Trece personas seguirán detenidas por escándalo de nombramientos docentes y falsificación de diplomas en Panamá
Una presunta red dedicada a comercializar plazas docentes y falsificar diplomas académicos en el Ministerio de Educación (Meduca) enfrenta un nuevo proceso judicial en Panamá, luego de que una jueza de garantías ordenara la detención provisional de 13 personas, entre ellas educadores, funcionarios administrativos y particulares vinculados con las irregularidades investigadas.
La decisión se produjo después de tres días de audiencias judiciales, que concluyeron durante la madrugada del viernes 23 de octubre. En total, 22 personas fueron imputadas por delitos relacionados con falsificación de documentos, blanqueo de capitales, ejercicio ilegal de una profesión, delincuencia organizada y uso indebido de la plataforma del Meduca.
Las capturas se realizaron durante la Operación Credenciales 2.0, ejecutada el 19 de octubre, mediante más de 25 allanamientos simultáneos en Panamá Oeste, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Los Santos. La Policía Nacional reportó inicialmente 23 aprehendidos, aunque el Órgano Judicial informó posteriormente sobre medidas cautelares para 22 personas.
Entre los imputados figuran 17 educadores, dos analistas de recursos humanos del Meduca y tres particulares identificados como captadores. La jueza Yazmín Jaén dispuso la detención provisional de ocho docentes y los cinco restantes, al considerar la gravedad de los hechos, los riesgos procesales y los elementos presentados por el Ministerio Público.
Otros siete educadores quedaron bajo arresto domiciliario, mientras que dos imputados deberán reportarse ante las autoridades los lunes y viernes, además de cumplir impedimento de salida del país. En determinados casos, también se ordenó la suspensión del cargo, restricciones de comunicación y prohibiciones de acercamiento a instalaciones del Meduca.
La investigación comenzó después de que el Meduca denunciara irregularidades en documentos incorporados a los concursos de nombramiento docente de 2026. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron diplomas, certificados y otros documentos que serán examinados para determinar su autenticidad y posible utilización en procesos de contratación.
La fiscal Elizabeth Carrión explicó que las pesquisas incluyen documentación relacionada con distintas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Chiriquí. Sin embargo, aclaró que todavía no se había establecido la participación de funcionarios de esa institución, mientras continúan las diligencias para identificar otros posibles involucrados.
El expediente tiene antecedentes en la Operación Credenciales 1.0, desarrollada el 26 de agosto, cuando las autoridades efectuaron 21 allanamientos en siete provincias. Aquella intervención permitió identificar una presunta estructura que introducía información académica falsa en el sistema de reclutamiento docente, para favorecer nombramientos irregulares.
Durante esa primera fase, la Fiscalía señaló que hasta 400 docentes estaban bajo sospecha de utilizar documentos falsificados para mejorar sus puntuaciones. Las investigaciones también identificaron presuntos cobros de 4.000 dólares por trámites irregulares, mientras algunos interesados habrían recurrido a préstamos para financiar la obtención de credenciales.
El Ministerio Público calculó entonces una posible lesión patrimonial de 767.687 dólares, correspondiente a salarios pagados a docentes que presuntamente obtuvieron sus nombramientos mediante documentación irregular. También identificó 70.000 dólares en cuentas bancarias de uno de los investigados, fondos cuyo origen forma parte de las pesquisas.
En la nueva causa, el tribunal consideró circunstancias familiares excepcionales, como la lactancia y el cuidado de menores con discapacidad, para aplicar medidas menos restrictivas. También determinó que, respecto de algunos imputados, la Fiscalía no presentó elementos suficientes para justificar una detención provisional.
Las medidas fueron apeladas por 12 abogados defensores, por lo que el Tribunal Superior de Apelaciones revisará las decisiones el 23 de noviembre de 2026, en el edificio Plaza Fortuna. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán establecer las responsabilidades individuales y los imputados mantienen su presunción de inocencia.
Infobae
