSS y a la Secretaría de Hacienda transparentar los efectos económicos y jurídicos de las nuevas disposiciones.

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alex Domínguez, manifestó su preocupación por los recientes ajustes a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al considerar que la ambigüedad de la información podrían restringir las opciones de los trabajadores para mejorar sus condiciones de retiro y generar incertidumbre entre quienes han dedicado gran parte de su vida al trabajo.

El legislador priista señaló que cualquier modificación al sistema de pensiones debe realizarse con estricto apego a la Ley del Seguro Social, respetando los derechos de los trabajadores y garantizando información clara sobre las consecuencias económicas y jurídicas de las nuevas disposiciones.

Explicó que la Modalidad 40 permite a las personas que dejaron de cotizar ante un patrón continuar realizando aportaciones voluntarias, bajo determinados requisitos, con la posibilidad de mejorar las condiciones de su futura pensión.

Sin embargo, indicó que los ajustes recientemente anunciados por Morena y la mal llamada 4T contemplan restricciones adicionales para determinar el salario base de cotización, lo que podría afectar las expectativas de retiro de trabajadores próximos a pensionarse.

“Los trabajadores mexicanos merecen certeza jurídica y reglas claras para su jubilación. No se pueden modificar las condiciones de retiro mediante decisiones administrativas sin explicar previamente sus consecuencias. Estamos hablando del patrimonio y del futuro de miles de familias que durante años han trabajado y aportado al Seguro Social”, expresó Alex Domínguez.

El presidente estatal del tricolor explicó que los artículos 218 y 219 de la Ley del Seguro Social establecen las condiciones para acceder a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, por lo que consideró necesario revisar si las nuevas limitaciones administrativas son compatibles con las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, destacó que las posibles afectaciones deben analizarse de manera diferenciada, particularmente entre los trabajadores que pueden pensionarse bajo la Ley de 1973 y aquellos sujetos al régimen de cuentas individuales de 1997, debido a que los mecanismos para calcular sus pensiones son distintos.

Alex Domínguez sostuvo que combatir posibles irregularidades o fraudes en el sistema de pensiones es una obligación de las autoridades, pero advirtió que estas acciones deben sustentarse en investigaciones, auditorías y pruebas concretas, sin perjudicar a quienes cumplen legalmente con sus aportaciones.

“Una cosa es combatir los fraudes y otra muy distinta es limitar los derechos de quienes han cumplido con la ley. Si existen irregularidades, deben investigarse y sancionarse, pero no se puede colocar bajo sospecha a todos los trabajadores que buscan mejorar su pensión mediante mecanismos legalmente establecidos”, puntualizó.

También consideró necesario que el Congreso de la Unión revise el alcance de las nuevas disposiciones y que cualquier modificación que implique restricciones a derechos establecidos en la ley sea discutida mediante los procedimientos legislativos correspondientes.

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