Secretario del Senado defendió trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027 que estaría en riesgo de caerse: este es el artículo de la discordia
A través de un comunicado de prensa, el secretario General del Senado, Diego González, le salió al paso a la controversia por lo que sería, al parecer, un vicio de trámite en la aprobación del Presupuesto General de la Nación, por $634,9 billones, que se efectuó en la madrugada del martes 20 de octubre; justo en el límite dispuesto por la Constitución.
De acuerdo con González, “durante la discusión y aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado de la República, el artículo 65 fue aprobado sin proposiciones”, con lo que trató darle una respuesta a la controversia sobre las diferencias de la misma norma en la Cámara de Representantes; lo que obligaba, entonces, a una conciliación.
En efecto, el documento se refiere al Proyecto de Ley 111 de 2026 Senado y 152 de 2026 Cámara, que fija el presupuesto de rentas, recursos de capital y apropiaciones para la vigencia fiscal de 2027. Y que estaría en vilo en caso de comprobarse que existieron disparidades entre el articulado avalado por cada corporación legislativa.
En su defensa, la Secretaría General sostuvo que en el enlace oficial con todas las proposiciones aprobadas por la plenaria no aparece ninguna relacionada con ese artículo. La entidad indicó que el registro continúa disponible para consulta pública, pese a que desde la bancada del Pacto Histórico insiste en la nulidad del proyecto aprobado.
Senado sostuvo que el artículo 65 no tuvo proposiciones; no así en la Cámara
La discusión se centra en una posible diferencia entre los textos discutidos por las dos cámaras. Según el comunicado, durante el debate y la aprobación en la plenaria del Senado, el artículo 65 fue avalado sin que se presentaran observaciones al mismo; a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara, que sí habría sido aprobada con cambios.
“Hemos recibido información según la cual, en el trámite surtido en la Cámara de Representantes, dicho artículo habría sido aprobado incorporando una proposición”, indicó González, en relación con el trámite que se terminó de completar en la madrugada, a las 3:45 a. m., cuando se daba por descontado que se acogería íntegro.
El secretario general dejó constancia de que ordenó a la Sección de Relatoría remitir el enlace oficial con el conjunto de proposiciones que aprobó la plenaria del Senado. De acuerdo con el documento, allí no figura una modificación aprobada para el artículo en cuestión, que dejaría sin piso legal lo discutido en el órgano legislativo.
La controversia parte de una pregunta concreta: si el Senado y la Cámara aprobaron versiones distintas del artículo 65, el proyecto debía pasar por un trámite de conciliación para unificar el texto antes de convertirse en ley. La ausencia de ese paso es presentada por sectores políticos y jurídicos como un posible vicio de procedimiento.
“La Mesa Directiva del Senado de la República, después de más de diez horas de debate, otorgó plenas garantías a todas las bancadas”, indicó González en su pronunciamiento. “Actuó con absoluta rigurosidad, transparencia y lealtad frente a lo debatido y aprobado por la Plenaria”, agregó el secretario con el trámite del proyecto.
Posible falta de conciliación alimenta el debate jurídico sobre el futuro del presupuesto
El debate público sobre el presupuesto se trasladó al terreno constitucional. La hipótesis planteada es que una proposición aprobada en la Cámara habría quedado incorporada al artículo 65, pese a que en el Senado esa iniciativa se retiró y no fue sometida a votación; lo que genera dudas sobre si lo determinado tendrá validez o no.
De confirmarse que existieron textos diferentes entre ambas corporaciones, los críticos del trámite consideran que era necesaria una conciliación, como exige la Ley 5 de 1992 para resolver las discrepancias entre Senado y Cámara. Sin embargo, el plazo vencía en la medianoche del 20 de octubre, por lo que el trámite ya no sería posible.
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