Voces latinoamericanas reclaman tratado internacional contra abusos de las transnacionales

Isabel Saco

Ginebra, 16 oct (EFE).- Marcela Ramos (Chile), Moisés Borges (Brasil) y Candelaria Araoz (Argentina) han hecho el largo viaje desde sus países hasta Suiza para representar las voces de millones de habitantes de comunidades perjudicadas por empresas transnacionales en la negociación de un tratado internacional para obligarles a asumir sus responsabilidades.

Gobiernos de todo el mundo están reunidos en la sede europea de la ONU en Ginebra, donde está semana se han negociado los elementos de un tratado que imponga legalmente a las transnacionales el respeto de los derechos humanos donde sea que operen, incluso a través de una subsidiaria; la rendición de cuentas y la reparación para las víctimas.

Los activistas de la sociedad civil que luchan para sacar adelante este tratado sostienen que se trata de una "oportunidad histórica" y que tras haber recorrido un largo camino (doce años desde que se lanzó el proceso) es momento de pasar de la fase de redacción de un borrador de tratado a una negociación final para adoptarlo.

Como en toda negociación de este tipo, los países están divididos: los ricos -de los que provienen la gran mayoría de transnacionales- se oponen a un tratado fuerte y sostienen que es innecesario porque existen "principios" que ya rigen las actividades empresariales.

En cambio, los países del "Sur Global" lo apoyan porque ahora se sienten "desprotegidos" ante el poder que tienen esas empresas y lo ven como un forma de dar por primera vez a las víctimas acceso a la justicia.

Marcela Ramos representa a la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas de Chiloé (Chile), una región donde se ha producido en las últimas décadas salmón a escala industrial (empresas de Noruega, Canadá y Japón, principalmente), actividad en la que un centenar de trabajadores han muerto desde 2013 (diez solo este año).

"Esto ha significado muchas violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, al derecho a la vida. Diez trabajadores de la industria salmonera han fallecido en accidentes relacionados con negligencia laboral solo en lo que va de este año. Además, nuestra tierra y agua están absolutamente contaminadas por el uso de antibióticos ", explica a EFE.

Para la representante de la sociedad civil chilena, alcanzar un tratado en el marco de la ONU "significaría que las empresas no van a tener tanta impunidad y van a tener la obligación de reparar el daño provocado".

Como representante de Vía Campesina, un movimiento que abarca a 200 millones de campesinos en el mundo, el brasileño Moisés Borges ha compartido entre los delegados de los gobiernos dos de los numerosas tragedias en su país relacionadas con actividades de transnacionales: el colapso de dos represas de residuos mineros en Minas Gerais (en 2015 y 20219), que provocaron 300 muertes.

"Hasta hoy no hay ningún tipo de sanción a las empresas en el terreno penal, así que venimos aquí para exigir que se cree un tribunal internacional que juzgue a las empresas transnacionales que cometen estos crímenes... para que cumplan de forma obligatoria y no voluntaria los derechos humanos", declara.

El establecimiento de ese tribunal es uno de los objetivos centrales por los que lucha un grupo de países del Sur Global y la sociedad civil.

"Las empresas pueden demandar a los Estados pero no hay un mecanismo que funcione a la inversa, ni tampoco uno que asegure a las víctimas de violaciones un acceso a la justicia", explica la experta legal argentina Candelaria Araoz, que sigue estas negociaciones por varias organizaciones de la sociedad civil.

A las actividades tradicionales de producción industrial o extractivas de las transnacionales ahora se ha sumado el sector de la inteligencia artificial, de rápida expansión y que puede ser origen de nuevos tipos e violaciones de los derechos humanos, como lo explica Araoz:

"En Argentina estamos con una situación sumamente grave. Se está discutiendo y esperando la decisión de la Cámara de Senadores sobre un proyecto conocido como el 'Súper Rigi' que habilita la instalación de mega centros de datos, estableciendo prácticas sumamente extractivas y privilegios a las empresas por encima de los derechos humanos de las comunidades locales".

La semana de negociaciones concluye hoy, viernes, con la previsión de que se convoque a una nueva reunión el próximo año con la ambición de lanzar negociaciones finales hacia un acuerdo, que aunque no fuese ratificado por los países ricos daría un gran margen de maniobra a los países del Sur Global, donde se concentra buena parte de las cadenas de suministro, sin respetar en muchos casos de los derechos humanos. EFE

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