Presidente Comité Desaparición Forzada: México debe abrirse a la cooperación internacional

México.- El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro, presenta este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas un informe en el que la grave situación de México será uno de los temas destacados, y con el que el jurista ecuatoriano espera contribuir a que ese país se abra más a la cooperación internacional en esa cuestión.

“Es positivo lo que México ha hecho hasta ahora, pero hay cosas que por sí sola no va a poder hacer porque van a demandar muchos recursos, conocimiento, tecnología que no tiene a su disposición”, señala Albán en una entrevista a EFE con motivo de la presentación del informe anual del comité en Nueva York.

Albán espera que el diálogo en la Asamblea General ayude a que “más Estados ofrezcan su apoyo en materia tecnológica, de transferencia de conocimiento o tareas especiales de búsqueda, y que se inste a México a aceptarlo”.

Una polémica abierta en 2025

En abril de 2025 el comité de 10 expertos que preside decidió aplicar en México, por primera vez en su historia, el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, mediante el que se puede solicitar a la Asamblea General la consideración con urgencia un fenómeno de desaparición forzada si hay indicios bien fundados de que es generalizado o sistemático.

Según Albán, esa decisión de invocar el artículo 34, que levantó polémica en México y críticas de la propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se tomó tras un análisis detallado de las solicitudes recibidas de la sociedad civil.

También se consideró la información acumulada por el comité a lo largo de sus interacciones con el Estado desde 2012.

El comité mencionó incluso que las desapariciones registradas en México podrían alcanzar el umbral de lo que califica el derecho penal internacional como crímenes de lesa humanidad, y subrayó que el problema de las desapariciones seguía deteriorándose, con altas tasas de impunidad superiores al 98 %.

“Para la época en que nuestro comité visitó México, en noviembre de 2021,había 52.000 cuerpos no identificados, y el Registro Nacional de desaparecidos contabilizaba alrededor de 96.000. Cuando tomamos la decisión, se contaban 72.000 cuerpos no identificados y el registro de desaparecidos contaba casi 136.000 personas”, recuerda Albán.

El comité también advirtió que aunque el principal perpetrador de las desapariciones era el crimen organizado, en ciertas ocasiones estaba auxiliado, autorizado o contaba con la aquiescencia de funcionarios del Estado, sobre todo a nivel municipal.

Avances, pero no suficientes

El comité reconoció avances de México, como la promulgación de una ley general sobre personas desaparecidas, la creación de comisiones de atención a víctimas y de búsqueda o las fiscalías especializadas, pero, como recuerda el jurista ecuatoriano, el país “puede hacer mucho más si tiene ayuda internacional”.

“Si el problema les desborda está bien pedir que le den una mano. Recibir ayuda para financiar mejores laboratorios genéticos, para que vengan especialistas de otros países en el empleo de drones, o para enseñar al personal cómo emprender las búsquedas de campo sin correr riesgos”, mencionó.

La aplicación del artículo 34, insistió, “no es una descalificación a las autoridades mexicanas, sino una llamada a la movilización para enfrentar un problema muy grande”.

El caso sirio

Preguntado sobre por qué el comité no tomó esta medida con otros países con elevadas cifras de desaparecidos, como por ejemplo Siria, con dos millones de personas en paradero desconocido por la represión y la guerra civil, Albán explica que el país árabe no es Estado parte de la convención, por lo que no puede invocarse ese artículo 34.

Sin embargo, matiza, el caso sirio ejemplifica lo positiva que puede ser la ayuda internacional en materia de lucha contra la desaparición forzada:

“Siria es un escenario en el que la comunidad internacional decidió intervenir creando un mecanismo especial para la búsqueda de desaparecidos, encabezado nada más y nada menos que por la antigua directora de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, Karla Quintana”, recordó.

Un problema no sólo en México

Otro objetivo del debate que el comité quiere promover en torno a México, agregó Albán, es llamar la atención sobre una crisis que “está desbordando las fronteras mexicanas”, con pautas de desaparición en Centroamérica o los países andinos que se asemejan a los empleados por las grandes bandas de delincuencia de México.

“Cuando el problema es muy grande, es mejor contar con aliados, y no pretendemos, insisto, que México sea sancionado por nada. Lo que queremos es un tono constructivo que invite a colaborar”, subrayó.

El debate, añadió, podría continuar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “el cual podría, por ejemplo, crear un mecanismo extraordinario” sobre la situación de las desapariciones en México.

“Ojalá todos entiendan que detrás de la decisión del comité no hay cálculo político ni intención de hacer daño, sino un ánimo de reconocer la dignidad de las víctimas y atender sus reclamos, darles acceso a la justicia y reparación, y establecer mecanismos conjuntos para prevenir las desapariciones forzadas”, en palabras de Albán.

“Para ello, los Estados deben unir fuerzas para que México no esté solo afrontando este problema”, concluyó. EFE