El agua sucia no justifica incendiar Jalisco: ¡La sociedad debe unirse para defender la paz!

Jalisco no puede permitir que la violencia se apodere de sus calles, que grupos de encapuchados incendien edificios públicos, destruyan establecimientos comerciales, agredan a las personas y pretendan convertir una demanda ciudadana legítima en una jornada de intimidación y vandalismo. Lo ocurrido este domingo en el corazón de Guadalajara representa una advertencia que ninguna autoridad, organización social ni ciudadano responsable debería minimizar. Quemar una puerta del Congreso del Estado, atacar el Palacio de Gobierno, romper cristales, utilizar artefactos incendiarios y sembrar temor no constituye una forma de ejercer el derecho a manifestarse. Son conductas que deben investigarse y sancionarse conforme a la ley. Y ha llegado el momento de decirlo con toda claridad: la sociedad jalisciense no puede permanecer indiferente mientras quienes recurren a la violencia pretenden apropiarse de las calles y utilizar como pretexto una causa tan importante como la exigencia de agua limpia. La defensa de Jalisco, de su tranquilidad, de sus instituciones y de la convivencia democrática es una responsabilidad que nos corresponde a todos.

Por segundo domingo consecutivo, una movilización convocada para reclamar soluciones a la crisis de calidad del agua que afecta a numerosas colonias de la zona metropolitana terminó marcada por episodios de violencia. Esta vez, las agresiones alcanzaron distintos puntos del Centro Histórico de Guadalajara. Personas encapuchadas, identificadas en diversos reportes como integrantes del llamado bloque negro, causaron destrozos, atacaron inmuebles y participaron en confrontaciones que obligaron a modificar el desarrollo de la manifestación. Los daños a establecimientos particulares, los ataques contra edificios públicos y el incendio registrado en una puerta del Congreso estatal muestran una escalada preocupante que exige respuestas institucionales firmes, proporcionadas y sustentadas en investigaciones rigurosas.

La gravedad de estos acontecimientos no debe confundirse con la legitimidad de las demandas ciudadanas. Miles de personas tienen razones suficientes para exigir agua limpia, servicios públicos eficientes y explicaciones sobre las deficiencias del suministro. El problema existe, afecta la vida cotidiana de numerosas familias y requiere soluciones inmediatas y estructurales. También son legítimas las exigencias de investigar posibles excesos policiales cometidos durante la manifestación del domingo anterior. Pero ninguna de esas causas justifica incendiar instalaciones públicas, atacar comercios o amenazar la integridad de quienes participan pacíficamente. Defender el derecho a protestar implica precisamente impedir que sea secuestrado por quienes buscan imponer sus acciones mediante la fuerza.

Hay un hecho especialmente revelador: durante la movilización de este domingo, participantes pacíficos intentaron separarse de los grupos encapuchados e impedir que sus acciones violentas contaminaran el sentido de la protesta. Algunos manifestantes expresaron públicamente su rechazo a esos comportamientos y trataron de mantener el carácter ciudadano de la convocatoria. Esa reacción merece destacarse porque demuestra que no puede colocarse indiscriminadamente a todos los asistentes en la misma categoría. Quienes marchan para exigir agua limpia ejercen una libertad constitucional; quienes aprovechan la concentración para cometer agresiones deben asumir individualmente las consecuencias de sus actos.

Lo ocurrido tampoco puede explicarse simplemente como una expresión espontánea de indignación. La utilización de objetos incendiarios, herramientas para destruir instalaciones, ataques contra inmuebles y conductas destinadas a provocar enfrentamientos constituye una modalidad de violencia que exige investigaciones específicas. Las autoridades deben identificar a quienes participaron materialmente, determinar si existió algún grado de organización y esclarecer las circunstancias de los hechos. No sería responsable atribuir anticipadamente la autoría intelectual a partidos políticos, organizaciones o funcionarios sin elementos suficientes. Pero tampoco sería aceptable que la ausencia inicial de conclusiones sirviera para dejar impunes actos que pusieron en riesgo la seguridad pública.

