Gobierno busca acabar con la ‘mermelada’: el ministro del Interior radicó una reforma constitucional para velar por los recursos públicos
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes un proyecto de acto legislativo que busca modificar la Constitución Política para eliminar la asignación opaca de recursos a congresistas y reglamentar las relaciones entre el Gobierno nacional y el Legislativo.
La propuesta de reforma constitucional plantea modificaciones a los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Carta Magna, con el propósito de establecer registros públicos obligatorios para los proyectos de inversión postulados por los parlamentarios, así como para los financiadores de sus campañas electorales y la declaración formal de sus intereses económicos.
El jefe de la cartera explicó que el objetivo central de la iniciativa es acabar con las negociaciones informales de partidas presupuestales, conocidas popularmente como ‘mermelada’ —intercambio de favores y recursos del Gobierno por apoyo legislativo—, garantizando que el origen y destino de los fondos públicos puedan ser consultados de forma abierta por cualquier ciudadano.
“La regla de este Gobierno es la transparencia. Todos los colombianos conocen la palabra mermelada, y todos saben qué significa, y es lo oculto, es el proyecto de inversión que aparece en una región sin que nadie sepa quién lo pidió, por qué se aprobó y a cambio de qué”, sostuvo el ministro Rodrigo Lara durante la presentación del documento institucional.
El alto funcionario del gobierno de Abelardo de la Espriella precisó que la reforma busca transformar la “asignación oscura de proyectos de inversión en las regiones”, al permitir que la gestión de iniciativas locales se desarrolle mediante mecanismos de control público y trazabilidad institucional.
Límites entre postulación de obras y ejecución de contratos
Uno de los ejes principales del texto radicado establece una clara frontera entre la facultad de los parlamentarios para gestionar necesidades territoriales y la prohibición absoluta de intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados.
De acuerdo con el proyecto, ni el congresista postulante ni los financiadores de su campaña política podrán obtener un beneficio particular o determinado a partir de los recursos aprobados para las regiones.
“Cualquier congresista podrá postular proyectos de inversión en beneficio de los municipios, pero lo hará mediante un registro público que cualquier colombiano podrá consultar”, indicó el ministro, al destacar que el Ejecutivo conservará la responsabilidad de formular el presupuesto nacional de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo.
Reglamentación del ‘lobby’ y del régimen de conflictos de interés
El acto legislativo delimita el concepto de conflicto de intereses para evitar la pérdida de investidura en gestiones parlamentarias legítimas, precisando que este solo se configura ante un beneficio particular y determinado para el congresista, su cónyuge, sus familiares o sus socios.
La norma aclara que la financiación de campañas legalmente registradas o los intereses comunes de un sector económico, social o regional no constituirán por sí solos una causal de inhabilidad, abriendo la puerta a la reglamentación formal del cabildeo en el Congreso de la República.
“Este acto legislativo nos va a permitir por primera vez reglamentar el lobby en Colombia. Hoy en día, un congresista no puede recibir a personas que representan determinado sector, porque si gestiona un proyecto en su beneficio, podrían quitarle la investidura. Como habrá esta declaración de intereses de un sector económico, el congresista podrá tranquilamente defender a esos sectores”, sostuvo Lara Restrepo.
Sanciones por ocultar información y trámite legislativo
El proyecto fija como causal de pérdida de investidura la omisión o falsedad en la declaración pública de intereses y en el registro de financiadores de campaña, con el fin de endurecer el régimen disciplinario para los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.
De igual forma, el documento establece un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigencia para que el Congreso expida la ley orgánica que reglamentará el funcionamiento de los registros públicos y los procedimientos de postulación de obras en el presupuesto general.
Con la radicación de esta iniciativa, que forma parte del paquete de transparencia del Gobierno nacional, el proyecto iniciará su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Infobae
