Trump quiere separar a México de Canadá, pero no puede borrar la geografía

Donald Trump puede intentar dividir a México y Canadá en la mesa de negociaciones, presionar a cada uno por separado y presentar cualquier concesión como una victoria de Estados Unidos. Lo que no puede hacer, ni siquiera desde la Casa Blanca, es borrar tres décadas de integración productiva, desmantelar por decreto las cadenas industriales que cruzan las fronteras o cambiar la geografía económica de América del Norte. Su renovada inclinación por los acuerdos bilaterales plantea una interrogante que México debe responder con inteligencia: ¿conviene aceptar negociaciones por separado cuando nuestros intereses lo justifiquen, o estamos ante una estrategia que podría terminar debilitando la posición de los dos socios frente a Washington? El peligro no está necesariamente en sentarse a negociar a solas con Trump, sino en hacerlo olvidando que nuestra principal fortaleza reside en una integración regional que también resulta indispensable para los estadounidenses.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá atraviesa una etapa particularmente delicada. El primero de julio, cuando correspondía evaluar su funcionamiento y decidir sobre la extensión de su vigencia, Washington se negó a renovarlo en los términos actuales. La decisión no significó su cancelación, como algunos interpretaron precipitadamente, pero tampoco fue un trámite menor. El tratado continúa vigente y, conforme a sus disposiciones, puede mantenerse hasta 2036, mientras los tres países realizan revisiones anuales en busca de un acuerdo que permita extenderlo por otro periodo de dieciséis años. La incertidumbre, por tanto, no consiste en una desaparición inmediata del T-MEC, sino en la posibilidad de que las negociaciones se prolonguen bajo una presión creciente sobre las inversiones y las decisiones productivas.

Trump conoce perfectamente el valor de esa incertidumbre. Desde su primera Presidencia convirtió los aranceles en instrumentos de negociación y encontró en la amenaza comercial una manera de obligar a gobiernos y empresas a reaccionar antes de que se materializaran las medidas anunciadas. Ahora pretende revisar las condiciones de una relación norteamericana que él mismo contribuyó a reformular cuando el antiguo TLCAN fue sustituido por el T-MEC. La contradicción es evidente: el acuerdo que durante su primer mandato presentó como una conquista de su política comercial se ha convertido nuevamente en objeto de sus inconformidades. Para Trump, ningún acuerdo parece suficientemente definitivo cuando considera que puede obtener ventajas adicionales.

La administración estadounidense ha manifestado su interés en conseguir entendimientos específicos con México y Canadá antes de resolver las cuestiones estructurales del tratado. Su representante comercial, Jamieson Greer, ha planteado la conveniencia de alcanzar arreglos provisionales con cada país, mientras continúan las discusiones sobre las modificaciones de mayor alcance. Ese esquema no implica necesariamente sustituir el acuerdo trilateral por dos tratados independientes. Las negociaciones bilaterales pueden desarrollarse dentro del propio proceso de revisión y servir para resolver asuntos particulares. Sin embargo, cuando el presidente de Estados Unidos insiste en privilegiar acuerdos separados, resulta legítimo preguntarse si busca solamente mayor eficacia negociadora o si pretende reducir la capacidad de sus socios para defender intereses comunes.

México debe evitar dos errores igualmente peligrosos. El primero sería rechazar cualquier negociación bilateral bajo el argumento de que todo debe discutirse necesariamente entre los tres países. Nuestra relación económica con Estados Unidos posee características propias y numerosos problemas pueden resolverse mejor mediante conversaciones directas. El segundo, mucho más delicado, sería aceptar que los entendimientos bilaterales terminen erosionando las reglas, garantías y compromisos que hacen valiosa la integración norteamericana. Negociar bilateralmente no significa renunciar al tratado trilateral, pero negociar sin una estrategia regional puede terminar debilitándolo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el T-MEC continúa vigente y que México debe procurar las mejores condiciones posibles para su economía. Esa posición tiene fundamento jurídico. El tratado no desapareció porque Estados Unidos decidiera no extenderlo durante la primera revisión y sus mecanismos siguen siendo aplicables. Pero la vigencia legal no garantiza por sí sola la estabilidad comercial. Las empresas necesitan certezas sobre aranceles, reglas de origen, condiciones de inversión y requisitos regulatorios para planear operaciones que frecuentemente comprometen miles de millones de dólares y varios años de producción. Cada nueva amenaza comercial introduce costos que terminan afectando la competitividad de toda la región.

