Santander: que la judicatura mexicana no sea su Disneylandia privada

Ciudad Financiera del Banco Santander. En Boadilla del Monte, cerca de Madrid. 250 hectáreas, nueve edificios, jardines, estanques, restaurantes, instalaciones deportivas, guardería, servicios médicos y campo de golf. Diseño de Kevin Roche, ganador del Pritzker de arquitectura.

Más del doble de la extensión del club de golf de Santa Fe, en CDMX. Supera las 227 hectáreas del Campus Diagonal de Barcelona, compartido por la Universidad de Barcelona y la Politécnica de Cataluña. Y ocupa casi cuatro veces las 68 hectáreas del campus del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Emilio Botín prometió la mayor ciudad de servicios financieros del mundo. Más de 6 mil personas trabajan en ese principado de la soberbia del gran dinero español. Una Disneylandia privada para satisfacer el ego de un banco que, en España y México, ha dado motivos para pensar que se siente capaz de manejar a su capricho a las judicaturas cuando enfrenta reclamos de autoridades y clientes.

Santander administra casi 2 billones de euros en activos y desde 1950 ha sido el feudo de la familia Botín, experta en cabildear con gobiernos de España, México, Reino Unido y EEUU. En España hasta existe la doctrina Botín.

En 2007, una sala del Tribunal Supremo español dictó sentencia sobre un caso que involucraba al entonces presidente del banco, Emilio Botín. La fiscalía y las partes perjudicadas no sostenían la acusación. Pretendían hacerlo los acusadores populares: personas o asociaciones que pueden intervenir en un proceso penal.

El Supremo estableció que la acusación popular no podía conseguir por sí sola la apertura del juicio oral. Así, Botín lo evitó. No hay evidencia de que Santander controlara al Supremo, pero este permitió al banquero eludir un juicio.

La doctrina Botín es símbolo de una justicia que flaquea frente al dinero.

España: el escándalo hipotecario de 2018

En octubre de ese año, en el Tribunal Supremo se resolvió que los bancos debían pagar el impuesto sobre actos jurídicos de los préstamos hipotecarios, en vez de trasladarlo a sus clientes.

Diego Larrouy, en elDiario.es, narró cómo el sector bancario desarrolló durante dos semanas una campaña contra ese criterio judicial. Santander participó más que activamente. Su entonces director, José Antonio Álvarez, argumentaba lo que siempre, y en todas partes, argumentan las clases empresariales cuando se les exige decencia: certeza jurídica.

Por las presiones bancarias, el presidente de aquella sala del Supremo, Luis María Díez-Picazo, exigió revisar la sentencia. Se revisó y se rectificó.

El Tribunal Supremo entró en una crisis de credibilidad por la rareza de modificar tan rápidamente una decisión judicial de enorme trascendencia.

Santander financiaba a las asociaciones de jueces

En ese contexto se difundió información delicada. Elena Herrera preguntó en elDiario.es: “¿Deben los jueces y fiscales aceptar acuerdos de patrocinio de los bancos?”. Santander mantenía acuerdos económicos con las asociaciones judiciales españolas. Financiaba cursos, congresos y hasta publicidad en sus revistas.

¿Es éticamente aceptable que un banco con enormes intereses en litigio financie actividades de quienes imparten justicia? Además, Santander administra el dinero de los tribunales españoles. La periodista Herrera reveló que el banco había manejado durante dos décadas las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales —utilizadas para fianzas y embargos—.

Santander mantiene ese contrato, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Es correcto que Santander participe en litigios, mientras mantiene una relación económica con la judicatura por ser su proveedor financiero?

Las condiciones financieras especiales para jueces y fiscales

El banco ofrece Santander Justicia para jueces, fiscales, abogados y notarios, con beneficios en cuentas y financiamiento. ¿Es una estrategia comercial legítima? ¿Influye en los tribunales cuando el banco es parte en litigios?

En 2025, Álvaro Sánchez Castrillo escribió en infoLibre que Santander patrocinó un congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Ese año, el gobierno de Pedro Sánchez promovió una reforma para prohibir aportaciones empresariales a las asociaciones judiciales. No pude confirmar si entró en vigor.

México: Santander consiguió apartar a dos magistrados

En nuestro país, Santander protagoniza un litigio fiduciario de enorme importancia económica en el que obtuvo resoluciones contrarias a sus intereses. Después de una sentencia desfavorable, en 2022 solicitó y logró la recusación de dos magistrados federales. Sus oponentes se defendieron haciendo lo mismo.

