El carpetazo al sexenio de López Obrador
Morena y sus aliados comenzaron a bajar la cortina sobre las cuentas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La aprobación de la Cuenta Pública 2024 por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados tiene un enorme significado político: se trata del último ejercicio fiscal completo de la administración anterior y, por tanto, de una de las últimas oportunidades para revisar cómo se gastó el dinero público durante aquel gobierno.
El problema es que el expediente está lejos de encontrarse completamente aclarado.
La Auditoría Superior de la Federación de Aureliano Hernández determinó inicialmente irregularidades por alrededor de 67 mil millones de pesos y, después de recuperaciones por aproximadamente 2 mil millones, quedaron más de 65 mil millones pendientes de aclaración.
No significa que esos 65 mil millones hayan sido robados o desviados, dice la ASF. Las propias reglas de fiscalización permiten que los entes auditados presenten posteriormente documentación para solventar las observaciones.
Pero tampoco son “pequeños detalles”.
De acuerdo con los sabuesos de Aureliano, los programas sociales, las obras de relumbrón, las licitaciones públicas amañadas y las adjudicaciones directas que realizó el gobierno en 2024 fueron de una pulcritud inusual. A otro ingenuo con ese cuento.
¿Cómo puede considerarse políticamente satisfactorio un ejercicio presupuestal, cuando permanece pendiente de aclaración semejante cantidad de recursos públicos o que todo el ejercicio presupuestal fue inmaculado?
Sin embargo, la mayoría oficialista decidió avanzar.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen con 31 votos a favor y 10 en contra. PAN y PRI cuestionaron el aval y pusieron nuevamente sobre la mesa un problema que trasciende incluso al gobierno de López Obrador: la debilidad del sistema mexicano de fiscalización.
Porque una cosa es auditar y otra muy distinta lograr que las observaciones tengan consecuencias.
La ASF puede realizar miles de auditorías, elaborar voluminosos informes, formular recomendaciones, promover responsabilidades administrativas y presentar pliegos de observaciones; pero si después transcurren los años sin que la sociedad conozca con claridad qué ocurrió con cada peso observado, la fiscalización termina convertida en un gigantesco ejercicio burocrático.
En la Cuenta Pública 2024, la mayor parte de los recursos pendientes de aclaración corresponde al gasto federalizado ejercido por estados y municipios. Pero el problema institucional permanece.
El ciudadano no distingue si el dinero desapareció en una dependencia federal, un gobierno estatal o una presidencia municipal. Lo que sabe es que salió de sus impuestos y que las instituciones responsables de vigilarlo tienen la obligación de explicar dónde terminó.
Ahí está precisamente la debilidad del modelo.
La ASF depende de la Cámara de Diputados y su titular es designado por ésta. Después, la propia Cámara, dominada inevitablemente por mayorías partidistas, revisa políticamente la Cuenta Pública.
El resultado es un sistema en el que la fiscalización técnica termina inevitablemente atrapada dentro de la disputa política.
Cuando gobierna un partido, sus legisladores defienden las cuentas; cuando pasan a la oposición, descubren irregularidades. Y quienes antes denunciaban opacidad después encuentran explicaciones administrativas para justificar observaciones.
Así ha funcionado durante décadas.
Por ello, vale la pena discutir una reforma profunda al sistema de fiscalización.
Una posibilidad sería crear mecanismos complementarios a la ASF mediante un padrón nacional de despachos especializados e independientes, seleccionados bajo procedimientos públicos, transparentes y aleatorios, que pudieran realizar auditorías externas sobre grandes obras, empresas públicas, programas prioritarios y dependencias con elevados presupuestos.
Se trata de introducir contrapesos.
Los resultados de esas auditorías podrían compararse con los de la Auditoría Superior y enviarse simultáneamente a la Cámara de Diputados, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando existieran elementos suficientes, a las autoridades investigadoras correspondientes.
Fiscalizar al gobierno no puede depender de la voluntad del partido que tenga la mayoría parlamentaria.
La Cuenta Pública debería ser uno de los principales instrumentos de rendición de cuentas del Estado mexicano, no un trámite parlamentario.
El último ejercicio presupuestal de López Obrador involucró un gasto neto total superior a nueve billones de pesos. Una cantidad de semejante magnitud exige vigilancia extraordinaria, independientemente de quién ocupe Palacio Nacional.
¿A poco no se desvió nada de recursos públicos para apoyar a los candidatos del oficialismo en las elecciones presidenciales del 2024?
El Financiero