La industria automotriz constituye posiblemente el ejemplo más claro. Un vehículo producido en México puede incorporar componentes estadounidenses y canadienses que cruzan las fronteras varias veces antes de convertirse en un producto terminado. Los motores, transmisiones, sistemas electrónicos, componentes de seguridad y múltiples partes especializadas forman parte de una red industrial organizada durante décadas. Esa integración no responde a una concesión política de Washington hacia México, sino a decisiones empresariales basadas en costos, especialización, infraestructura, disponibilidad de talento y proximidad de mercados. Alterarla abruptamente tendría consecuencias no solamente para las plantas mexicanas, sino también para proveedores y trabajadores estadounidenses.

Algo semejante ocurre con la industria electrónica, los dispositivos médicos, la producción aeroespacial, la maquinaria, los alimentos y numerosos bienes intermedios. México se ha convertido en un eslabón fundamental de cadenas de suministro que permiten a las empresas estadounidenses competir internacionalmente. Canadá aporta recursos energéticos, minerales, tecnología, capacidades industriales y un mercado de enorme importancia para sus vecinos. Ninguno de los tres países constituye una economía aislada que simplemente compra productos terminados a los otros dos. Son mercados relacionados mediante inversiones, servicios, infraestructura y procesos productivos cuya eficiencia depende, en buena medida, de reglas compartidas.

Por eso resulta simplista interpretar los déficits comerciales estadounidenses como prueba automática de que México o Canadá se aprovechan de su vecino. Washington registra un déficit importante en el comercio de mercancías con México, pero ese dato, considerado aisladamente, no permite evaluar todos los beneficios de la integración. Una parte considerable de las exportaciones mexicanas incorpora insumos, maquinaria, tecnología y servicios de origen estadounidense. Además, las empresas de Estados Unidos obtienen utilidades de inversiones y operaciones productivas realizadas en nuestro país. Los flujos comerciales revelan diferencias entre compras y ventas, pero no constituyen por sí mismos una contabilidad completa de quién gana y quién pierde dentro de una relación económica.

Eso no significa negar que existan desequilibrios o problemas legítimos que deban discutirse. Estados Unidos tiene derecho a buscar mejores condiciones para sus trabajadores y productores, del mismo modo que México debe defender sus empleos, inversiones y oportunidades de desarrollo. Las reglas de origen, las condiciones laborales, las prácticas ambientales y los mecanismos de solución de controversias merecen evaluaciones rigurosas. También deben revisarse las disposiciones que eventualmente permitan a empresas ajenas a la región obtener beneficios sin contribuir suficientemente a su desarrollo industrial. Pero una cosa es perfeccionar el tratado para hacerlo más competitivo y otra utilizar su revisión como instrumento permanente de incertidumbre.

En ese terreno aparece China, aunque no siempre ocupe formalmente un asiento en las negociaciones. Washington busca disminuir la dependencia norteamericana de insumos procedentes de ese país y evitar que mercancías fabricadas fuera de la región aprovechen indebidamente las preferencias comerciales del T-MEC. México comparte algunos intereses relacionados con el fortalecimiento de su producción nacional y la incorporación de mayor contenido regional, pero debe cuidar que esas exigencias no se conviertan en restricciones indiscriminadas contra inversiones legítimas o en obligaciones que limiten excesivamente su política industrial. La prioridad mexicana debe consistir en producir más, desarrollar proveedores, incorporar tecnología y generar empleos mejor remunerados, no simplemente sustituir una dependencia externa por otra.

El problema se vuelve todavía más complejo cuando las discusiones comerciales comienzan a mezclarse con exigencias energéticas. En los últimos días han trascendido planteamientos estadounidenses para ampliar las compras mexicanas de energía y promover nuevas asociaciones entre empresas de ambos países. La posibilidad merece analizarse con seriedad porque México importa una proporción considerable del gas natural que consume, principalmente de Estados Unidos. Esa relación ofrece ventajas económicas y operativas, pero también representa una vulnerabilidad cuando los suministros energéticos comienzan a utilizarse como instrumentos de presión comercial.

