Cuando los nuevos juzgadores comienzan a mostrar los dientes
Por. Raúl Flores Martínez
A un año de su puesta en marcha, el nuevo órgano encargado de vigilar la conducta de jueces y magistrados dejó de moverse únicamente en el terreno administrativo y abrió la puerta a investigaciones de carácter penal contra integrantes del Poder Judicial de la Federación.
El dato no es menor. El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) solicitó a la Fiscalía General de la República investigar a seis jueces federales que permanecen suspendidos, con el objetivo de determinar si incurrieron en delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones, entre ellos un posible ejercicio ilícito del servicio público o cualquier otra conducta que pueda desprenderse de las indagatorias.
Es un paso delicado, pero también inevitable para una institución que fue creada con la promesa de combatir abusos, corrupción y malas prácticas dentro del sistema judicial.
El reto será evitar que la disciplina se convierta en instrumento de presión.
Una cosa es investigar conductas posiblemente ilícitas y otra, muy distinta, utilizar los procedimientos administrativos o penales para inhibir decisiones jurisdiccionales incómodas. La frontera es estrecha y ahí estará una de las principales pruebas del Tribunal.
Hay antecedentes que justifican una supervisión estricta. En septiembre, por ejemplo, el TDJ notificó a la FGR sobre el caso de un coordinador técnico administrativo de un juzgado federal en la Ciudad de México, acusado de modificar la CLABE interbancaria de un compañero para desviar el pago de su nómina. El funcionario terminó inhabilitado durante tres años.
Ese tipo de casos explica por qué era necesario fortalecer los mecanismos de control interno.
Durante su primer año, el Pleno del Tribunal analizó 491 asuntos en 49 sesiones. Revisó medidas cautelares, impedimentos, recursos de reclamación, reconsideración, revisión y revocación, además de solicitudes del Ministerio Público relacionadas con la suspensión de juzgadores federales.
También aprobó 14 acuerdos generales y su Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2026.
La maquinaria institucional está funcionando. Ahora falta demostrar para qué. Porque el verdadero examen no estará en la cantidad de expedientes abiertos ni en las cifras presentadas en informes oficiales, sino en la solidez jurídica de sus resoluciones.
El Tribunal tiene frente a sí una responsabilidad doble: sancionar a quienes utilicen la toga para violar la ley y, al mismo tiempo, impedir que los procedimientos disciplinarios se conviertan en una amenaza contra la independencia judicial.
Ahí se juega buena parte de su credibilidad.
La vigilancia sobre jueces no debe generar impunidad, pero tampoco miedo. Si el TDJ logra mantener esa diferencia, habrá dado sentido a su existencia. Si no, terminará siendo otro órgano poderoso atrapado entre la política y la justicia.
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