Cuatro cubanos detenidos por protestar y orar en público: lo que revelan sus casos sobre el uso de la prisión provisional en Cuba
Tres casos denunciados por organizaciones de derechos humanos y medios independientes volvieron a poner el foco sobre la detención de ciudadanos cubanos por manifestarse contra el Gobierno o desarrollar actividades religiosas.
Los afectados son el pastor pentecostal Ariel Limias, el tatuador Oscar Echevarría Rubio y su esposa, Cleidys García, y el pastor Maikel Pupo Velázquez.
Según informó Diario de Cuba, Limias continúa detenido en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana, casi dos semanas después de su arresto frente al Capitolio Nacional.
El religioso se manifestó pacíficamente el 2 de octubre con carteles que decían “Abajo la dictadura” y “No más discriminación política absurda”. Las autoridades pretenden imputarle un presunto delito de propaganda contra el orden constitucional.
El medio señaló que la esposa de Limias pudo visitarlo recientemente y afirmó que se encontraba tranquilo y comía con normalidad. El pastor ya cuenta con abogado y solicitó un cambio de medida cautelar, cuya respuesta continúa pendiente.
El grupo Justicia11J precisó que pudo realizar una llamada telefónica a su hermano y que tiene prevista una nueva visita familiar.
La organización reclamó su liberación y sostuvo que el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación pacífica no debe ser criminalizado. También exigió que las autoridades respeten sus garantías procesales, su derecho a la defensa y sus derechos fundamentales.
En el caso de Echevarría y García, ambos están detenidos en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones de Sancti Spíritus, conocida como el Vivac, tras una protesta ocurrida el 10 de octubre.
El tatuador subió al techo de su vivienda, en el reparto Escribano, y gritó consignas como “Abajo la dictadura”, “Patria y Vida” y “Abajo el comunismo”.
Su sobrina, Aitana Echevarría, lo secundó durante el operativo policial, de acuerdo con un video difundido en Facebook por su hermana, Lidia Echevarría, y publicado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
La Fiscalía impuso prisión provisional a ambos durante la investigación penal, bajo el cargo de desacato, según la información que el instructor del caso transmitió a la familia. Lidia Echevarría declaró a Martí Noticias que la pareja seguía en el Vivac y que podría ser trasladada a la prisión de Nieves Morejón para esperar juicio.
Diario de Cuba recogió además declaraciones del periodista Adriano Castañeda, colaborador del ICLEP, quien afirmó que Echevarría no pertenece a ninguna organización opositora y mantenía desde hacía tiempo una postura crítica con el Gobierno. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), dependiente del ICLEP, calificó el arresto de arbitrario y pidió conocer la situación legal del tatuador.
Pupo continúa encarcelado en Camagüey
El medio indica que el pastor Maikel Pupo Velázquez permanece detenido desde el 26 de septiembre en la prisión Cerámica Roja, en Camagüey, después de convocar a varias iglesias a una jornada de oración pública por Cuba, según denunció la organización jurídica Cubalex.
La entidad indicó que las autoridades le habían advertido que no acudiera al lugar previsto. Pupo pidió a los convocados que no asistieran para evitar incidentes, pero se presentó solo y fue arrestado. El pastor de la Iglesia Palabra de Fuego Bendición Sagrada ya había sido detenido en julio de 2025 en circunstancias vinculadas a su labor religiosa y al acompañamiento de familiares de presos políticos.
Cubalex sostuvo que el caso refleja restricciones a la libertad religiosa en Cuba, pese a que los artículos 15 y 57 de la Constitución reconocen la libertad religiosa y de culto. La organización cuestionó las limitaciones aplicadas a comunidades religiosas por la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista.
El centro de asesoría legal documentó al menos 41 incidentes de violaciones de la libertad religiosa en Cuba durante 2026 hasta la publicación de su análisis. También solicitó información sobre los fundamentos legales de la detención de Pupo y pidió el respeto al debido proceso.
Las denuncias cuestionan el uso de la prisión provisional
Los tres expedientes reflejan denuncias sobre el uso de medidas penales y cautelares contra personas que protestan o desarrollan actividades religiosas. En los casos de Limias y Pupo, las organizaciones reclaman información sobre las razones legales de los arrestos; en el de Echevarría y García, la familia cuestiona la prisión provisional dictada tras la protesta.
Según publicó Diario de Cuba, cuatro profesionales con conocimiento directo del sistema penal cubano denunciaron que, en procesos considerados “sensibles” por las autoridades, la prisión provisional puede exceder su función cautelar. Las fuentes, consultadas bajo condición de anonimato, afirmaron que esas medidas se utilizan como instrumentos de neutralización, control procesal y castigo anticipado.
La legislación procesal penal cubana no contempla la categoría de “asunto sensible”. Sin embargo, los testimonios citados por el diario sostienen que algunas instituciones judiciales clasifican expedientes bajo esa denominación, con supervisión de agentes del Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado y funcionarios de la Fiscalía.
Infobae