No sería razonable rechazar compras energéticas convenientes únicamente porque procedan de Estados Unidos. Tampoco sería sensato comprometer mayores importaciones como concesión política sin evaluar cuidadosamente sus costos, plazos y consecuencias. México necesita fortalecer su generación eléctrica, modernizar sus redes, diversificar sus fuentes de abastecimiento y ampliar sus capacidades de almacenamiento. Los proyectos de inversión, públicos y privados, deben responder a una estrategia de desarrollo y seguridad energética. La energía puede ser parte de una negociación comercial, pero no debería convertirse en el precio de renunciar a nuestra capacidad futura de decidir cómo abastecernos.

Canadá enfrenta sus propias presiones. El gobierno encabezado por Mark Carney ha buscado ampliar relaciones comerciales con otros mercados y reducir su exposición a decisiones unilaterales de Washington. Esa diversificación no representa necesariamente un distanciamiento irreversible de Estados Unidos, sino una respuesta estratégica a la incertidumbre que también afecta a las empresas canadienses. México debería observar esa experiencia sin asumir que nuestros intereses son idénticos. Canadá posee una estructura económica distinta, una relación energética particular con Estados Unidos y prioridades propias en sectores como los minerales, la industria automotriz y los recursos naturales.

Sin embargo, existen intereses que los dos países comparten claramente. Ambos necesitan preservar reglas previsibles de comercio, mecanismos confiables para resolver controversias y condiciones que permitan mantener inversiones de largo plazo. Ambos enfrentan presiones arancelarias sobre sectores industriales relevantes. Y ambos tendrían dificultades si Estados Unidos consiguiera sustituir la lógica de integración regional por un sistema de concesiones negociadas permanentemente bajo amenaza. La coordinación entre México y Canadá no exige coincidencia absoluta en todas las materias. Basta con reconocer que algunas garantías resultan más fáciles de preservar cuando los socios actúan con conocimiento de sus posiciones y defienden principios compartidos.

Tampoco conviene convertir a Canadá en un aliado incondicional ni suponer que sus autoridades antepondrán los intereses mexicanos a los propios. En toda negociación comercial existen coincidencias y diferencias. Los gobiernos deben responder a sus ciudadanos, sus empresas y sus trabajadores. La cooperación más sólida es precisamente aquella que reconoce esas diferencias y consigue construir acuerdos donde existen beneficios recíprocos. México debe mantener canales directos y eficaces con Ottawa, no para formar un bloque hostil contra Washington, sino para evitar que las conversaciones separadas impidan identificar oportunidades de colaboración trilateral.

Hay un aspecto político que no debería pasar inadvertido. Estados Unidos se aproxima a las elecciones legislativas del 3 de noviembre y la situación económica ocupa un lugar central en el debate interno. Trump necesita mostrar resultados ante un electorado preocupado por el costo de vida, los precios de la energía y las condiciones de empleo. Presentar concesiones comerciales obtenidas de México o Canadá podría ofrecerle argumentos para sostener que sus presiones están beneficiando a la economía estadounidense. Esa posibilidad forma parte del contexto electoral, aunque no autoriza a afirmar que todas sus decisiones comerciales respondan exclusivamente a cálculos políticos. También existen intereses industriales y objetivos estratégicos que han sido defendidos por administraciones estadounidenses de distintos partidos.

Precisamente por eso México no debería negociar con la mirada puesta solamente en noviembre. Si los republicanos conservan sus mayorías parlamentarias, Trump mantendrá condiciones legislativas relativamente favorables. Si los demócratas recuperan una o ambas cámaras, podrán modificarse los equilibrios políticos, pero no desaparecerán automáticamente las presiones comerciales ni los intereses proteccionistas que existen dentro de Estados Unidos. Los acuerdos económicos de largo plazo no pueden depender de un calendario electoral. Necesitan instituciones sólidas, compromisos verificables y mecanismos que sobrevivan a las variaciones partidistas.

La negociación también exige una posición interna consistente. México no fortalecerá su capacidad frente a Washington si mantiene problemas de infraestructura, incertidumbre regulatoria, insuficiencias energéticas o dificultades para desarrollar proveedores nacionales. La defensa del T-MEC debe acompañarse de decisiones que incrementen nuestra competitividad y reduzcan vulnerabilidades. La capacitación especializada, la innovación tecnológica, la certificación de competencias, la modernización logística y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas forman parte de una estrategia mucho más amplia que la discusión sobre aranceles. Cuanto mayor sea nuestra capacidad productiva, mejores serán nuestras condiciones para negociar.

