Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

El caso de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro y que falleció el 7 de octubre tras permanecer ingresada en un hospital después de su desalojo, ha vuelto a colocar el acceso a la vivienda como el principal problema para los españoles, según el CIS. Un problema que ha causado el adelanto de las elecciones generales, tras el fracaso del Gobierno para aprobar en el Congreso dos decretos que abordaban el tema, y para el que no paran de surgir decenas de propuestas y posibles soluciones, muchas de ellas contradictorias entre sí. Uno de los economistas más mediáticos de España, Gonzalo Bernardos, no podía quedarse atrás, y ha publicado un artículo en su página web personal en la que da su opinión sobre lo sucedido.

En el texto, titulado “El ‘caso Maricarmen’: lo que no te han explicado”, Bernardos explica el funcionamiento del régimen de renta antigua y analiza la actuación de Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble, a la vez que distingue su conducta de la de los anteriores caseros, la familia Lázaro.

Según detalla Bernardos, el padre de Maricarmen firmó el contrato de alquiler de la vivienda situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda número 46 el 3 de septiembre de 1956. Tras su muerte en 1960, la madre se subrogó en el arrendamiento, y en 2005, al fallecer esta, lo hizo la propia Maricarmen. Sin embargo, el economista subraya un dato clave para entender el posterior conflicto: la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 “eliminaba la subrogación vitalicia de los hijos y limitaba su vigencia a dos años”. Por ese motivo, afirma Bernardos, “a finales de 2007, el contrato de alquiler de Mari Carmen dejó de ser de renta antigua”.

A pesar de ese cambio legal, los propietarios del edificio decidieron mantener las condiciones previas. Bernardos sostiene que esa decisión pudo influir en la posterior venta del inmueble: “La escasa rentabilidad obtenida de los arrendamientos pudo ser uno de los principales motivos para vender el inmueble”. El 28 de junio de 2018, Urbagestión adquirió la vivienda que ocupaba Maricarmen. Bernardos explica que la operación resultaba atractiva para la empresa por dos factores: “su reducido importe (247.000 euros) y la edad de la inquilina (79 años)”. Tras la compra, la compañía investigó la situación legal de la inquilina y descubrió que, cuando se subrogó en el contrato, “no tenía ninguna reconocida” discapacidad, lo que le permitía aplicar un aumento del alquiler conforme a la legislación vigente. A partir de esa comunicación comenzó el conflicto judicial entre Maricarmen y la empresa, que culminó con la ejecución del desahucio el 23 de septiembre de 2026.

Bernardos atribuye a Urbagestión una responsabilidad directa en el desenlace. Según escribe, “sus actos demuestran que sus propietarios carecen de sensibilidad y no han entendido el significado de la responsabilidad social corporativa”. Y añade que, aunque la empresa tenía el derecho legal de ejecutar el desahucio, no estaba obligada a hacerlo: “Podían renunciar a él. Es lo que habrían hecho si el sentido común hubiera guiado sus actuaciones”.

El acuerdo que llegó después del desahucio

La repercusión mediática del caso llevó a Urbagestión a replantear su posición. Tras la mediación del Ayuntamiento de Madrid, la empresa ofreció a Maricarmen continuar en la vivienda durante ocho años más, con una renta mensual que no superaría el 30% de sus ingresos netos. Pero la mujer falleció antes de poder regresar a su casa. El economista distingue entre dos tipos de desahucio para valorar el impacto del caso. “No es lo mismo desahuciar a quien no puede pagar que al que no quiere hacerlo”, escribe.

Un elemento central del artículo es la comparación entre Urbagestión y la familia Lázaro, propietarios del inmueble entre 1956 y 2018. Bernardos destaca que, pese a que el régimen de renta antigua de Maricarmen había expirado legalmente en 2007, esta familia continuó aplicándoselo hasta la venta del edificio once años después. El economista utiliza este ejemplo para defender a los pequeños propietarios: “Para Sumar, todos los propietarios de viviendas de alquiler son iguales y buscan obtener los máximos ingresos posibles de sus inquilinos. Una afirmación que desmienten categóricamente los administradores de fincas y agentes inmobiliarios especializados en la gestión de alquileres”.

Según Bernardos, “la mayoría de los pequeños propietarios prefiere la estabilidad en el alquiler a la consecución de una elevada rentabilidad. En otras palabras, valora por encima de los ingresos percibidos el pago puntual del arrendamiento, la conservación del piso y las buenas relaciones con los arrendatarios”.

El artículo cierra con una crítica a la gestión pública de la vivienda en España: “Una sociedad civilizada debe proteger a los más débiles, especialmente a los menores de edad y a los ancianos, y disponer de las viviendas sociales necesarias para convertir un desahucio en un traslado. Los hogares y las empresas no deberían estar obligados a asumir dicha protección social, pues ambos pagamos impuestos para que la haga la Administración. No obstante, nuestros políticos incumplen el mandato que les hemos dado los ciudadanos y lo hacen cuando la proporción del PIB que pagamos en impuestos alcanza el segundo nivel más elevado desde el retorno de la democracia: 37,8%. En 2025, solo teníamos 318.000 pisos públicos, que únicamente suponían el 1,2% del parque total de viviendas del país y el 1,6 del número de hogares. Sin duda, una gran vergüenza”.