Marcelo Gallo Tagle habló sobre el Consejo de la Magistratura: “Tenemos que evitar que los trámites se eternicen”

La conversación con Marcelo Gallo Tagle transcurre durante su escala en Río de Janeiro, camino a Lisboa. El juez habla pausado. Da la impresión de que sopesa cada palabra antes de exponer su posición, como si buscara a conciencia articular sus argumentos de la forma más clara posible. Viaja a Portugal para participar una vez más de la asamblea anual de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), que se desarrolla entre el 15 y el 21 de octubre.

Gallo Tagle participa en esas jornadas en calidad de secretario general del Grupo Iberoamericano que funciona dentro de la organización. “La idea es interiorizarnos sobre los problemas de cada uno de los países y las salidas para cada uno de esos problemas”, explicó a Infobae.

El evento internacional lo encuentra, por lo demás, a pocos días de haber sido electo para integrar el nuevo Consejo de la Magistratura de la Nación. Encabezó la Lista Bordó, que obtuvo 203 votos, el 33,1% del total, y se convirtió en la fuerza más votada entre los jueces nacionales y federales. La definición estuvo cerca de darle además una segunda banca: al aplicarse el sistema D’Hondt, el segundo cociente de la Bordó quedó en 101,5, apenas medio punto por debajo de los 102 de la Lista Celeste N°1. El resultado terminó así con un representante para cada una de las cuatro fuerzas que participaron de los comicios.

Además de Gallo Tagle, ingresarán al organismo Juan Manuel Culotta, por Compromiso Judicial; Gabriela Vázquez, por la Lista Celeste N°2; y Paula Castro, por la Lista Celeste N°1. Los cuatro reemplazarán en noviembre a Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, ambos de la Lista Bordó; Alberto Lugones, de la Lista Celeste; y Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial. Sus mandatos se extenderán entre 2026 y 2030.

“El resultado es lo que resolvieron los jueces en la elección. Una de las listas apareció fraccionada y, al fraccionarse, generó el clima de diversidad de postulaciones. Claramente, hubiéramos querido mantener y conservar las dos vacantes, pero considero que el resultado nos obliga a trabajar en consonancia con ese mensaje”, reconoció Gallo Tagle por teléfono.

Titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 17, tiene una extensa trayectoria en el asociacionismo judicial. Presidió la casi centenaria Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional entre 2018 y 2023 y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) entre 2024 y 2026.

En breve pasará a formar parte del engranaje de ese organismo creado con la reforma constitucional de 1994 e integrado al Poder Judicial, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, encargado de seleccionar a los jueces y administrar sus recursos, y con atribuciones para dictar reglamentos, ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados y promover, eventualmente, su remoción. Su agenda para esa nueva etapa, dice, tiene entre sus ejes los tiempos de los procedimientos, el sistema de selección de magistrados y los límites de la potestad disciplinaria.

—Con cuatro representantes provenientes de espacios distintos, ¿cómo imagina la dinámica del estamento judicial dentro del Consejo?

—Considero que no habrá problemas. Las diferencias entre los distintos grupos que se presentaron en los comicios pueden estar en algún matiz sobre cómo evaluar o abordar un tema específico, pero no sobre los grandes principios. Ninguno va a trabajar en contra del Poder Judicial, del respeto por la división de poderes, del no avasallamiento y de la independencia judicial. No me cabe la menor duda.

Uno de los asuntos en los que espera encontrar coincidencias el magistrado de 65 años es el expediente disciplinario contra el juez civil Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91, que hoy por hoy tramita ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Es una causa que comenzó en 2023 a partir de una denuncia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal por distintas resoluciones en las que Goggi declaró de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales y dejó sin efecto el sistema de la Unidad de Medida Arancelaria. Varias de esas decisiones fueron posteriormente revocadas por distintas salas de la Cámara Civil.

En agosto de este año, la Comisión de Disciplina aprobó por mayoría un dictamen que propuso aplicarle una multa equivalente al 35% de sus haberes. Los tres representantes del estamento judicial que integran esa comisión votaron en contra, al advertir sobre el riesgo de avanzar sobre el contenido de las decisiones jurisdiccionales. La mayoría entendió, en cambio, que el reproche no se sustentaba en una sentencia aislada, sino en la reiteración de una misma conducta en diferentes expedientes.

—¿Por qué considera que el Consejo no debería avanzar en ese caso?

—Primero, este avance de juzgar a un juez por el contenido de una sentencia es una locura. En este momento está ocurriendo con dos jueces, el juez Goggi es uno. Se está ingresando en un terreno que no es competencia del Consejo de la Magistratura: evaluar el contenido de las sentencias.

Segundo, la Cámara Civil jamás le llamó la atención ni le sacó los expedientes. Esa independencia de criterio que cada uno tiene para juzgar, todas las salas de la Cámara Civil se la respetaron. Jamás le dijeron que cambiara el criterio. Se limitaron a modificar el fallo si consideraban que correspondía. Esto una cuestión de criterio y no puede ser objeto de revisión. Es la primera vez que se van a meter con el contenido de los fallos: la premisa fue siempre desestimar las denuncias que cuestionaban el contenido. El Consejo no es un órgano de revisión de fallos judiciales.