En ese esfuerzo, las empresas, los trabajadores, las universidades y los organismos especializados tienen responsabilidades que no pueden trasladarse exclusivamente al gobierno. México necesita aprovechar la integración norteamericana para desarrollar más tecnología propia, incorporar conocimiento a sus procesos industriales y elevar el valor de sus exportaciones. No basta con celebrar que aumenten las ventas al exterior si una proporción importante de los componentes más sofisticados continúa llegando de otros países. La verdadera oportunidad consiste en utilizar el acceso al mercado estadounidense para construir capacidades nacionales que permanezcan incluso cuando cambien las condiciones comerciales.

También corresponde al gobierno mexicano mantener una interlocución firme, prudente y profesional con la administración Trump. La confrontación verbal puede producir satisfacciones momentáneas, pero difícilmente garantiza mejores resultados. La sumisión tampoco ofrece seguridades, porque una concesión obtenida bajo presión puede convertirse en el antecedente de una exigencia posterior. La diplomacia comercial requiere definir prioridades, identificar márgenes de negociación y distinguir aquello que puede acordarse de lo que comprometería intereses fundamentales. Defender la soberanía no consiste en rechazar todos los acuerdos, sino en asegurarse de que los compromisos asumidos respondan a decisiones libres, informadas y convenientes para el país.

Hay una diferencia decisiva entre la fuerza económica y la capacidad para imponer condiciones. Estados Unidos es la mayor economía de América del Norte y su mercado resulta indispensable para México y Canadá. Sería absurdo desconocer esa asimetría. Pero también sería equivocado concluir que Washington puede reorganizar sin costos toda la producción regional. Las empresas estadounidenses dependen de proveedores mexicanos y canadienses, los consumidores se benefician de cadenas de suministro eficientes y numerosos empleos dentro de Estados Unidos están vinculados con las exportaciones hacia sus dos vecinos. Esa interdependencia no elimina las diferencias de poder, pero establece límites económicos que ninguna declaración presidencial puede hacer desaparecer.

Trump puede proponer nuevos aranceles, exigir modificaciones regulatorias, buscar compromisos energéticos o condicionar determinados beneficios comerciales. Puede incluso plantear, conforme a los procedimientos aplicables, una eventual salida estadounidense del acuerdo. Lo que no puede hacer es suponer que las consecuencias de semejantes decisiones recaerían exclusivamente sobre México y Canadá. Romper cadenas productivas, desalentar inversiones o encarecer componentes industriales también afectaría a empresas, trabajadores y consumidores estadounidenses. La integración norteamericana no constituye un favor otorgado por una potencia a sus vecinos, sino una estructura económica construida sobre beneficios y compromisos recíprocos.

Por ello, la respuesta mexicana no debería ser ni el rechazo automático a los entendimientos bilaterales ni la aceptación de una negociación fragmentada que termine vaciando de contenido al T-MEC. México puede y debe resolver directamente con Washington las cuestiones que correspondan a su relación particular, pero preservando las ventajas del marco trilateral y manteniendo una interlocución constructiva con Canadá. La flexibilidad negociadora es una fortaleza cuando responde a una estrategia clara; se convierte en debilidad cuando cada concesión se adopta únicamente para aliviar la presión del momento.

La revisión del T-MEC definirá mucho más que tarifas, reglas de origen o compromisos de inversión. Pondrá a prueba la capacidad de los tres países para reconocer que su competitividad futura depende de preservar una región productiva integrada, con reglas confiables y posibilidades reales de desarrollo compartido. México debe defender sus intereses sin convertir la relación con Canadá en un obstáculo para negociar con Estados Unidos, pero tampoco permitiendo que las conversaciones bilaterales se utilicen para debilitar garantías construidas durante décadas.

Trump puede intentar sentar a México y Canadá en mesas diferentes, imponer ritmos distintos y presentar cada negociación como una demostración de fuerza. Pero hay una realidad que debería recordar: las fronteras separan territorios, no necesariamente economías. Las fábricas, las cadenas de suministro, los mercados energéticos y las inversiones han construido vínculos que no desaparecen por una decisión presidencial. Y ésa es la sentencia: México no debe confundirse pensando que necesita aceptar cualquier condición para conservar su lugar en América del Norte, porque Estados Unidos también necesita de sus vecinos para mantener la competitividad que pretende defender.

Trump puede mover las sillas, cambiar las mesas y presionar a quienes se sienten frente a él. Lo que no puede hacer es borrar la geografía ni decretar que la interdependencia económica solamente obliga a los demás.

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