Créditos y costo de vida se encarecerían en Colombia ante el desajuste de dinero que le dejó Gustavo Petro al país: “Es dispararnos en el pie”

El déficit fiscal de Colombia cerraría 2026 en 7,2% y subiría a 9,4% en 2027, según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), en un contexto en que la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto (PIB) y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), permanecerá suspendida hasta ese año. El deterioro de las cuentas públicas puede presionar la inflación, encarecer el crédito y afectar el empleo.

Dicho descuadre aumenta por el gasto que dejó la pandemia, decisiones de recaudo con efectos transitorios y previsiones oficiales de ingresos que expertos consideran demasiado optimistas, además de la falta de disciplina asociada a la polarización política.

Para los ciudadanos, según el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes David Pérez-Reyna, el resultado puede traducirse en precios más altos, préstamos costosos y menor capacidad de contratación.

Precisamente, el Carf calcula que el déficit llegará al 7,2% en 2026 y al 9,4% al año siguiente, después de que Colombia incumpliera la regla fiscal en 2025. Un déficit surge cuando los gastos estatales exceden los ingresos durante un período; financiarlo con deuda pública es habitual, pero el riesgo crece si su peso frente al producto interno bruto aumenta de forma pronunciada.

Antes de la pandemia de covid-19, el déficit colombiano equivalía al 2,5% del producto interno bruto (PIB) en 2019. Durante la emergencia sanitaria alcanzó 7,8%, bajó a 4,2% en 2023 y ahora se encamina a superar aquellos niveles, según las estimaciones del Carf.

Cómo el déficit fiscal puede afectar a los hogares

Pérez-Reyna, durante el IX Congreso de Economía Colombiana de la Universidad de los Andes, afirmó que “el Estado tiene una dimensión suficiente para incidir en el costo de vida cuando gasta por encima de sus ingresos”. Según él, ese desequilibrio puede mantener la inflación por encima de las metas del Banco de la República, con efectos sobre los precios que pagan los hogares.

La situación fiscal también influye en el costo de los préstamos. Dijo el experto que como la deuda pública suele ser la referencia más segura del mercado, un aumento de la tasa que debe pagar el Estado puede elevar las condiciones de financiamiento para empresas y familias, incluidos los créditos hipotecarios.

El académico rechazó la idea de que el Banco de la República modifica sus tasas para favorecer o perjudicar a los gobiernos. Según el economista, “la autoridad monetaria responde a las condiciones de la economía, y no a una decisión aislada de carácter político”. Así las cosas, “las tasas más elevadas, una menor capacidad de endeudamiento y los recortes de gasto pueden reducir la contratación tanto en el sector público como en el privado”.

También advirtió sobre la dominancia fiscal, escenario en el que el Gobierno subordina al banco central y lo obliga a recurrir a la emisión monetaria para cubrir el faltante presupuestario. Considera, sin embargo, que ese peligro sigue lejos para Colombia por la independencia constitucional del Banco de la República. Y compara la coyuntura actual con la situación más grave que el país ha atravesado en materia fiscal desde la Guerra de los Mil Días.

Pandemia, recaudo y polarización detrás del deterioro

Durante el evento, el economista de la Universidad de Minnesota Timothy Kehoe planteó que “la política fiscal responsable no es ni de derecha ni de izquierda”. El especialista añadió que “la polarización política lleva a la falta de disciplina fiscal”, al impulsar gastos que terminan como deuda para administraciones posteriores.

Pérez-Reyna coincide en que la confrontación política afecta las decisiones fiscales, aunque identifica otros elementos. Según explicó, Colombia había conservado históricamente una mayor disciplina fiscal que otros países de la región, lo que le permitió enfrentar distintas crisis. Precisó que la pandemia alteró esa trayectoria: la atención de la emergencia y las ayudas para hogares vulnerables elevaron el gasto público.

Ante la recuperación, el país redujo el déficit hasta 4,2% en 2023, una mejora que el profesor describió así: “Colombia estuvo a nada de solucionar el problema de tener un déficit fiscal primario”.

Según el docente, la reforma tributaria de 2022 de Gustavo Petro produjo una mejora transitoria porque aumentó las retenciones empresariales y adelantó a 2023 ingresos que correspondían a 2024. El economista cuestiona que las cuentas oficiales proyectaran luego recaudos similares, pese a que esos recursos extraordinarios no se repetirían.

Medidas planteadas para corregir las cuentas públicas

David Pérez-Reyna propone reformar el marco legal por medio del Congreso para que el presupuesto tenga mayor margen de ajuste. También plantea “sincerar las cuentas públicas y desmontar los subsidios generalizados a la gasolina y al diésel, pues mantener precios artificialmente bajos traslada el costo al conjunto de la economía”.

En el frente de los ingresos, el académico se opone a elevar las tarifas tributarias vigentes, sobre todo las del impuesto de renta empresarial.

Considera que la carga sobre las compañías ya es alta frente al promedio latinoamericano e incluso frente a países escandinavos: “Las empresas son un medio que los humanos creamos para hacer cosas y generar riqueza. La mayoría de los colombianos somos empleados y vivimos de nuestro salario. Entonces, atacar a las empresas, es dispararnos en el pie”.

Valora que el Gobierno reconozca el problema y busque respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI). También menciona como factores favorables el fortalecimiento del peso y la ausencia de una emergencia comparable a la pandemia, aunque insiste en que las decisiones deben llegar pronto.

La corrección fiscal dependerá de que el ajuste no quede subordinado a cálculos políticos de corto plazo. El docente de la Universidad de los Andes insistió en proteger la actividad empresarial y el empleo, lo cual forma parte de evitar que el desequilibrio público termine por recaer sobre los ingresos de los trabajadores.