Creo es un tema que nos preocupa por igual a los cuatro. Sentados a trabajar, tendremos matices en cómo encarar el tema, pero en la sustancia no hay ningún tipo de discrepancia.

—¿Cuáles van a ser sus prioridades concretas cuando asuma en noviembre? ¿En qué temas del funcionamiento del Consejo considera que hay que avanzar primero?

—Uno es este del que te hablé. Después hay que trabajar para abreviar el plazo de los concursos. Trabajar en los concursos anticipados. Hay que extender ese procedimiento para poder hacer los trámites más breves dentro de la Comisión de Selección. Tenemos que buscar mecanismos que brinden una mayor transparencia al proceso: por ejemplo, tabular las entrevistas, fijar un porcentaje tope de mejora del resultado de la entrevista. La evaluación de antecedentes y oposición está tabulada; la entrevista, no. Las entrevistas, además, tendrían que profundizar en cómo se reaccionaría frente a determinada situación de crisis. No podés no darle relevancia a los antecedentes y darle más relevancia al aspecto académico. Los concursos tienen que seleccionar a un juez y no a un catedrático.

En ese marco se inscribe la discusión que trajo a la luz pública la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, firmada en marzo de este año por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que contiene una propuesta de reforma del régimen de concursos para la selección de magistrados. La iniciativa, en rigor, plantea modificaciones en distintas etapas del proceso y apunta a reforzar criterios de mérito, idoneidad, transparencia y previsibilidad.

—¿Ese proyecto puede servir como base para la reforma de los concursos?

—Es una propuesta entre otras sobre las que vamos a trabajar.

—Más allá de los concursos, ¿qué funcionamiento del Consejo imagina?

—Uno que intente darle actividad y claridad a los trámites para que se vea en qué se gasta y cómo. La tarea será buscar un Consejo más eficiente, más cercano a la gente, más rápido en la resolución de cada tema que se trata. Tratar de que todo sea más ágil, respetando la ley. Avanzar en todo aquello que haga al Consejo más ágil, más rápido en las respuestas que tiene que dar de cara a la sociedad.

Otro de los ejes sobre los que fijó posición Gallo Tagle, nacido en la Capital Federal y egresado de la Universidad de Buenos Aires, fue el debate por un eventual Código de Ética para magistrados. El juez no cuestiona que las reglas actualmente dispersas puedan concentrarse en un único cuerpo, pero entiende que el eventual tribunal encargado de aplicarlas debería estar integrado exclusivamente por miembros de la magistratura.

—¿Cuál es su posición frente a la posibilidad de crear ese Código?

—No estamos en contra de un Código de Ética; todo lo contrario. La Asociación ya se pronunció hace prácticamente 30 años, en sintonía con fallos de la Corte. Hoy por hoy tenemos reglas que nos regulan y somos sancionables. Hay un montón de normas, del Reglamento para la Justicia Nacional, acordadas del Máximo Tribunal, con regulaciones sobre las conductas de los jueces.

Insisto, no estamos en contra de que haya un Código y que se regule en un solo cuerpo lo que ya existe. Pero tiene que estar reglamentado, armado y juzgado exclusivamente por jueces, no por gente ajena a la Justicia, porque los demás cuerpos con códigos de ética no están integrados por personas ajenas a quienes los regulan. Bajo ningún concepto puede hacerse que en ese tribunal intervengan personas que no son jueces.

La objeción del magistrado, con todo, apunta a la composición de ese eventual órgano de aplicación. A su entender, si se crea un tribunal de ética para magistrados, debería ocurrir lo mismo que en otros cuerpos profesionales -como la abogacía-, cuyos regímenes deontológicos son aplicados por integrantes de la propia actividad y no por personas ajenas a ella.

“Yo quiero que me auditen, no tengo ningún problema -afirmó Gallo Tagle-. Y quiero que rajemos al juez que no merece ser juez, porque me molesta que alguien haga algo mal y, a nivel general, se diga: ‘Todos los jueces son iguales’. La realidad es que la inmensa mayoría labura muy honestamente y pone un esfuerzo enorme para cubrir las falencias que tiene el sistema, tanto en recursos humanos como materiales, y el trabajo sale igual. No queremos proteger ni encubrir al que hace las cosas mal, para nada”.

Así las cosas, en noviembre para Gallo Tagle comenzará una etapa distinta a la que transitó durante años desde las organizaciones de magistrados. Esta vez deberá intervenir directamente en concursos, cuestiones administrativas ligadas a la Justicia y expedientes disciplinarios dentro del organismo, que está atravesando una fase de renovación de sus miembros.

Entre los asuntos que enumera el consejero electo para ese desembarco vuelve, una y otra vez, la misma preocupación: que quienes tengan que pasar por el Consejo obtengan una respuesta dentro de un plazo razonable.

“Hay que escuchar muchísimo a todos los que tengan que transitar por el Consejo, sean candidatos o personas sometidas a una investigación, evitando que los trámites se eternicen”, comentó el magistrado antes de embarcar.