¿Ética o marketing institucional? Los límites del poder

El 13 de octubre, Reuters informó que OpenAI y Anthropic habían buscado controlar las publicaciones de evaluadores externos, invocando la protección de información confidencial. Ambas defendieron la independencia de las evaluaciones y precisaron que las condiciones variaban según la información y los evaluadores. El episodio plantea una pregunta: ¿qué garantías permiten proteger los secretos comerciales sin comprometer la publicación de hallazgos relevantes para la seguridad? Esto revela la distancia entre los valores proclamados y los límites efectivamente asumidos.

Ética, transparencia, responsabilidad y dignidad destacan frecuentemente en el discurso institucional. Sin embargo, la multiplicación de declaraciones morales no garantiza decisiones moralmente justificables. El lenguaje ético puede convertirse en un recurso reputacional mientras las decisiones continúan subordinadas a la conveniencia, la rentabilidad o el poder. La cuestión, entonces, no es cuánto se habla de ética, sino cuánto se está dispuesto a hacer comprensibles los criterios que orientan las decisiones, las responsabilidades que generan y los límites que imponen.

Una institución no demuestra compromiso ético por publicar un código de conducta. Lo demuestra cuando impide una operación lucrativa pero injustificable, cuando una autoridad acepta revisar una decisión arbitraria o cuando un procedimiento protege derechos aun a costa de eficiencia.

La generación de imágenes sexualizadas de personas reales sin consentimiento mediante Grok motivó, en enero de 2026, investigaciones de Ofcom y de la Comisión Europea sobre X y sus mecanismos de protección y mitigación de riesgos. Que una tecnología pueda modificar imágenes personales no significa que deba permitirse cualquier utilización. Proclamar una innovación responsable no basta, se necesitan prevención, controles verificables, mecanismos de reparación y responsabilidades identificables.

También sucede con los datos genéticos. El 28 de mayo de 2026, la Fiscalía General de California demandó a Chrome Holding Co., conocida también como 23andMe, por presuntas deficiencias en la protección de información sensible y comunicaciones supuestamente engañosas relacionadas con una filtración de 2023 que afectó a casi siete millones de usuarios. Si bien su resolución corresponde al proceso judicial, el caso plantea qué obligaciones de protección, información y rendición de cuentas asume una organización que custodia datos capaces de comprometer la intimidad biológica personal y familiar.

En Argentina, la investigación federal sobre la presunta filtración de datos atribuida a Work Management exige esclarecer responsabilidades y controles. Sin anticipar conclusiones judiciales ni atribuir responsabilidades no demostradas, el caso permite formular una exigencia general: toda organización que administra información personal debe poder explicar cómo la protege, qué riesgos prevé y quién responde cuando fallan los mecanismos de seguridad. La controversia sobre el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos en CABA, suspendido judicialmente en 2022 y aún cuestionado en 2026, evidencia que la innovación estatal también exige límites verificables. La seguridad pública no justifica por sí sola tecnologías de vigilancia sin controles adecuados de proporcionalidad, privacidad y responsabilidad. Un fin legítimo no convierte automáticamente en legítimos los medios utilizados.

Los problemas no se limitan a la privacidad. El 13 de octubre, Reuters informó que supervisores bancarios estadounidenses y europeos intensificaban la evaluación de sistemas de IA capaces de actuar autónomamente. Examinaban la supervisión humana, la seguridad informática, la capacidad de auditar operaciones y los mecanismos para interrumpir sistemas que puedan comportarse peligrosamente.

Una tecnología responsable no es sólo aquella que funciona eficazmente, sino aquella cuyo funcionamiento puede ser controlado, cuestionado y detenido. Aquí se encuentra el núcleo de la perspectiva que desarrollo y denomino Ética del Límite: el ejercicio legítimo del poder no se mide exclusivamente por aquello que permite realizar, sino también por aquello que obliga a no hacer.

El límite no es una prohibición arbitraria ni una renuncia al progreso. Es una condición de legitimidad. Protege a las personas frente a decisiones técnicamente exitosas, económicamente rentables o jurídicamente admisibles y, sin embargo, moralmente injustificables.

