Buscan endurecer sanciones por violencia obstétrica en Guanajuato
Guanajuato, Gto.- Con un rezago de seis años sin modificaciones legales en la materia, la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local abrió una mesa de trabajo para incorporar el modelo de parto humanizado y endurecer las medidas contra la violencia obstétrica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Salud del estado.
Al sustentar la iniciativa, la diputada de Morena, Maribel Aguilar González, expuso que urge ampliar la definición de violencia obstétrica para sancionar procedimientos sin consentimiento y tratos humillantes. Estos señalamientos fueron respaldados por la legisladora panista Ana María Esquivel Arrona, quien admitió que persisten abusos en hospitales públicos y privados.
“A nivel de campo muchas mujeres nos comentan que identifican violencia durante su trabajo de parto; hay que seguir fomentando la revisión, la evaluación y la capacitación estricta al personal de salud”, señaló.
Por su parte, la diputada Sandra Pedroza Orozco indicó que la definición de violencia obstétrica en Guanajuato permanece intacta desde 2020, por lo que consideró impostergable actualizar las conductas sancionables frente a los avances de otras entidades federativas. Además, planteó que el parto respetado se establezca expresamente en la Ley de Salud como un modelo de atención obligatoria que garantice la autonomía de las pacientes.
En respuesta a las inquietudes legislativas, representantes de la Secretaría de Salud del Estado informaron que actualmente 24 hospitales públicos de la entidad cuentan con la certificación internacional Hospital Amigo del Niño y de la Niña, avalada por la OMS y UNICEF. Esta exige cumplir cinco criterios de atención amigable: acompañamiento continuo a elección de la madre, libertad de movimiento y postura durante el parto, líquidos ligeros, alternativas no invasivas para el dolor y lactancia materna inmediata.
Entrega gratuita de productos de gestión menstrual
La entrega gratuita de productos de gestión menstrual no debe concentrarse en hospitales ni condicionarse a revisiones médicas, sino canalizarse directamente en los planteles escolares para garantizar que llegue a las alumnas y evitar la deserción escolar, concluyeron autoridades estatales y legisladores durante la mesa de trabajo de la Comisión de Salud Pública del Congreso del Estado.
Al analizar la iniciativa para reformar la Ley de Salud de Guanajuato, representantes del Instituto de Salud Pública del Estado (ISAPEG) aclararon que las clínicas y los hospitales ofrecen atención médica y apósitos exclusivamente para emergencias intrahospitalarias. Por ello, advirtieron que sería inoperante pretender que más de 200 mil adolescentes acudan mensualmente a los centros de salud por insumos de uso personal y recomendaron que la política se articule en las aulas con la Secretaría de Educación.
Frente a la estimación de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso local, que calculó un costo anual de 331.2 millones de pesos para abastecer a una matrícula de 218 mil 128 alumnas, el presidente de la comisión, el diputado Jesús Hernández Hernández, cuestionó dicho monto al considerar que está inflado y parte de supuestos irreales, pues proyecta una cuota de 126 pesos mensuales por estudiante sin tomar en cuenta la logística institucional en campo.
“Trescientos treinta y un millones para 218 mil estudiantes me parece un poco alto el ejercicio presupuestal, porque si Pitágoras no miente costaría 126 pesos cada aportación mensual si todas las estudiantes fueran cada mes; habrá que revisarlo”, expresó.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado, Guillermo Aguirre Fonseca, demandó eliminar cualquier candado normativo que obligue a las menores a someterse a revisiones físicas para recibir los apoyos. Asimismo, recordó que el 31 por ciento de las niñas y adolescentes han faltado a la escuela por su periodo, según datos de UNICEF y organizaciones civiles.
“La menstruación digna no debe enmarcarse en la lógica de un gasto, sino en la de una inversión estratégica con retornos en los indicadores de salud, educación y desarrollo del estado”, afirmó.
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