Facebook, Instagram y WhatsApp bajo presión: Brasil exige a Meta garantizar elecciones justas

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil exigió a Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, garantizar condiciones equitativas para los candidatos presidenciales Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La resolución se produjo después de que surgieran denuncias sobre presuntas restricciones a los contenidos del actual mandatario y una mayor exposición de publicaciones relacionadas con su adversario político, informó France 24.

La autoridad electoral determinó que la compañía no podrá reducir injustificadamente la difusión de publicaciones políticas. Además, estableció una sanción de 500 mil reales diarios, equivalentes a aproximadamente 93 mil dólares, si la empresa incumple la disposición. No obstante, el tribunal aclaró que hasta el momento no existen pruebas concluyentes de que los sistemas de Meta hayan sido manipulados intencionalmente para beneficiar o perjudicar a algún candidato.

La polémica se intensificó después de que el periódico Folha de S.Paulo difundiera conversaciones internas de trabajadores de Meta. En ellas, algunos empleados señalaron dificultades para que las publicaciones de cuentas relacionadas con Lula llegaran a sus audiencias. También cuestionaron la tardanza de los equipos técnicos para solucionar un problema registrado el 9 de octubre, cuando el perfil oficial del presidente estuvo imposibilitado de realizar pagos durante 24 horas para promocionar sus contenidos.

En Brasil, la propaganda electoral digital pagada constituye la única modalidad de publicidad política permitida a los partidos en las condiciones establecidas por la normativa electoral. Las reglas del TSE también prohíben que los algoritmos recomienden automáticamente las cuentas de los candidatos.

Las conversaciones filtradas revelaron otros episodios que despertaron preocupación. Entre ellos, la recomendación del canal de WhatsApp de Flávio Bolsonaro a usuarios que buscaban el espacio digital Ejército de Lula, considerado uno de los principales canales de respaldo al presidente. Asimismo, a principios de octubre, el perfil del senador aparecía entre las sugerencias de Instagram, mientras que otras candidaturas no recibían el mismo tratamiento.

Según Folha de S.Paulo, los propios trabajadores de Meta reconocieron que estas situaciones no debían producirse. Sin embargo, el periódico puntualizó que los mensajes difundidos no acreditaban una intención expresa de alterar el resultado electoral, sino que reflejaban discusiones internas sobre posibles fallos técnicos y la demora en solucionarlos.

Ante estos hechos, el equipo de campaña de Lula presentó quejas ante el TSE y ante las siete misiones de observación electoral acreditadas en el país. Entre ellas se encuentran las de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el Parlamento del Mercosur. Los representantes del mandatario argumentaron que la repetición de incidentes sin explicaciones satisfactorias alimentaba las sospechas de un posible trato favorable hacia Flávio Bolsonaro.

La intervención de las autoridades también se extendió al ámbito de los derechos digitales. El sábado anterior, la Secretaría Nacional de Derechos Digitales, adscrita al Ministerio de Justicia brasileño, recomendó a la Fiscalía General promover una acción civil pública contra Meta.

En un documento técnico, la dependencia cuestionó la falta de transparencia de los mecanismos de moderación de la compañía y señaló que sus decisiones no pueden ser supervisadas adecuadamente por las autoridades. Entre las medidas propuestas figuraron la recuperación de cuentas y publicaciones afectadas, la restitución de funciones restringidas y la suspensión de limitaciones de alcance o bloqueos que no cuenten previamente con una revisión humana.

Las críticas también fueron respaldadas por organizaciones de la sociedad civil. Una carta promovida por CTRL+Z y firmada por más de un centenar de entidades, entre ellas Greenpeace, Oxfam y Global Witness, acusó a las grandes empresas tecnológicas de influir en el desarrollo de los procesos electorales.

A estas preocupaciones se sumaron investigaciones sobre publicidad política y desinformación. La organización Ek identificó anuncios políticos que utilizaban contenidos falsificados mediante inteligencia artificial, conocidos como deepfakes, y que habían sido financiados desde cuentas extranjeras. Por otro lado, NetLab, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), examinó más de 2 mil 300 anuncios publicados en Meta y encontró que el 68.1 por ciento contenía ataques contra instituciones o difundía sospechas sobre la legitimidad de las elecciones.

La controversia no se limitó al entorno político de Lula. Los abogados de Flávio Bolsonaro también acudieron el sábado ante el tribunal electoral para denunciar una supuesta negligencia de Meta por permitir la circulación de anuncios negativos contra el senador, una práctica prohibida por las autoridades electorales brasileñas.

Frente a las acusaciones, Meta rechazó el viernes haber intervenido en las elecciones y atribuyó los problemas señalados a fallos técnicos. La compañía aseguró que no favorece a ningún contendiente y calificó de falsas y carentes de fundamento las denuncias sobre un supuesto respaldo a determinadas candidaturas.

El episodio se suma a otros casos internacionales en los que se ha cuestionado la responsabilidad de las plataformas digitales durante las elecciones. Entre los antecedentes se encuentran una decisión del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, en 2019, relacionada con el restablecimiento de la página bloqueada de un partido político en Facebook, y la anulación de las elecciones presidenciales de Rumania en 2024, tras detectarse problemas relacionados con la amplificación encubierta de contenidos en TikTok y el uso de redes de bots.

En este contexto, el especialista en inteligencia artificial Ulises Cortés, de la Universidad Politécnica de Cataluña, advirtió que los algoritmos no actúan de manera autónoma, sino que responden a decisiones humanas incorporadas en su programación. Su observación vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de las empresas tecnológicas sobre los sistemas que determinan qué contenidos se difunden y cuáles quedan relegados en el espacio digital.

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