Más de una treintena de personas detenidas en protestas universitarias en Buenos Aires

Al menos 31 personas han sido detenidas en tras los disturbios ocurridos hacia el término de la quinta y multitudinaria Marcha Federal Universitaria celebrada este jueves en Buenos Aires --con réplicas en otras ciudades de Argentina--, que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y que ha sido escenario de enfrentamientos en los que las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos y empleado camiones hidrantes.

En concreto, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ha detenido a seis personas, todas ellas después de haber terminado la marcha. La primera, pasadas las cinco de la tarde (hora local) fue un adolescente de 14 años que habría lanzado piedras contra un vehículo policial. Poco después, agentes porteños han detenido a cinco manifestantes más, todos ellos imputados con atentado y resistencia a la autoridad a excepción del único menor de edad, de 17 años, que formaba parte del grupo, según ha recogido el diario "La Nación".

El mismo periódico recoge que, además, las autoridades nacionales han arrestado a otras 25 personas en los accesos a la estación de tren del barrio de Constitución, en el sur de la ciudad, según el Ministerio de Seguridad.

La cartera ha informado de un total de ocho agentes heridos: cuatro de Gendarmería, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval, mientras que desde la administración porteña han cifrado en 90 millones de pesos argentinos (53.000 euros) los destrozos causados en los disturbios, según ha recogido el diario "Clarín".

Tras las movilizaciones, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, ha manifestado en redes que "quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia", alegando que "en Argentina, nadie está por encima de la ley".

En este sentido, la cartera que dirige ha indicado ya que trabaja en una denuncia penal contra las personas involucradas en los disturbios, a quienes atribuye delitos de "resistencia y atentado a la autoridad; atentado al orden constitucional; y daño agravado", según "La Nación".

La respuesta policial, con gases lacrimógenos y cañones de agua, no ha estado exenta de críticas, llegando a afectar a los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, quienes se encontraban en las inmediaciones del edificio anexo de la Cámara de Diputados, alcanzado por los proyectiles de las fuerzas de seguridad, que han hecho que Moreau haya acabado atendida por personal médico.

DECENAS DE MILES DE ASISTENTES, SEGÚN ORGANIZACIONES CONVOCANTES

Por su parte, las principales organizaciones involucradas han protestado contra la intervención de los antidisturbios, destacadamente el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

"Repudiamos enérgicamente la represión y la violencia que obligó a suspender el acto central en Buenos Aires antes de que terminara", han manifestado en un comunicado conjunto en el que afirman que las "cuatro marchas absolutamente masivas" celebradas en anteriores ocasiones, la última el pasado mes de mayo, no fueron "controladas por las fuerzas de seguridad y nunca hubo un solo episodio", de igual manera que "en todo el país se han manifestado hoy miles de personas pacíficamente y sin inconvenientes".

La manifestación, en la que han asegurado haber congregado a "decenas de miles de argentinas y argentinos", se desarrollaba "dentro del marco de la democracia y respeto de las instituciones" hasta la intervención policial. "Ha sido el Gobierno nacional el que ha tomado la decisión de reprimir cruzando todos los límites", han denunciado, señalando directamente al Gobierno de Milei.

Sin embargo, las organizaciones firmantes han subrayado que "la obstinación y la violencia no empañan la convocatoria otra vez multitudinaria en todo el país", que cifran en "más de un millón de personas en toda Argentina".

La protesta reclama "el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso y validó en diversas instancias la Justicia pero el Poder Ejecutivo desde hace casi un año se niega a cumplir", subraya el texto, que alega que "la respuesta y el despliegue represivo confirman que el incumplimiento de la ley de financiamiento no es un problema de disponibilidad de recursos sino de voluntad y decisión". "Seguiremos, hasta que la ley se cumpla", agrega.