Santander lo reconoció en sus informes financieros. ¿Para presumir ante sus accionistas que utiliza exitosamente los instrumentos judiciales para ganar de todas, todas, tenga o no la razón?

El litigio llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una prueba de fuego para la reforma judicial. Santander intentará influir en los ministros, pero no los controla, ya no. A algunos de los anteriores sabía cómo convencerlos. Los actuales ministros por fortuna son diferentes, más íntegros. La nueva Corte deberá actuar con total objetividad ante un banco que ha evidenciado, en dos países, gran poder para conseguir cambios procesales a su favor.

Reino Unido: casi 153 millones de libras en multas

En Reino Unido, Santander recibió en 2014 una multa de 12 millones de libras por deficiencias en asesoramiento sobre inversiones. En 2018, otra de 33 millones por gestionar inadecuadamente cuentas de clientes fallecidos: no había transferido oportunamente más de 183 millones de libras a unos 40 mil clientes.

En 2022, recibió una multa de 108 millones de libras por deficiencias persistentes en controles contra el lavado de dinero. Por ejemplo, una pequeña empresa de traducciones, con ingresos modestos, movió millones de libras en pocos meses.

Estados Unidos: un acuerdo de 550 millones de dólares

En Estados Unidos, Santander Consumer USA enfrentó investigaciones por financiamiento automotriz de alto riesgo. En 2020 acordó con fiscales de 34 estados 550 millones de dólares en beneficios para consumidores afectados. Para la fiscalía de Nueva York la agresiva búsqueda de mercado llevó al banco a subestimar los riesgos crediticios.

¿Qué tienen en común los cuatro países?

Las controversias de Santander en España, México, Reino Unido y Estados Unidos tienen un rasgo común: una institución financiera de dimensiones extraordinarias, capaz de mantener relaciones de influencia con instituciones estatales, sostener litigios con ventaja y negociar cuando se le descubre en falta.

Conclusión: el verdadero poder de Santander no está en sus edificios

La ostentosa Ciudad Financiera viene a ser lo de menos. Su verdadero poder es intangible: la capacidad para influir en fiscalías y tribunales.

La doctrina Botín, la rectificación hipotecaria de 2018, los patrocinios judiciales españoles, las recusaciones en México y las sanciones británicas y estadounidenses forman parte de una historia nada transparente.

No acuso a Santander de controlar la justicia española o la mexicana. Afirmo que tiene relaciones —y sobrada capacidad económica y política— para defender sus intereses.

Santander tiene derecho a ser poderoso. Pero las instituciones democráticas necesitan contrapesos para impedir que su influencia se convierta en privilegio frente a la ley y contra las personas que recurren a litigios para exigirle algo elemental: buena conducta. Es el reto del poder judicial mexicano.

No debemos permitir que la judicatura mexicana sea parte de la Disneylandia privada del más grande banco de España.

Camus, los jueces justos y el Mexico City de Ámsterdam

En La caída, de Albert Camus, el protagonista, Jean-Baptiste Clamence, frecuenta un bar de Ámsterdam, Países Bajos, llamado Mexico City. Un establecimiento que sí existió y que visitaron celebridades de la cultura como Camus y el cantante belga Jacques Brel.

Camus imaginó que aquella cantina había sido el destino de una obra maestra robada: Los jueces justos, parte del retablo La adoración del Cordero Místico, de Jan van Eyck, sustraída en 1934 de una catedral belga y jamás recuperada.

En la novela, un parroquiano entregó la pintura al dueño del bar cambio de unas botellas de licor. Después, Clamence, juez penitente, se llevó el cuadro a su habitación y lo escondió en un ropero. Lo hizo porque los jueces verdaderos siempre estaban ocultos mientras los falsos eran admirados.

Viene al caso Camus porque en México, en la anterior judicatura, particularmente en la anterior SCJN, las personas inocentes eran destruidas mientras quienes debían impartir justicia servían a poderosos intereses políticos y económicos, como los de Santander.

Esta historia ofrece una oportunidad para demostrar que algo ha cambiado para bien con las nuevas personas juzgadoras, tan calumniadas porque a la comentocracia al servicio del dinero no le agradó, y no podía agradarle, la reforma judicial.