Reclutamiento forzado en México: Diputados avalan penas de hasta 25 años de cárcel
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos, una reforma para sancionar el reclutamiento forzado de personas para incorporarlas a grupos delictivos, con penas de hasta 25 años de prisión cuando existan agravantes. El dictamen fue enviado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.
La reforma adiciona el Capítulo II Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Establece penas de 10 a 20 años de cárcel para quienes induzcan o incorporen personas a grupos delictivos mediante medios impresos o electrónicos, y de 15 a 25 años cuando el delito se cometa mediante intimidación, coacción o abuso de poder.
El dictamen también contempla el aumento de las sanciones cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, sean personas en movilidad humana o cuando los responsables sean servidores públicos o exintegrantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo, prevé la destitución e inhabilitación de funcionarios involucrados.
#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos… pic.twitter.com/Iej287a8IX
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 20, 2026
Diputados buscan cerrar vacío jurídico
Durante la discusión en el pleno, la diputada de Morena Elena Edith Segura Trejo sostuvo que la falta de un tipo penal específico había dificultado identificar, investigar y sancionar el reclutamiento forzado.
Explicó que, cuando estas conductas no cuentan con una clasificación penal propia, los casos pueden investigarse bajo figuras como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada. Esta dispersión, señaló, puede fragmentar las investigaciones y dificultar el registro de los hechos.
La legisladora indicó que el reclutamiento puede realizarse mediante engaños, falsas ofertas de empleo, amenazas, violencia, coacción o aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad de las personas y de comunidades afectadas por la pobreza y la marginación.
Añadió que, en los casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, es necesario investigar quién los captó, cómo fueron incorporados a las organizaciones criminales y si existieron amenazas o violencia.
Alertan por falsas ofertas de empleo
El diputado del PAN José Guillermo Anaya Llamas destacó que la reforma busca responder a las formas de captación de jóvenes mediante redes sociales, anuncios impresos y falsas ofertas de trabajo, así como a través de amenazas o coacción.
Durante su intervención, señaló las consecuencias que el reclutamiento tiene para las familias, que pueden pasar largos periodos sin conocer el paradero de sus hijos.
El legislador sostuvo que se requieren herramientas legales para perseguir a quienes reclutan personas y garantizar la protección de las víctimas, en particular de niñas, niños y adolescentes.
Denuncian reclutamiento de niños de siete años
Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo Lilia Aguilar Gil señaló que el reclutamiento forzado afecta a entidades como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas, donde, afirmó, incluso se incorpora a niños de siete años a actividades relacionadas con grupos criminales.
Al referirse a Chihuahua, su estado, indicó que algunos menores son utilizados en actividades vinculadas con la siembra de amapola debido a su conocimiento del terreno y su agilidad para desplazarse por las zonas serranas.
La legisladora sostuvo que estos niños deben ser considerados víctimas y no delincuentes, pues pueden ser incorporados bajo amenazas y en condiciones de vulnerabilidad.
Aguilar Gil afirmó que la reforma busca reconocer el reclutamiento forzado como un delito específico y fortalecer las herramientas para perseguir a quienes utilizan a menores de edad en actividades criminales.
Finalmente, la Cámara de Diputados estableció un plazo de 180 días naturales para que las legislaturas de las entidades federativas armonicen sus leyes locales con el nuevo decreto federal.
El Financiero