La violencia exige una respuesta del Estado, pero esa respuesta debe mantenerse estrictamente dentro de la legalidad. Las corporaciones de seguridad tienen la obligación de proteger a la población, impedir agresiones y preservar el funcionamiento de las instituciones. También deben respetar los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente y evitar actuaciones indiscriminadas contra personas que no participaron en hechos delictivos. Las investigaciones sobre posibles abusos cometidos por agentes policiales durante la manifestación del 11 de octubre deben continuar y producir las consecuencias que correspondan. No hay contradicción alguna entre exigir responsabilidades por la violencia de los encapuchados y reclamar que los servidores públicos actúen conforme a la ley. La autoridad no puede permitir el vandalismo, pero tampoco combatirlo mediante abusos. Su fortaleza debe descansar en la legalidad, la profesionalidad y la eficacia.

Lo que sí resultaría profundamente peligroso sería aceptar que cada nueva movilización ciudadana termine convertida en escenario de destrucción, amenazas y enfrentamientos. Jalisco tiene una larga tradición de participación social, organización comunitaria y defensa de causas públicas. Sus ciudadanos han demostrado capacidad para expresar inconformidades, impulsar cambios y exigir responsabilidades mediante procedimientos pacíficos. Esa tradición no debe quedar desplazada por grupos que pretenden imponer una lógica de confrontación permanente. La ciudad pertenece a todos sus habitantes, no exclusivamente a quienes tienen mayor capacidad para generar temor, bloquear espacios o destruir bienes públicos y privados.

Hace apenas ocho días, el sábado 10 de octubre, más de cuarenta organizaciones cívicas y ciudadanas suscribieron un pronunciamiento público para exigir atención seria a la contaminación de las fuentes de abastecimiento y reclamar que las autoridades federales asumieran plenamente las responsabilidades que les corresponden. Se señaló entonces la importancia de la actuación de la Comisión Nacional del Agua, de las dependencias federales encargadas de la protección ambiental y de los organismos responsables de vigilar y sancionar las descargas contaminantes. También se planteó la necesidad de recursos suficientes, investigaciones técnicas y participación social para encontrar soluciones duraderas. Aquel llamado surgió antes de los enfrentamientos y dejó claro que la sociedad organizada reconoce la gravedad del problema del agua y exige respuestas efectivas.

Posteriormente, el martes 13 de octubre, importantes centrales obreras y organizaciones cívicas y profesionales expresaron públicamente otro posicionamiento bajo una convocatoria inequívoca: Jalisco necesita paz, respeto y soluciones. Participaron la Federación de Trabajadores de Jalisco, afiliada a la CTM; la FROC-CONLABOR y la CROM, junto con CONFÍO en México, el Consejo Cívico Ciudadano, Foro Plural Jalisco, Conciencia Cívica Jalisciense, la Sociedad Mexicana de Ingenieros y otras expresiones de participación ciudadana. El documento rechazó la violencia, reconoció la legitimidad de las inconformidades sociales y destacó la importancia del liderazgo institucional del gobernador Pablo Lemus para preservar la convivencia y construir respuestas a los problemas de la entidad.

Aquellos pronunciamientos adquieren hoy una relevancia todavía mayor. No surgieron para defender intereses partidistas ni para justificar errores de las autoridades. Expresaron dos convicciones complementarias: que la crisis del agua exige soluciones y que ninguna inconformidad autoriza la destrucción de la convivencia social. Los acontecimientos de este segundo domingo muestran que ambas preocupaciones siguen vigentes y que el desafío se ha vuelto más delicado. Ya no basta con expresar rechazo después de cada enfrentamiento. Es necesario construir una respuesta social amplia que permita proteger las libertades, respaldar el funcionamiento legítimo de las instituciones y exigir resultados concretos frente a los problemas que originan las protestas.

Por eso considero indispensable formular un llamado enérgico a toda la sociedad jalisciense: es momento de unirnos para defender a Jalisco. No se trata de convocar a enfrentamientos ni de responder a la violencia con más violencia. Tampoco de exigir uniformidad política o silencio frente a las deficiencias gubernamentales. Se trata de que trabajadores, empresarios, profesionistas, estudiantes, académicos, comerciantes, organizaciones comunitarias, agrupaciones ciudadanas y familias hagamos valer nuestra capacidad colectiva para impedir que la intimidación sustituya al diálogo y que la destrucción desplace la participación democrática.

