Inravisión denunció presuntos sobrecostos en adquisición de unidad móvil que valió más de $11.000 millones en el Gobierno Petro

Inravisión (antes Rtvc), el Sistema de Medios Públicos de Colombia, denunció posibles sobrecostos superiores a $2.000 millones en una unidad móvil de televisión contratada el 16 de diciembre de 2025 por $11.924 millones, durante el gobierno de Gustavo Petro.

Según precisó, el vehículo adquirido durante la anterior administración permanece estacionado porque fue recibido sin la planta eléctrica necesaria para operar.

“Una unidad móvil de televisión necesita una fuente autónoma de energía para alimentar sus equipos y operar en los lugares donde se realizan las transmisiones. Sin ese componente esencial, no puede encenderse, no puede prestar el servicio y tampoco puede atender coberturas fuera de las instalaciones de RTVC – Sistema de Medios Públicos”, detalló en el comunicado.

La adquisición del vehículo se gestionó a través del contrato 2899 de 2025, el cual contemplaba el suministro integral de una unidad móvil broadcast. El proceso de contratación incluía la fabricación del vehículo, su dotación, su integración tecnológica y su puesta en marcha. Sin embargo, la unidad no está siendo utilizada.

Además del incumplimiento de la finalidad del vehículo, se identificaron sobrecostos en los equipos audiovisuales. De acuerdo con el contrato, de los $11.924 millones invertidos, cerca de $9.000 millones correspondieron a esos elementos. No obstante, estudios de mercado y cotizaciones elaboradas por técnicos e ingenieros de Inravisión estimaron un valor mucho menor por los implementos, cercano a los $7.000 millones.

Irregularidades sobre los equipos y el suministro de energía

En el comunicado, Inravisión aseguró que la planta eléctrica requerida para el funcionamiento de la unidad móvil alimentaría el sistema que alimenta cámaras, consolas y demás equipos en los sitios de transmisión, y además de que no existía esa fuente de energía, se detectaron problemas relacionados con ese listado de implementos que debía tener el vehículo.

La unidad cuenta con ocho cámaras tipo broadcast, pero sus características ópticas fueron consideradas deficientes para los requerimientos de la entidad. Asimismo, la consola de sonido que tiene apenas cumple las condiciones mínimas exigidas en la contratación y, al parecer, no responde a las necesidades audiovisuales de nivel broadcast ni sirve para el cubrimiento de “eventos de gran formato”.

En el contrato figura un dron cuyas características técnicas están orientadas a cartografía y seguridad, no a transmisiones televisivas en vivo. Además, tampoco puede ser utilizado en producciones de alta calidad. “Estos elementos no son accesorios: son herramientas centrales para producir y transmitir contenidos con la calidad que justificó la inversión. Sin ellas, la unidad está técnicamente incompleta”, añadió.

Anomalías en el proceso de contratación

El Sistema de Medios Públicos explicó que la ejecución inicial del contrato estuvo a cargo de un ingeniero contratista vinculado a Inravisión. En enero de 2026, el contratista pasó a ser el coordinador de Gestión Técnica de Señales de la entidad y permaneció en ese cargo durante cuatro meses, aproximadamente. Su vínculo laboral terminó después de que la unidad móvil fue recibida.

“Esta singular secuencia genera interrogantes sobre la continuidad, trazabilidad y responsabilidad técnica de las decisiones adoptadas”, precisó Inravisión.

El proceso de contratación que se adelantó habría tenido irregularidades relacionadas con los requisitos exigidos a los oferentes. Al parecer, las condiciones establecidas se ajustaban a una única empresa, lo que habría restringido la participación de otras compañías y provocado el retiro de la mayoría de las firmas interesadas.

Las dos empresas que participaron por separado en el estudio previo se unieron posteriormente para presentar una oferta conjunta y conformaron la unión temporal adjudicataria.

“Sin prejuzgar sobre responsabilidades, esta secuencia constituye una seria señal de alerta: podría eventualmente configurar un escenario de coordinación indebida o colusión, pues quienes contribuyeron a establecer el referente de precios terminaron actuando como un solo proponente. Corresponde a las autoridades competentes determinar si existió un acuerdo restrictivo de la competencia”, indicó el comunicado.

Inravisión informó que los hallazgos fueron trasladados a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para que investiguen en profundidad.