“El papa se va a encontrar con un país muy empobrecido, por más que el presidente diga lo contrario”: la advertencia de un sacerdote sobre la situación social en Argentina

La media sanción que obtuvo en el Congreso el proyecto de ley de discapacidad abrió una expectativa entre las organizaciones del sector, aunque dejó intacta la pregunta que atraviesa cada reclamo: de dónde saldrán los recursos para sostener prestaciones, pensiones y medicamentos. Mientras la iniciativa se encamina al Senado y su aplicación queda atada al Presupuesto 2027, una frase resume la cautela con la que fue recibida: “La emergencia no está superada”.

Pablo Molero, sacerdote y presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sociólogo, magíster en Ciencia Política e investigador del CONICET, valoró los cambios incorporados al texto que había impulsado el oficialismo. En diálogo con Infobae Al Amanecer, sostuvo que “ahora sí hay una propuesta superadora para una situación que no está superada”.

La discusión legislativa reunió demandas que el sector viene planteando desde hace meses: la continuidad de las prestaciones, el acceso a medicamentos, la situación de las pensiones y el financiamiento de las obras sociales. Para Molero, la votación fue “un paso adelante”, pero el recorrido de la ley recién comenzó.

El proyecto aprobado en Diputados incorporó medidas que, según explicó el sacerdote, ya figuraban en la propuesta de emergencia elaborada por las organizaciones. “Cuando uno ponía el proyecto de emergencia sobre el proyecto oficialista, quedaban un montón de cosas afuera y ahora están metidas adentro”, afirmó.

La media sanción abrió un acuerdo, pero la emergencia sigue vigente

Detrás de las modificaciones hubo reuniones, planteos y una negociación que logró acercar a actores con posiciones distintas. Molero destacó que las organizaciones pudieron llevar sus reclamos al Congreso y que varios diputados aceptaron revisar el articulado. “Si cada uno se hubiera encerrado en lo suyo, hoy no tendríamos nada”, sostuvo.

Esa coincidencia, sin embargo, no cambió la lectura del presidente del Foro sobre el resultado político. El oficialismo, señaló, no consiguió imponer sin alteraciones su iniciativa original. “El oficialismo no ganó”, dijo, aunque reconoció que algunos legisladores habilitaron la discusión y recibieron los pedidos del sector.

En ese proceso mencionó al diputado Herrera Ahuad, de Misiones, por haber acercado los planteos de las organizaciones a integrantes del oficialismo. “Hubo diputados que escucharon y hubo una posibilidad de mejorar el texto”, resumió Molero al describir una negociación que evitó que quedaran afuera demandas centrales.

La ley todavía debe ser tratada por el Senado antes de una eventual sanción definitiva. Para el sacerdote, ese paso exige mantener la atención sobre el contenido que llegue a la Cámara alta: “La emergencia no está superada y el Senado todavía tiene que tratar el proyecto”.

El Presupuesto 2027 será la prueba para que los derechos se vuelvan efectivos

La principal inquietud aparece en el capítulo presupuestario. Molero sostuvo que una ley puede reconocer necesidades urgentes, pero necesita partidas concretas para traducirse en atención, tratamientos y cobertura. “Si después eso no queda reflejado en el presupuesto, la verdad que es muy difícil”, advirtió.

Según relató, diputados del oficialismo expresaron la intención de incorporar previsiones para el sector en el Presupuesto 2027 y de eliminar artículos que podrían perjudicarlo. Las organizaciones, de todos modos, mantienen reparos mientras esos compromisos no tengan una expresión presupuestaria. “Una cosa es lo que se dice y otra cosa es que estén los recursos”, planteó.

El alcance de esa discusión excede a quienes ya tienen una prestación reconocida. Molero insistió en que hay personas que siguen fuera de los circuitos de asistencia y que la urgencia no puede limitarse a conservar lo existente. “Acá estamos preocupados por un sector que era atendido, pero hay mucha gente sin atender”, afirmó.

Por eso, la media sanción fue leída como una instancia intermedia, no como un punto de llegada. La definición dependerá de la ley que eventualmente apruebe el Senado y de los fondos que el Gobierno asigne el año próximo. “Ahora hay una propuesta mejor, pero todavía falta que pueda hacerse realidad”, señaló el titular del Foro.

Medicamentos y pensiones concentran reclamos que siguen sin respuesta

En la vida cotidiana, el problema se vuelve visible en la entrega de medicamentos y en la demora de pensiones para personas que esperan esa asistencia. Molero fue directo sobre la responsabilidad estatal: “El Gobierno tiene que solucionar la entrega de medicamentos para personas con discapacidad, que no lo está haciendo”.

El reclamo alcanza también al programa Remediar y a quienes dependen de tratamientos continuos. “La gente sigue necesitando medicamentos”, afirmó el sacerdote, al cuestionar que necesidades básicas permanezcan sin una respuesta suficiente.

Las obras sociales ocupan otro lugar en esa preocupación. Molero explicó que varias entidades atraviesan dificultades para financiar las prestaciones, en un contexto de caída del empleo y de reducción de los aportes que nutren sus fondos. “El fondo con el cual se pagan las prestaciones está en un momento difícil”, advirtió.

A ese escenario sumó el traslado de afiliados hacia empresas de medicina prepaga, que —según sostuvo— también resta recursos a algunas obras sociales. El riesgo, señaló, es que las personas que hoy cuentan con cobertura encuentren obstáculos para sostenerla. “Si no hay financiamiento, puede haber problemas para atender”, alertó.

La discapacidad también está en las barreras que impiden ejercer derechos

Para Molero, reducir la discapacidad a una condición individual deja fuera una parte decisiva de la experiencia de quienes enfrentan barreras todos los días. El transporte, la comunicación, la accesibilidad, la atención sanitaria y las condiciones del entorno forman parte del problema. “No es un tema solamente de las personas”, explicó.

Esa mirada ubica la responsabilidad en el Estado y en la sociedad, no únicamente en quienes requieren apoyos. “Hay barreras sociales que hacen que una persona no pueda ejercer un derecho”, dijo el presidente del Foro, al insistir en que las políticas públicas deben contemplar esos obstáculos.

La discusión parlamentaria, entonces, quedó ligada a una escena mucho más amplia que el texto de una ley. Prestaciones que dependen de pagos, familias que buscan medicamentos y personas que aguardan una pensión forman parte de una emergencia que Molero considera todavía abierta. “La situación no está resuelta”, reiteró.

La visita del papa al país

Al referirse a la próxima visita del papa a la Argentina, el sacerdote vinculó la situación de las personas con discapacidad con un cuadro social más extenso. “El papa se va a encontrar con un país muy empobrecido”, afirmó, y cuestionó los datos de pobreza que el presidente atribuye a su gestión.

Molero sostuvo que una mejora de ingresos no modifica por sí sola las condiciones materiales de muchas familias. Como ejemplo, habló de quienes viven en zonas vulnerables y continúan expuestos a las inundaciones. “La misma gente se sigue inundando cada vez que hay inundaciones”, dijo.

La eventual llegada del pontífice no debería, a su criterio, desplazar el foco de los problemas presentes. “Me interesa lo que vive la gente hoy, no lo que el papa se va a encontrar”, indicó Molero.

Mientras, el proyecto de ley de discapacidad espera su próximo debate en el Senado y la discusión por los recursos sigue pendiente.

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