Defender a Jalisco significa proteger el derecho a manifestarse sin temor a las agresiones de grupos violentos. Significa respaldar a los comerciantes que necesitan mantener abiertos sus establecimientos, a los trabajadores que requieren trasladarse con seguridad, a las familias que desean utilizar los espacios públicos y a los ciudadanos que esperan respuestas de sus autoridades. También significa exigir que las corporaciones policiales cumplan sus funciones con profesionalismo, que el Ministerio Público investigue los hechos con independencia y que los tribunales determinen las responsabilidades individuales mediante procedimientos justos. La paz pública no se sostiene mediante la impunidad, pero tampoco mediante arbitrariedades.

Nuestra sociedad cuenta con instituciones y organizaciones que pueden contribuir a ese propósito. Las centrales obreras poseen una representatividad importante entre miles de trabajadores; los organismos empresariales participan directamente en la actividad económica y el empleo; las agrupaciones de profesionistas y especialistas aportan conocimientos indispensables para atender problemas complejos; las universidades y organizaciones académicas pueden contribuir con investigaciones y propuestas, mientras los colectivos comunitarios conocen las necesidades concretas de numerosos barrios y colonias. Esa diversidad debe convertirse en una fortaleza para construir soluciones, preservar la convivencia y evitar que los conflictos sean aprovechados por quienes recurren a métodos violentos.

Sería un error convertir este llamado en una exigencia de adhesión incondicional al gobierno. Los ciudadanos no tenemos que renunciar a nuestras diferencias ni a nuestra capacidad crítica para defender la paz. Las autoridades deben aceptar cuestionamientos, rendir cuentas y corregir sus errores. El gobernador Pablo Lemus tiene la responsabilidad institucional de conducir las acciones necesarias para proteger a la población, atender la crisis del agua y garantizar que las dependencias estatales actúen conforme a sus atribuciones. Respaldar el ejercicio legítimo de esas responsabilidades no equivale a otorgar una autorización para actuar sin vigilancia. La colaboración ciudadana puede y debe acompañarse de exigencia, transparencia y evaluación permanente.

En este momento resulta indispensable evitar que las diferencias entre partidos terminen agravando una situación que ya es suficientemente delicada. Las organizaciones políticas tienen derecho a expresar posiciones, cuestionar decisiones gubernamentales y participar en el debate público. Pero también deben actuar con responsabilidad frente a episodios de violencia que ponen en riesgo a las personas y las instituciones. Nadie debería utilizar las agresiones para obtener ventajas electorales, fabricar acusaciones sin pruebas o profundizar confrontaciones innecesarias. La competencia política debe desarrollarse dentro de las reglas democráticas y jamás convertirse en justificación para tolerar ataques contra terceros.

Igualmente importante es no perder de vista el problema que originó las movilizaciones. El agua que reciben numerosos hogares presenta deficiencias que deben investigarse y corregirse. Las condiciones de las fuentes de abastecimiento, la contaminación de los cuerpos de agua, la capacidad de las plantas potabilizadoras y el estado de las redes de distribución requieren diagnósticos especializados y acciones coordinadas. Las atribuciones federales en materia de protección de recursos hídricos y control de descargas deben cumplirse, al igual que las responsabilidades estatales y municipales relacionadas con el tratamiento y suministro. Ninguna autoridad puede utilizar los errores de otra como excusa para eludir sus propias obligaciones.

Las soluciones deben comprender medidas inmediatas para atender a las familias afectadas y programas sostenidos de inversión, mantenimiento y recuperación ambiental. Es indispensable publicar información confiable sobre la calidad del agua, identificar los puntos de contaminación, establecer prioridades de intervención y permitir la participación de especialistas y representantes ciudadanos en la evaluación de resultados. La transparencia puede contribuir a disminuir la desconfianza, mientras las respuestas insuficientes o contradictorias alimentan nuevas inconformidades. La mejor manera de defender la paz también consiste en impedir que los problemas permanezcan sin solución y terminen generando mayor frustración social.

