Senado aprueba Ley de Economía Digital; oposición cuestiona facultades de Hacienda y libertad de pago

El Senado aprobó este martes la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.  El dictamen, que busca ampliar el uso de medios de pago digitales y reducir gradualmente el uso de efectivo, fue enviado al Ejecutivo Federal.

En lo general, el dictamen fue aprobado con 72 votos a favor de Morena y aliados y 34 en contra de la oposición. Durante la discusión en lo particular, senadores del PAN, PRI y Morena presentaron reservas para modificar diversas disposiciones, pero ninguna fue aceptada. Los artículos reservados fueron avalados en los términos del dictamen, con 72 votos a favor y 37 en contra.

La discusión estuvo marcada por cuestionamientos de legisladores de oposición sobre las facultades que tendría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores y actividades en los que los pagos digitales serían la única modalidad aceptada, así como por preocupaciones sobre fiscalización, acceso a servicios financieros y la brecha digital.

El dictamen establece una ley integrada por 22 artículos y cinco transitorios. Entre los medios de pago que reconoce están los códigos QR, dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC), tarjetas de débito y crédito, servicios de domiciliación y transferencias de fondos, además de otras modalidades digitales y electrónicas.

También incorpora la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para la contratación de servicios financieros mediante medios digitales.

La legislación establece que los proveedores de bienes y servicios y las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar la infraestructura necesaria para implementar estos medios de pago y promover su utilización. También señala que deberán adoptar medidas para atender contingencias que impidan realizar transacciones digitales.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la facultad de la SHCP para determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los pagos digitales serán la única modalidad aceptada. Al mismo tiempo, el texto establece que el efectivo y los cheques podrán utilizarse cuando una contingencia afecte temporalmente la disponibilidad de los sistemas digitales.

El proyecto también faculta al Banco de México para implementar programas informáticos que faciliten las transferencias electrónicas, emitir disposiciones para homologar aplicaciones de servicios financieros y establecer medidas o infraestructura para favorecer el acceso a servicios financieros. Además, plantea que las autoridades adopten modelos de homologación de trámites relacionados con el desarrollo económico emitidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Durante la discusión, los legisladores oficialistas sostuvieron que la digitalización puede facilitar operaciones comerciales, trámites y acceso a servicios financieros. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que la legislación no obliga a realizar todas las operaciones exclusivamente por medios digitales y sostuvo que su aplicación será gradual, con excepciones en caso de contingencias.

El morenista Heriberto Marcelo Aguilar Castillo sostuvo que la reforma no pretende eliminar el efectivo, sino ampliar las alternativas de pago, lo que permitiría reducir traslados y facilitar operaciones de pequeños comercios, además de ampliar las opciones para personas que han quedado fuera del sistema financiero.

Sin embargo, la oposición cuestionó tanto los alcances de la reforma como la manera en que se plantea su aplicación. El senador del PAN José Máximo García López sostuvo que la digitalización podría convertirse en un mecanismo de mayor fiscalización y recaudación.

“Nos la quieren vender con un bonito envoltorio de modernización, vanguardia e inclusión financiera. Pero no nos engañemos, esto no es inclusión, es voracidad recaudatoria e inspección fiscal con piel de oveja”, dijo.

García también cuestionó el papel que podrían desempeñar el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los intermediarios financieros en las operaciones cotidianas. Sostuvo que “¡se les acabó el dinero!” y acusó al gobierno de buscar obtener recursos adicionales mediante la digitalización de las transacciones.

La senadora priista Karla Guadalupe Toledo Zamora centró sus críticas en la facultad otorgada a Hacienda. Señaló que el artículo 13 permitiría a la dependencia determinar los sectores donde el pago digital sería la única opción.

“Le da más poder al gobierno y representa una amenaza a la libertad de los ciudadanos de elegir su forma de pago, así lo establecen en el artículo 13, donde le dan toda la libertad a Hacienda para decidir en qué sectores impondrá el pago digital como única opción”, afirmó.

Toledo agregó que la reforma implicaría dejar en manos del gobierno la decisión sobre los ámbitos en los que podría utilizarse efectivo. “Lo que Morena pretende es que este Senado le firme al gobierno un cheque en blanco para que puedan decidir libremente dónde sí y dónde no los mexicanos puedan utilizar el dinero en efectivo y eso, senadoras y senadores, es inaceptable”, sostuvo.

Desde Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo planteó el posible efecto de la digitalización sobre trabajadores informales y personas que no utilizan servicios bancarios. Mencionó entre los sectores que podrían resultar afectados a tianguistas, vendedores ambulantes y personas con menores ingresos.

“Estamos en contra de que nuevamente con un discurso a base de mentiras se le intente engañar a más de 20 millones de mexicanos para que les cobren impuestos. Porque lo que es una realidad es que el gobierno ya no halla de dónde sacarle dinero a los mexicanos”, afirmó.

La senadora priista Claudia Anaya Mota llevó el debate hacia las condiciones de conectividad y bancarización del país. Cuestionó que la exposición de motivos plantee una aplicación gradual mientras, según su interpretación, esa gradualidad no aparece expresamente en los artículos.

“Carece de gradualidad, porque, aunque en la exposición dice que esta ley se implementará con gradualidad, en los artículos ninguno menciona eso, por el contrario, en los artículos menciona su aplicación inmediata, menciona que la Secretaría de Hacienda posteriormente emitirá una lista de sectores por donde comenzarán a hacerse obligatorios los pagos digitales”, afirmó.

Anaya también cuestionó las condiciones para aplicar la reforma en un país con altos niveles de informalidad y desigualdad en el acceso a servicios digitales. “¿Cómo le vamos a hacer en un país donde el 55 % de la población está en la informalidad? 34 millones de mexicanos están en la informalidad, pero 17 millones de personas no usan internet, más de un tercio de los adultos mayores no tienen ni siquiera cuenta bancaria, una de cuatro personas que trabajan en el campo está desconectada”, dijo.

Las reservas no provinieron únicamente de la oposición. El senador de Morena Ricardo Sheffield Padilla manifestó su desacuerdo con la reforma y cuestionó la rapidez con la que fue aprobada en comisiones. Presentó una reserva relacionada con la expansión de los pagos digitales y la reducción del uso de efectivo, con la advertencia de que el nuevo marco podría propiciar prácticas monopólicas, pero su propuesta fue rechazada.

Durante el debate, al ser cuestionado si su bancada no estaba suficientemente convencida del dictamen, Sheffield afirmó: “Yo ya vote en contra […] no le sume el ustedes porque yo fui el único pendejo. O sea, Yo fui el único pendejo que me aventé, ojalá hubiera habido más”.