Más de 100 líneas de colectivos del AMBA dicen que bajarán frecuencias si no se resuelve el problema de rentabilidad

El sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sumó un nuevo capítulo a la discusión que las empresas y el Gobierno nacional arrastran desde hace meses: quién paga la diferencia entre lo que cuesta mantener un servicio en la calle y lo que ese servicio recibe. Esta vez, las cámaras que agrupan a los operadores pusieron por escrito una advertencia que hasta ahora circulaba en reuniones con funcionarios: si no hay una respuesta, el servicio se va a achicar.

Cuatro entidades, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba, que representan a las empresas del transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, difundieron un comunicado conjunto. En el texto sostienen que la situación económica y financiera de las prestadoras “pone en riesgo la continuidad y regularidad de los servicios” y reclaman medidas urgentes.

Según el documento, pese a las gestiones y reuniones con las autoridades nacionales, “aún no se han definido mecanismos concretos para actualizar la estructura de costos ni recomponer los ingresos del sector”. Las cámaras describen así un escenario en el que hubo contactos, pero no una fórmula acordada que les devuelva previsibilidad.

La advertencia central llega hacia el final del comunicado. Si no se obtienen respuestas, afirman, “las compañías se verán obligadas a restringir progresivamente la prestación de los servicios, administrando los recursos disponibles para evitar una paralización total del sistema”. El texto no precisa en qué consistiría esa restricción ni desde cuándo se aplicaría, pero plantea que sería gradual y que el objetivo es evitar un freno completo. En total, son más de 100 las líneas afectivas que se verían afectadas.

Un error de cálculo

Las empresas aseguraron que el problema se agravó en los últimos meses por “un error en la proyección de la recaudación entre junio y octubre, que sobreestimó en $40.000 millones los ingresos previstos”. En el comunicado agregan que “este desfasaje generó un perjuicio económico que todavía no ha sido compensado”. El documento no indica quién elaboró esa proyección.

A ese punto suman lo que llaman reclamos históricos por costos insuficientemente reconocidos, entre ellos “la adquisición de unidades, el gerenciamiento y otros gastos indispensables para la prestación del servicio”. También cuestionan los índices de operatividad, que según el texto “penalizan a las empresas por la antigüedad de sus unidades, cuando las condiciones económicas impiden renovar el parque móvil”.

El calendario inmediato, advierten las cámaras, agrega presión. El comunicado menciona la proximidad del pago de aguinaldos, nuevas negociaciones paritarias y “el incremento sostenido de los costos de explotación”, todo “sin definiciones claras sobre política tarifaria ni compensaciones”. Las empresas sostienen que hicieron esfuerzos para sostener los servicios, pero que “resulta imposible continuar absorbiendo el creciente desequilibrio entre costos reales e ingresos reconocidos”.

El déficit mensual clave

El desequilibrio del sistema de transporte tiene una medición concreta en el Índice Bondi de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) para el AMBA. Según el estudio, en septiembre el costo real estimado del sistema fue de $453.495,79 millones, mientras que las estructuras oficiales reconocieron $361.692,50 millones. La diferencia, de $91.803,29 millones en un solo mes, es la que el índice presenta como pérdida para la calidad del servicio, las frecuencias, la seguridad y la renovación de flota.

La cuenta por pasajero va en la misma línea. El índice calcula el costo real del boleto, sin subsidio, en 2.494,13 pesos. La cobertura tarifaria es de 33,91%, es decir que el boleto cubre sólo alrededor de un tercio de ese costo. El déficit por boleto, la diferencia que no queda cubierta por cada pasajero, es de 456,92 pesos.

Los datos de demanda completan el panorama. En septiembre, el sistema registró 200,9 millones de pasajeros en el mes, frente a 225,379 millones de un año atrás, una baja de 10,88 por ciento. La flota activa, en tanto, fue de 16.700 unidades, contra 17.310 en septiembre de 2025, una caída de 3,52 por ciento. Es decir que el sistema transporta menos gente y circula con menos coches que hace un año, un dato que repercute directamente en la recaudación por boleto.

Un pedido de reglas claras

Las cámaras reconocen en el comunicado el efecto que una reducción de servicios tendría sobre los usuarios. “Somos conscientes de las dificultades que esta situación ocasionará a los millones de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público y les pedimos sinceras disculpas por los inconvenientes que puedan generarse”, escriben, y aclaran que por eso advierten “con anticipación” sobre la gravedad del cuadro y la necesidad de soluciones inmediatas.

El reclamo de fondo se resume en una sola frase: “La continuidad del transporte público requiere una estructura de costos realista, recursos suficientes y reglas claras y previsibles”. Las entidades dejan abierta la vía de la negociación, aunque con una condición. “Reiteramos nuestra disposición al diálogo, pero es imprescindible que los compromisos asumidos se traduzcan en decisiones concretas que garanticen la continuidad de un servicio público esencial”, concluyen.