El reto de las MiPyMEs ante la incertidumbre jurídica y un débil Estado de derecho

El pasado mes de septiembre fue clave en la vida pública y democrática de nuestro país. En primer lugar, dio inicio formal el proceso electoral ordinario 2026-2027; a la par, se cumplió el primer año de operaciones de la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación.

¿Qué tienen en común estos dos hitos? Ambos están estrechamente ligados con la certidumbre jurídica y política de México, variables que hoy ocupan un papel relevante en la vida económica, social y empresarial de nuestro país, tal como lo muestra la última encuesta sobre las expectativas de los economistas del sector privado del Banco de México, que sitúa los problemas relacionados con la falta de Estado de derecho como la segunda preocupación en materia de gobernanza, solo por debajo de los problemas de inseguridad pública.

Además de los resultados presentados por el Banco de México, a inicios de este mes, COPARMEX Nacional presentó la primera entrega de resultados del Monitor Judicial Data COPARMEX, que contó con la participación de casi 4 mil empresas representadas en 71 Centros Empresariales de COPARMEX; es decir, una fotografía de prácticamente todo el país. Entre los resultados, destacan dos datos relevantes.

1. Siete de cada diez empresas consideran que los ajustes al Poder Judicial de la Federación han impactado negativamente en sus decisiones de inversión o expansión.
2. Ocho de cada diez empresas modificaron o están evaluando modificar su estrategia de protección jurídica.

Estos resultados deben llevarnos a la acción. Es preocupante que un poder que, por mandato, debe dotar de certidumbre jurídica comience a generar un efecto contrario, que influye cada vez más en las decisiones de apertura y expansión de quienes deciden apostar por el país, pero, sobre todo, en la certeza de las miles de personas que a diario se enfrentan a actos de autoridad.

En cuanto al segundo resultado del monitoreo, vale la pena analizarlo desde la perspectiva de la estructura empresarial. En México, más del 90% de las empresas son micro y pequeñas, lo cual las coloca en una situación de desventaja a la hora de implementar estrategias de protección jurídica, tanto por su capacidad operativa como por sus recursos financieros.

Hoy, las micro y pequeñas empresas tienen que lidiar con problemas de inseguridad, pero también con temas de corrupción y barreras regulatorias, situaciones ante las cuales más del 50% de las empresas consultadas en Data COPARMEX han reportado algún tipo de complicación.

Estos dos últimos temas están estrechamente ligados con las funciones de defensa que debería garantizar un Poder Judicial independiente y autónomo, una condición que hoy parece lejana.

¿Cómo se relacionan estos resultados con la imparcialidad del Poder Judicial?

Estos resultados son relevantes porque muestran la vulnerabilidad jurídica a la que se enfrentan las empresas, que podrían encontrar en el amparo un instrumento de protección. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de garantizar legalidad y justicia ante los actos de autoridad.

Los mismos resultados del Monitor Judicial Data COPARMEX muestran que las medidas de protección que las empresas consideran implementar son los contratos, los mecanismos de arbitraje, los seguros y las estrategias de litigio. Estas acciones representan un reto operativo y financiero para más del 90% de las empresas, lo cual podría traducirse en un mayor cierre de empresas, además del que ya vivimos desde hace prácticamente dos años.

Los datos son reveladores. No contar con un aparato de justicia imparcial y autónomo afecta no solo la actividad económica, sino también la calidad de vida de las personas. Por ello, en COPARMEX siempre hemos sido contundentes al señalar que la certidumbre jurídica es la base para crear empresas más fuertes, permitir que las MiPyMEs sigan operando y garantizar que la inversión, el empleo y la mejora de las condiciones de vida de las personas lleguen a nuestro país.

Sin embargo, a poco más de un año del inicio de operaciones de la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación, la realidad dista mucho de lo que prometía ser un cambio en favor del Estado de derecho y de la defensa jurídica de las personas. Si bien existían áreas de mejora en la impartición de justicia, los cambios no solo dejaron de atender esas áreas de oportunidad, sino que, en muchos casos, hemos detectado un retroceso en un sistema judicial que ya se encontraba deteriorado.

Por ello, con la propuesta que caracteriza a la Confederación y con el objetivo de construir un México con instituciones sólidas que brinden certeza a quienes deciden emprender, invertir y apostar por el país, se impulsará una agenda técnica de seguimiento al Poder Judicial que garantice la independencia judicial, la profesionalización y la imparcialidad.

Las empresas necesitan condiciones no solo para invertir, sino también para sobrevivir y continuar generando empleo. Necesitan justicia que garantice reglas claras, piso parejo y un México más próspero y con desarrollo inclusivo. #OpiniónCoparmex