Donar o vender: ¿Qué hace realmente el régimen cubano con la sangre de sus ciudadanos?

El creador de contenido cubano Alexey Marrero cuestionó públicamente el destino de la sangre donada en Cuba tras enfrentarse a una emergencia familiar.

Según relató Marrero, cuando un pariente necesitó una transfusión urgente, los suministros en el centro hospitalario “no aparecían”, obligando a sus familiares a “mover cielo y tierra” para encontrar un donante voluntario por sus propios medios.

A raíz de esta experiencia, el influencer denunció la severa falta de transparencia de las instituciones de salud estatales y acusó al régimen cubano de comercializar la sangre y sus derivados para obtener beneficios económicos a costa del altruismo de la ciudadanía.

Marrero articuló su reclamo con una interrogante central: “¿Qué pasa en Cuba si hay tantas donaciones de sangre? ¿Dónde va a parar esa sangre?”.

Para sostener sus afirmaciones, el creador citó datos históricos del Observatorio de Complejidad Económica y reportes presentados ante el Congreso de Estados Unidos, los cuales indican que entre 1995 y 2014 el gobierno cubano obtuvo alrededor de 700 millones de dólares por la exportación de sangre y derivados.

Marrero enfatizó que los ciudadanos acuden a donar de manera voluntaria creyendo que su gesto respaldará a los hospitales locales y a pacientes accidentados, no para que el Estado lucre con ello.

Ante este panorama, el destino de las donaciones en la isla enfrenta dos narrativas opuestas: el discurso oficial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y las investigaciones de medios independientes y organizaciones de derechos humanos.

El MINSAP sostiene que el Programa Cubano de Sangre se nutre de donaciones voluntarias organizadas por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). De acuerdo con las autoridades:

• Uso asistencial: La sangre recolectada se destina a cirugías, tratamientos oncológicos, atención materna y emergencias.
• Procesamiento farmacéutico: Alrededor del 95% de las unidades se fraccionan en componentes (glóbulos rojos, plaquetas y plasma). El plasma es procesado por la industria biotecnológica local para elaborar hemoderivados e insumos médicos destinados a la red sanitaria nacional.

Sin embargo, Organizaciones independientes como Archivo Cuba y medios como elTOQUE han documentado que el Estado cubano comercializa plasma humano y hemoderivados en el mercado internacional para captar divisas.

Investigaciones basadas en bases de datos comerciales de la ONU muestran que, entre 1995 y 2019, Cuba exportó 794,2 millones de dólares en productos sanguíneos y 566.3 millones en derivados de tejidos y órganos. En 2016, reportes revelaron que en un solo año el régimen ingresó más de 34,5 millones de dólares por la venta de plasma, con destinos comerciales como Brasil.

Crisis hospitalaria, desabastecimiento y mercado negro

Mientras se promueven iniciativas de exportación, el sistema de salud interno atraviesa un grave deterioro en la disponibilidad de insumos transfusionales:

• Donantes de reemplazo: Es habitual que los hospitales condicionen las intervenciones quirúrgicas o la atención de urgencia a que los familiares del paciente lleven sus propios donantes.
• Caída en las donaciones: Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), las donaciones pasaron de más de 585,000 en 2003 a unas 250,845 en 2023, una reducción de casi el 53%. La migración masiva, la desnutrición y el desgaste físico de la población han mermado el número de donantes regulares.
• Progresión del mercado informal: Ante la escasez de insumos en los bancos de sangre y las demoras técnicas por falta de personal o recursos, ha proliferado un mercado negro donde los familiares pagan a terceros de forma privada para garantizar las transfusiones que los centros de salud no logran proveer.

En conjunto, las denuncias ciudadanas y los datos disponibles reflejan la necesidad de una mayor transparencia en la administración de los recursos biológicos del país, así como la urgencia de priorizar la atención médica y el abastecimiento de los hospitales locales por encima de los intereses comerciales del Estado.