Pero que existan razones para protestar no elimina la responsabilidad de quienes cometen agresiones. Esa distinción debe quedar perfectamente establecida. La inconformidad puede explicar por qué miles de personas salen a las calles, pero no justifica que alguien destruya un comercio, lance objetos incendiarios o intente irrumpir violentamente en un edificio público. Las demandas sociales pertenecen a quienes las sostienen pacíficamente y no deben ser utilizadas como escudo para conductas delictivas. Quienes participaron en los ataques deben ser identificados mediante pruebas y responder individualmente ante la justicia. Las causas legítimas no necesitan incendios para adquirir fuerza moral.

Resulta particularmente grave que se haya atacado la sede del Congreso de Jalisco. Más allá de las diferencias que puedan existir con sus integrantes, el Poder Legislativo constituye una institución fundamental del orden constitucional. Sus decisiones pueden y deben ser cuestionadas mediante los mecanismos democráticos correspondientes, pero incendiar sus instalaciones o intentar destruirlas no representa una forma legítima de discrepancia política. Las instituciones no pertenecen a los partidos que circunstancialmente las integran ni a los funcionarios que temporalmente las ocupan. Forman parte del patrimonio público y de la organización democrática que corresponde preservar a todos los ciudadanos.

Lo mismo debe decirse de los establecimientos comerciales afectados. Detrás de un negocio existen trabajadores, familias, inversiones y esfuerzos acumulados. Destruir aparadores, saquear mercancías o provocar incendios no perjudica solamente a propietarios; también puede comprometer empleos y poner en riesgo a personas que ninguna responsabilidad tienen sobre la crisis del agua. Ninguna causa ciudadana se fortalece atacando a quienes forman parte de la misma comunidad. La violencia contra bienes privados también constituye una agresión a la convivencia y al trabajo de quienes sostienen sus hogares mediante actividades legítimas.

Sería igualmente equivocado pretender que toda persona encapuchada es culpable de algún delito. La responsabilidad debe derivarse de conductas concretas y pruebas verificables, no de la apariencia, la vestimenta o la participación en una manifestación. Las investigaciones deben esclarecer quiénes realizaron los ataques, qué instrumentos utilizaron, si existieron acuerdos previos y cuáles fueron las circunstancias de cada hecho. Tampoco corresponde afirmar, sin pruebas, que determinadas organizaciones o fuerzas políticas dirigieron los acontecimientos. La firmeza frente a la violencia se demuestra mediante investigaciones eficaces y sanciones legales, no mediante acusaciones indiscriminadas.

La ciudadanía tiene también responsabilidades prácticas. Las organizaciones convocantes pueden establecer mecanismos de coordinación para preservar el carácter pacífico de sus manifestaciones, rechazar públicamente los actos violentos y colaborar con las autoridades mediante los cauces legales cuando existan evidencias de conductas delictivas. Los observadores de derechos humanos pueden contribuir a documentar hechos y proteger garantías. Las instituciones públicas deben facilitar condiciones seguras para la protesta y actuar oportunamente frente a riesgos concretos. La prevención debe prevalecer sobre la improvisación, particularmente después de dos domingos consecutivos de enfrentamientos.

A quienes integran asociaciones ciudadanas, organizaciones laborales, colegios profesionales, cámaras empresariales, universidades y colectivos sociales corresponde valorar la necesidad de una participación más activa en defensa de la convivencia. No necesariamente mediante nuevas manifestaciones multitudinarias, que en las circunstancias actuales podrían generar riesgos adicionales, sino mediante pronunciamientos, encuentros de trabajo, mecanismos de colaboración, propuestas técnicas y acciones públicas de carácter inequívocamente pacífico. La sociedad organizada tiene capacidad para impulsar soluciones y para transmitir un mensaje firme: los problemas de Jalisco deben discutirse y resolverse sin permitir que la violencia determine el rumbo de los acontecimientos.

