Trump demanda para frenar la certificación de la elección al Senado en Alaska si el republicano pierde

La administración Trump presentó una demanda para impedir de forma preventiva que los funcionarios electorales de Alaska certifiquen los resultados de las elecciones al Senado de Estados Unidos del próximo mes si el candidato republicano pierde por un margen estrecho. El gobierno argumenta que existe riesgo de “confusión entre los votantes” porque dos personas con nombres similares aparecerán en la boleta electoral.

La demanda presentada el jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a petición del presidente Donald Trump, ante un tribunal federal en Anchorage supone una importante escalada en la participación de la administración en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que los republicanos intentarán mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

La demócrata Mary Peltola busca desbancar al actual senador republicano Dan S. Sullivan. Otro candidato, Daniel J. Sullivan Jr., también se postula y aparecerá en la boleta electoral. El Departamento de Justicia sostiene que Daniel J. Sullivan se postula con la intención de sabotear la campaña de reelección del senador, al citar hallazgos previos de la oficina electoral estatal que indican que intentaba engañar a los votantes. Sin embargo, la Corte Suprema de Alaska le permitió permanecer en la boleta.

El Departamento de Justicia quiere que un juez impida que Alaska certifique los resultados si el senador Sullivan pierde por un margen tan estrecho que los votos a favor de Daniel J. Sullivan hubieran marcado la diferencia.

El portavoz de la campaña de Peltola, Harry Child, declaró que la demanda “es una despreciable amenaza política para anular una elección, diseñada por los aliados del senador Dan Sullivan para reprimir las voces de los habitantes de Alaska porque Sullivan está aterrorizado de perder el escaño que le ha permitido enriquecerse a costa de los habitantes de Alaska durante más de una década”.

Nate Adams, portavoz de la campaña del senador Sullivan, declaró que “dejaremos que la denuncia del Departamento de Justicia siga su curso. Los habitantes de Alaska saben distinguir entre un espectáculo mediático de los demócratas y la sólida trayectoria del senador Sullivan en beneficio de Alaska, una trayectoria que seguirá construyendo durante los próximos seis años”.

¿Cuál fue la justificación del Departamento de Justicia para imponer esta demanda?

El Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que afirma que “está tomando las medidas necesarias para garantizar que esta candidatura frívola no socave la integridad de las elecciones de Alaska ni la voluntad de sus votantes”.

El departamento presentó la demanda con base en la Ley Nacional de Registro de Votantes. Si bien la ley se refiere principalmente a la forma en que los estados gestionan los registros de votantes y mantienen la exactitud de sus padrones, la demanda cita un fragmento de la legislación que indica que su propósito es “proteger la integridad del proceso electoral”.

Trump advirtió sobre demanda

A principios de esta semana, Trump publicó en las redes sociales que está “muy preocupado” por la contienda por el Senado de Alaska, “ya que es totalmente confusa”. En ese momento, Trump dijo que la administración estaba “considerando opciones legales contundentes para eliminar” a Daniel J. Sullivan de la boleta electoral, pero el Departamento de Justicia no solicita eso en la demanda.

Trump asumió la responsabilidad de la demanda y declaró a los periodistas en Florida el viernes: “Yo fui quien dijo que lo hicieran”.

El Departamento de Justicia solicitó al tribunal que suspendiera la certificación “en espera de una investigación para determinar si los votos emitidos a favor de Daniel J. Sullivan estaban destinados al senador Sullivan”, o cualquier otra medida que el tribunal considere necesaria para determinar cuáles habrían sido los resultados si Daniel J. Sullivan no hubiera estado en la boleta electoral, según la demanda.

Maureen Edobor, experta en derecho electoral y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Washington and Lee, afirmó en un correo electrónico que basarse en la ley de registro de votantes “es una interpretación forzada”.

“Es difícil imaginar que el Departamento de Justicia obtenga la reparación que busca a menos que un juez esté dispuesto a extender el significado de la NVRA hasta el punto de abarcar disputas electorales que el Congreso no especificó en la ley”, dijo.

La demanda fue presentada por el fiscal general adjunto Stanley Woodward, el tercer funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia.

Una persona familiarizada con el asunto, que no estaba autorizada a revelar información no pública, dijo que la campaña del senador Sullivan no recibió notificación previa de la demanda del Departamento de Justicia y no está colaborando con el departamento al respecto.

En el pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos sentó precedentes en contra de la injerencia de los tribunales federales en la gestión electoral estatal, si bien existen importantes controversias legales sobre su aplicación práctica. Los jueces estadounidenses, en particular, se mostraron cautelosos ante la posibilidad de ser considerados árbitros de los resultados electorales y de anular el proceso estatal para las impugnaciones postelectorales, que generalmente se tramitan a través de organismos administrativos y tribunales estatales.

Daniel J. Sullivan, quien no estuvo afiliado al Partido Republicano en el pasado, intentó postularse como republicano. Sin embargo, el Departamento de Justicia citó hallazgos de la División Electoral de Alaska que indicaban que había tomado medidas aparentemente diseñadas para confundir a los votantes, incluido un sitio web similar al utilizado por la campaña del senador. La oficina estatal determinó que no se trataba de una candidatura legítima y decidió excluirlo.

Un juez estatal revocó esa decisión, al considerar que la “buena fe” no era uno de los requisitos para postularse a un cargo público según la Constitución de los Estados Unidos ni las leyes y reglamentos electorales de Alaska. El Tribunal Supremo de Alaska ratificó ese fallo en junio.

Confusión aparece en la boleta de Alaska

Según una imagen de la papeleta electoral de Alaska incluida en la demanda del Departamento de Justicia, Daniel J. Sullivan aparece como “Sullivan, Daniel J. Jr.” sin afiliación partidista, y el senador Sullivan aparece debajo de él como “Sullivan, Dan S. (republicano registrado) titular”.

El Departamento de Justicia adoptó una postura más agresiva en materia electoral de cara a las elecciones de mitad de mandato. Demandó a varias decenas de estados que se negaron a entregar información confidencial de los votantes y advirtió a los funcionarios electorales estatales y locales que podrían enfrentarse a procesos penales si no tomaban las medidas que la administración consideraba suficientemente contundentes para detectar a los no ciudadanos registrados ilegalmente para votar.

En la demanda presentada en Alaska, el departamento sostiene que tiene legitimación procesal para demandar por una elección federal “viciada por una candidatura frívola, porque eso socava la confianza en la composición y el funcionamiento del gobierno federal”.

Antes de que se presentara la demanda, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, fue consultado el jueves sobre si el Departamento de Justicia intervendría en los procesos estatales de certificación de elecciones o impediría que los estados certificaran los resultados. Blanche respondió que podría haber escenarios catastróficos u otros posibles, pero no mencionó que el departamento planeara demandar en Alaska horas después.

“No es intención del Departamento de Justicia, ni lo será jamás, interferir indebidamente en las elecciones ni en el proceso de confirmación o certificación estatal”, afirmó. “¿Acaso planeo mis días en torno a las elecciones para estar en algún lugar donde no pueda certificar? Por supuesto que no”.

Trump convirtió el voto de los no ciudadanos en una prioridad para su administración, en consonancia con los esfuerzos del Partido Republicano por garantizar la “integridad electoral”. Los casos de personas no ciudadanas que emiten su voto son históricamente raros y no alcanzan un nivel que pueda influir en los resultados de las elecciones federales, según diversos estudios.

En las últimas semanas, el Departamento de Justicia anunció más de 100 procesamientos en todo el país contra personas acusadas de votar ilegalmente o de registrarse para votar siendo no ciudadanos.