Focus Group/Jorge Ramón Rizzo*

* El Caso Lydia Cacho explicado a los jóvenes

Han pasado más de dos décadas de impunidad y simulación institucional desde el secuestro y tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005. Por lo tanto, la juventud no tiene la menor idea de qué trató ese caso. En este mes de octubre, nuevamente ha sido noticia el caso, por los recientes retrasos judiciales y liberaciones de implicados que lo único que evidencian, es que el sistema de justicia en México dilata los procesos en lugar de desmantelar las redes de macrocriminalidad existentes.

Para los jóvenes que no lo saben: Lydia Cacho Ribeiro es un símbolo del periodismo de alto riesgo en América Latina cuyo trabajo en investigaciones sobre redes de pederastia, trata de personas y corrupción política transformó la justicia civil en México.

Su emblemático libro de 2005, ‘Los Demonios del Edén’, expuso redes de pornografía infantil y desencadenó una persecución estatal en su contra que derivó en su detención ilegal y posterior exilio en España. Ella evidenció por primera vez en México una red de protección a pederastas desde las altas esferas de los gobiernos panistas y priístas, que en esos años gobernaban el país y diversos estados del país.

Lydia Cacho, a pesar de haber enfrentado hostigamiento, tortura y exilio debido a sus denuncias, ha sido lo suficientemente valiente para continuar activa en la documentación y producción audiovisual, consolidando una carrera periodística enfocada en dignificar a las víctimas.

Cuando en 2005 Cacho Ribeiro publica su libro de investigación ‘Los Demonios del Edén’, revela la existencia de una red de explotación sexual comercial infantil que operaba en Cancún con la complicidad de políticos y empresarios, entre ellos el textilero Kamel Nacif Borge y el hotelero Jean Succar Kuri. Por haber publicado dicho libro, tras una denuncia por supuesta «difamación» interpuesta por Kamel Nacif, policías judiciales de Puebla viajan a Cancún para detener a la periodista de forma arbitraria. Durante un traslado terrestre de más de 20 horas y 1,500 kilómetros hacia Puebla, Cacho es víctima de tortura física y psicológica, amedrentamientos y violencia de género.

Unas semanas después se difunden grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y el entonces gobernador de Puebla Mario Marín, en las que celebran el «escarmiento» contra la periodista; y Nacif se refiere a Marín con el alias que lo marcaría permanentemente: «Góber Precioso». Los audios evidencian el uso de las fuerzas públicas del Estado para favores personales y presionar a periodistas críticos e independientes como Lydia Cacho. A pesar de la indignación nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye por mayoría de votos que no se acreditaron violaciones graves a las garantías individuales de la periodista, permitiendo que Marín concluyera su mandato en el estado de Puebla.

Varios años después, en 2018 y tras años de lucha internacional apoyada por organizaciones como ‘Artículo 19’, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite una resolución histórica declarando al Estado mexicano responsable de violar los derechos humanos de Lydia Cacho, exigiendo la reparación integral y el procesamiento de los culpables. Para abril de 2019 un tribunal federal de Quintana Roo emite órdenes de aprehensión por el delito de tortura contra Mario Marín, Kamel Nacif, y mandos policíacos de Puebla. Y es entonces cuando Cacho Ribeiro debe salir exiliada del país debido a las amenazas en su contra.

Por fin, en el 2021 el lento pero largo brazo de la Fiscalía General de la República detiene al exgobernador poblano Mario Marín en Acapulco, Guerrero. Es en febrero de ese año cuando Marín es ingresado a prisión preventiva y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

En agosto de 2024, una jueza le concede a Mario Marín el cambio de medida cautelar debido a condiciones de edad y salud, permitiéndole continuar su proceso en prisión domiciliaria bajo fianza y el uso de un brazalete electrónico, desatando fuertes protestas de Lydia Cacho y sus abogados. Lo que también detonó reacciones de organismos internacionales y quizá por esa presión, regresó a reclusión federal tiempo después.

En este mes de octubre se programa la audiencia clave para dictar la sentencia definitiva contra el exgobernador. Sin embargo, la sesión es aplazada de última hora debido a fallas de conexión en la plataforma digital oficial Webex, prolongando el proceso legal que ya suma más de 20 años de espera para la periodista.

Si el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es declarado culpable de ser el autor intelectual del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, enfrentará severas consecuencias legales, políticas y económicas. Empezando porque se ha solicitado formalmente la pena máxima de 12 años de prisión, así como una compensación económica directa a la víctima por los daños morales, físicos y psicológicos derivados del arresto ilegal y la tortura, además de la inhabilitación a Mario Marín para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por 24 años.

Las nuevas generaciones que hoy me hacen favor de leer esta entrega de la columna ‘Focus Group’, les debe quedar claro que Lydia Cacho Ribeiro es un indiscutible referente de valor y rigor en el periodismo de investigación latinoamericano, marcado por su incansable defensa de los derechos humanos frente a la corrupción y la trata de personas, por lo que urge que le doten de medidas de protección efectivas que posibiliten el fin del exilio de la periodista y su retorno seguro a México. ¡Anhelo ver un acto de justicia en este caso!

*Periodista/Tlaxcala