Aristóteles comprendió que la frónesis o prudencia exige deliberar correctamente ante situaciones concretas. Max Weber recordó que la ética de la convicción debe confrontarse con la ética de las consecuencias de la acción. Hans Jonas advirtió que el creciente poder tecnológico exige mayor responsabilidad. Estas perspectivas permiten comprender una exigencia común: ningún poder queda moralmente legitimado por su sola capacidad de actuar.

Así, las organizaciones deben superar la confusión entre disponer de protocolos, manuales o comités de ética y actuar éticamente. Una empresa puede declarar tolerancia cero a la corrupción y mantener incentivos comerciales que favorezcan conductas abusivas. Un hospital puede invocar la autonomía del paciente sin garantizar que comprenda las alternativas terapéuticas. Una universidad puede proclamar meritocracia mientras tolera decisiones discrecionales. Un organismo público puede prometer transparencia sin explicar cómo distribuye recursos, selecciona beneficiarios o determina prioridades. El problema no es necesariamente la ausencia de valores, sino la falta de mecanismos que los conviertan en procedimientos y obligaciones concretas.

Por eso, la comunicación de la ética debe recorrer tres niveles: el declarativo, el argumentativo y el operativo.

Este último es decisivo. Una declaración sobre dignidad debe traducirse en procedimientos que impidan la instrumentalización de personas. La transparencia debe expresarse en criterios accesibles de decisión. La responsabilidad debe identificar sujetos obligados a responder. La justicia debe establecer límites frente a distribuciones arbitrarias de beneficios y cargas. Sin esa traducción, la ética queda reducida a publicidad.

Desde la Ética del Límite propongo abordar las decisiones mediante cinco operaciones vinculadas: identificar el problema, reconocer valores en conflicto, determinar consecuencias, justificar criterios y establecer límites.

Aplicar esta metodología supone preguntarse, antes de implementar una decisión, qué derechos podrían verse afectados, qué evidencia la fundamenta, qué alternativas existen, qué riesgos son razonablemente previsibles y quién asumirá la responsabilidad por sus resultados.

También exige revisar incentivos organizacionales, diseñar mecanismos de objeción, detectar conflictos de interés, fortalecer controles y capacitar a quienes ejercen responsabilidades directivas. No se trata de reemplazar la gestión empresarial, sanitaria o pública por reflexiones abstractas, sino de incorporar una racionalidad ética que permita identificar problemas antes de que devengan en crisis.

Una institución que aprende a justificar sus decisiones y a reconocer límites legítimos puede reducir arbitrariedades, anticipar riesgos, fortalecer su gobernanza y generar confianza pública. Los resultados dependerán de cada organización, pero el principio es general: la prevención ética permite actuar antes de que los daños evitables exijan reparación. La ética, así comprendida, deja de ser un complemento decorativo de la administración para convertirse en una competencia estratégica de conducción. Para lograrlo, no hay que confundir una imagen favorable con una conducta justificable. La primera puede construirse mediante estrategias comunicacionales. La segunda exige coherencia, procedimientos y decisiones responsables.

La comunicación ética no consiste en convencer a la sociedad de que una institución posee valores, sino en demostrar qué consecuencias producen esos valores incluso cuando hacerlo implica reconocer errores, resignar ventajas o restringir facultades. Para ello, toda autoridad empresarial, política, profesional o académica debería poder responder una pregunta elemental: ¿qué estamos dispuestos a dejar de hacer para respetar los principios que proclamamos? Si la respuesta es nada, probablemente no estemos hablando de ética, sino de marketing.

Nuestro tiempo no necesita instituciones que repitan más intensamente las palabras dignidad, transparencia o responsabilidad. Necesita dirigentes capaces de convertirlas en criterios verificables para decidir, actuar y rendir cuentas. Porque la ética no se demuestra cuando resulta conveniente proclamarla, sino cuando obliga a reconocer un límite.