UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) presentó una denuncia contra Idealista y Fotocasa ante la Dirección General de Consumo por “presuntas prácticas comerciales desleales, publicidad engañosa e incumplimiento de la normativa de información al consumidor” en los anuncios de viviendas catalogadas como ocupadas. La organización sostiene que ambos portales inmobiliarios agrupan bajo etiquetas comerciales idénticas situaciones jurídicas completamente distintas, desde contratos de alquiler en vigor hasta procesos de ejecución hipotecaria.

Tras un “exhaustivo muestreo” de los anuncios publicados en ambas plataformas, UGT identificó cómo estas crean, clasifican y promocionan categorías como “ocupadas”, “ocupadas ilegalmente”, “sin posesión” o “no visitables”. Según el sindicato, estas etiquetas reúnen bajo un mismo rótulo comercial realidades legales que no tienen relación entre sí.

El documento señala que, dentro de la sección “ocupadas ilegalmente”, las plataformas ofrecen inmuebles como “oportunidad para inversores” o directamente como “casas con bicho”. UGT también detectó viviendas incluidas de forma simultánea en hasta tres categorías distintas: “ocupadas ilegalmente”, “alquiladas con inquilinos” o “nuda propiedad”, una superposición que, a su juicio, confunde al consumidor sobre la situación real del inmueble.

Inquilinos con derechos vigentes, etiquetados como ocupantes ilegales

El punto más sensible de la denuncia recae sobre los casos en los que viviendas con contratos de alquiler vigentes aparecen rotuladas como “ocupadas ilegalmente”. UGT menciona específicamente a personas mayores con usufructos vitalicios y a inmuebles inmersos en procedimientos de ejecución hipotecaria, situaciones en las que los ocupantes mantienen un derecho legal de permanencia que, según el sindicato, las plataformas omiten o distorsionan.

A este problema se suma, de acuerdo con el muestreo sindical, la presencia de datos esenciales inexactos o sin verificar: superficie, número de habitaciones, planta o ubicación del inmueble. En algunos anuncios, además, las imágenes publicadas no corresponden con la vivienda real ofertada.

“No solo es jurídicamente falso e induce a error al comprador”, afirma UGT sobre la práctica de presentar a inquilinos o personas en conflicto judicial como okupas, sino que además “estigmatiza” a familias trabajadoras y vulnerables, a las que, según el sindicato, “se coloca en una posición de delincuencia y persecución social cuando ellas cumplen con su parte del contrato” y ejercen derechos que les permiten permanecer en la vivienda de forma legal.

En su denuncia, UGT solicita la apertura “inmediata” de diligencias previas de investigación contra Idealista y Fotocasa. El sindicato reclama, además, que se exija a ambas empresas detallar los criterios técnicos y la documentación que requieren a los anunciantes antes de catalogar un inmueble como “ocupado”. Las otras dos peticiones apuntan a trasladar las actuaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las autoridades de supervisión del reglamento europeo, así como a la adopción de medidas sancionadoras que corrijan estas conductas comerciales.

Las plataformas, señaladas como responsables de un discurso estigmatizante

La denuncia de UGT se produce en un contexto de creciente vigilancia regulatoria sobre los portales inmobiliarios. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió en octubre un expediente sancionador contra un gran portal del sector por presuntas prácticas comerciales desleales, el primero de este tipo dirigido directamente contra una plataforma y no contra los anunciantes particulares. Las infracciones graves en materia de consumo pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, según el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

UGT advierte sobre “el impacto social de estas prácticas” y sostiene que este tipo de anuncios busca “fomentar un discurso que justifique la acción posterior, que no es otra que expulsar al inquilino de su hogar para vender el inmueble” y “expulsar a personas de sus domicilios”.

El sindicato concluye que ambas plataformas son “responsables de fomentar este discurso” y que, “con su aparente neutralidad, no tienen ningún tipo de sensibilidad hacia las personas a las que estigmatiza como okupas”. La denuncia queda ahora en manos de la Dirección General de Consumo, que deberá decidir sobre la apertura de diligencias.