El sentido de la universidad pública argentina

¿Para qué sirve la universidad en la Argentina? ¿Cuál es su valor estratégico para la sociedad? La cuestión del sentido de la universidad excede la discusión sobre su financiamiento pues, además, se enlaza con el tipo de sociedad que queremos construir y con el lugar que ocupa el conocimiento en ella. Desde la idea de una «universidad sin condición», de Jacques Derrida, que reivindica la libertad académica y la capacidad de cuestionar los poderes establecidos, hasta la crítica de Bill Readings a la universidad corporativa, subordinada a las métricas de la «excelencia» y a las lógicas de gestión empresarial, distintas tradiciones del pensamiento advierten sobre los límites de reducir la universidad a la formación profesional o a la producción de resultados cuantificables. La experiencia de la universidad pública argentina permite dimensionar la amplitud de ese valor estratégico. A su contribución sostenida al desarrollo científico y tecnológico y a la formación de profesionales se suman la promoción del pensamiento crítico, el fortalecimiento de la vida democrática como espacio de convivencia plural y de diálogo entre diferencias, y su aporte a la construcción de una sociedad más justa.

La universidad pública argentina es una de las instituciones más prestigiosas y valoradas tanto en nuestra sociedad como fuera de nuestras fronteras. Pero en un momento como el actual, en que es cuestionada y puesta en riesgo por políticas de desfinanciamiento, parece necesario reafirmar una vez más su sentido.

Nuestra universidad pública ha contribuido históricamente a construir una sociedad más igualitaria. Su gratuidad y el acceso abierto permiten que miles de jóvenes y adultos accedan al conocimiento y a un título universitario, posibilidad que, de otro modo, estaría fuera de su alcance. Para muchos, en consecuencia, representa una herramienta concreta de movilidad social y la oportunidad de transformar su futuro.

La dimensión de este aporte se refleja también en el crecimiento de la matrícula universitaria. Al comienzo de la recuperación de la democracia, en 1983, las universidades públicas argentinas contaban con aproximadamente 338.000 estudiantes, equivalentes al 1,2 % de la población del país en ese momento. En 2024, esa cifra había ascendido a 2.066.151 estudiantes, lo que equivale a más del 4,4 % de la población argentina, y si se incluye el sector privado la proporción alcanza el 5,5 %.

Pero el impacto de la universidad pública trasciende a quienes estudian y se gradúan. Cuando una persona es la primera de su familia en llegar a la universidad, no solo transforma su propia vida: también amplía los horizontes de quienes la rodean. Sus familiares, amigos y vecinos comienzan a imaginar que ese camino también es posible para ellos. Así, la universidad pública no solo abre puertas individuales, sino que multiplica oportunidades y contribuye a construir una sociedad con mayor igualdad.

La universidad pública es uno de los pilares del sistema científico y tecnológico argentino. En estrecha articulación con organismos como el CONICET, la CNEA, el INTI y el INTA, participa de la producción de conocimiento científico, el desarrollo de nuevas tecnologías y la formación de profesionales e investigadores. Su contribución resulta crucial para áreas clave de la economía y la sociedad, desde la industria y la producción agropecuaria hasta la salud y la innovación tecnológica. Heredera de una tradición que dio a la Argentina tres premios Nobel en ciencias, su investigación en algunas disciplinas dialoga hoy con la producción de punta a nivel mundial.

La importancia de las universidades nacionales también se refleja en la formación de recursos humanos en disciplinas científicas y tecnológicas. Según los datos disponibles, las ciencias básicas y aplicadas reúnen 736.890 estudiantes de pregrado y grado, equivalentes al 28,2 % de la matrícula universitaria total. De ese conjunto, el 87% estudia en universidades nacionales y el 13% en instituciones privadas. Se trata de campos que abarcan, entre otras disciplinas, la ingeniería, la informática, las ciencias agropecuarias y biológicas, la física, la química, la matemática y la farmacia y bioquímica, además de áreas vinculadas con la industria, la arquitectura y el diseño. Estos datos dan cuenta del papel central de las universidades públicas en la formación de las capacidades profesionales y científicas que el país necesita para producir, innovar y desarrollar tecnología.

Pero una sociedad no vive sólo de lo útil en términos tecnológicos y económicos. También necesita la formación humanística y artística, así como la que otorgan las ciencias sociales, haciendo posible de este modo la realización de vocaciones diversas. La gestión del mundo no se concibe, en efecto, sin pensamiento. La universidad no solo responde a las demandas del presente, también lo interroga y como el dios Jano es capaz tanto de mirar hacia el pasado como de atisbar el futuro. Su tradición de autonomía universitaria, por otra parte fundante en América, le permite producir, sin condicionamientos, pensamiento crítico capaz, por ejemplo, de advertir sobre los riesgos para la vida humana de transformaciones tecnológicas, económicas o ambientales, y en consecuencia, de proponer soluciones o caminos alternativos.

Cuando la sociedad enfrenta una coyuntura crítica, como la pandemia de COVID-19, la universidad pública está en condiciones de responder con rapidez creando vacunas, test rápidos de detección de virus, insumos de protección con nanotecnología y redes de asistencia epidemiológica territorial, porque cuenta con conocimiento acumulado, investigadores formados, laboratorios funcionando y, sobre todo, un fuerte compromiso con el bienestar de su comunidad.

La universidad, asimismo, transforma su entorno a través de la extensión universitaria, llevando el conocimiento a otros sectores de la sociedad. Capacita a trabajadores, funcionarios públicos y cooperativas; transfiere desarrollos a empresas y organismos del Estado; ofrece servicios de salud y atención a la comunidad; y produce diagnósticos que ayudan a los gobiernos a diseñar políticas públicas.

Reconocer todo este patrimonio intelectual acumulado y su valor social no implica evadir las áreas de mejoramiento sobre las que la universidad pública debería prestar mayor atención. Las universidades públicas son instituciones reflexivas de sus propias dinámicas y procesos, y por ello, son conscientes de la urgencia de mejorar sus indicadores de graduación —optimizando las tasas por cohorte y acortando la duración media real de las carreras—, así como de la necesidad de flexibilizar y modernizar sus diseños curriculares para adaptarse a las transformaciones que experimenta el mundo de las profesiones en la era digital.

Todo esto es lo que hoy está en riesgo cuando se cuestiona el sentido de la universidad pública desde argumentos puramente presupuestarios. El desfinanciamiento se traduce en la renuncia de docentes e investigadores, laboratorios que dejan de producir ciencia y estudiantes que abandonan su carrera porque no pueden sostener sus estudios. Esto tiene un costo que no es visible: se pierden capacidades de formación, investigación y extensión que llevó décadas construir, y que cuesta mucho recuperar.

Frente a este escenario, la comunidad universitaria, junto con buena parte de la sociedad, han salido a las calles en defensa de la universidad pública, con la convicción de que es una de las herramientas que tiene nuestra sociedad para construir un futuro común y mejor.

Tal vez ese sea su sentido más profundo, sobre el que se sostiene la esperanza de cada joven que cruza sus puertas para forjarse un porvenir, y de una sociedad que confía en que la universidad contribuye a una vida mejor. Defender la universidad pública es, en el fondo, defender la posibilidad de que la Argentina siga proyectando futuro.

*El texto fue elaborado por José Maria Casco, Jose Luis Zárate, Daniel Malcolm y Áurea Días del Observatorio de Educación Superior y Políticas Universitarias de la UNSAM