Ese esfuerzo puede reunir a personas con posiciones políticas muy diferentes. No se necesita compartir preferencias electorales para rechazar los ataques incendiarios. Tampoco es indispensable coincidir en todas las decisiones del gobernador para reconocer que las instituciones deben funcionar y que la seguridad pública constituye una responsabilidad compartida. Quienes defienden distintas perspectivas ideológicas pueden encontrarse en principios fundamentales: respeto a la vida, integridad de las personas, protección de las libertades, cumplimiento de la ley y solución pacífica de los conflictos. Cuando esos principios se encuentran amenazados, las diferencias partidistas deberían dejar espacio para acuerdos básicos de convivencia.

Jalisco necesita hoy una sociedad más unida, más participativa y más decidida a defender su tranquilidad. Necesita ciudadanos que no confundan la prudencia con indiferencia ni la tolerancia con permisividad frente a la violencia. Necesita organizaciones capaces de expresar posiciones claras sin subordinarlas a intereses partidistas. Necesita autoridades que actúen con firmeza y legalidad, que sancionen los abusos de sus propios agentes y que investiguen las agresiones cometidas por particulares. Y necesita que la crisis del agua sea atendida con la seriedad técnica, los recursos y la continuidad que sus dimensiones requieren.

No podemos acostumbrarnos a que cada domingo termine con imágenes de destrucción en Guadalajara. No podemos aceptar que la exigencia de agua limpia se convierta en una sucesión de ataques contra edificios públicos y establecimientos particulares. Tampoco podemos resignarnos a que el temor termine alejando a las familias de las manifestaciones pacíficas y debilitando una de las herramientas más importantes de participación democrática. Cuando los ciudadanos dejan de ejercer sus libertades porque temen quedar atrapados entre grupos violentos y respuestas policiales inadecuadas, la sociedad entera pierde espacios que le pertenecen.

La defensa de Jalisco debe ser una causa amplia, incluyente y profundamente ciudadana. No puede convertirse en bandera exclusiva de un gobierno, un partido, una organización o un grupo social. Requiere reconocer que nuestra convivencia está por encima de las disputas coyunturales y que ninguna diferencia justifica poner en peligro a quienes habitan esta entidad. Las organizaciones que ya han expresado su preocupación por la crisis del agua y por los acontecimientos violentos pueden contribuir a ampliar ese entendimiento, sumando nuevas voces y promoviendo acciones responsables. La unidad social no debe buscar uniformidad; debe construir coincidencias fundamentales para enfrentar problemas compartidos.

Lo ocurrido este domingo obliga a pasar del pronunciamiento a una mayor articulación ciudadana. Es momento de reunir esfuerzos, respaldar la actuación legítima de las instituciones, exigir investigaciones rigurosas, proteger a quienes se manifiestan pacíficamente y contribuir a que las soluciones al problema del agua avancen sin quedar atrapadas en confrontaciones violentas. La sociedad jalisciense tiene capacidad, experiencia y fortaleza suficientes para defender su convivencia democrática. Lo que necesita es convertir esas capacidades en una voluntad colectiva que rechace con firmeza la intimidación y exija resultados a quienes tienen responsabilidades públicas.

Y ésa es la sentencia: Jalisco no puede permitir que quienes recurren al fuego, la destrucción y las agresiones pretendan decidir el destino de una sociedad que ha construido su desarrollo mediante el trabajo, la participación y el esfuerzo de generaciones.

La exigencia de agua limpia es legítima y debe ser atendida; la violencia es inaceptable y debe ser investigada y sancionada. Pero la respuesta no puede limitarse a esperar que las autoridades resuelvan solas una crisis de convivencia que nos involucra a todos. Hoy corresponde a trabajadores, empresarios, profesionistas, estudiantes, académicos, organizaciones sociales y familias levantar una voz común, pacífica y decidida para defender a Jalisco. Porque el agua contaminada exige soluciones urgentes, pero permitir que la violencia contamine también nuestra convivencia sería añadir una tragedia evitable a un problema que ya es demasiado grave. ¡Defendamos juntos a Jalisco, con la fuerza de la ley, la razón, la participación ciudadana y la paz!

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