Bukele plantea liberar a cerca del 50% de los presos que colaboraron con pandillas en El Salvador: ¿quiénes podrían salir?
EL SALVADOR.-El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes 13 de octubre de 2026, durante una conferencia de prensa en San Salvador, que su Gobierno estudia conceder la libertad anticipada y condicional a cerca del 50% de los presos acusados de colaborar con pandillas. La medida podría modificar el destino de miles de personas encarceladas durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Según información de EFE y del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, la propuesta contempla que algunos reclusos puedan salir de prisión bajo vigilancia, sin que ello implique absolverlos de los delitos que se les atribuyen.
El anuncio representa un cambio respecto al discurso que Bukele ha mantenido durante buena parte de su ofensiva contra las maras, caracterizada por las detenciones masivas y la defensa de penas severas para sus integrantes. Sin embargo, la liberación todavía no ha sido aprobada ni tiene fecha de aplicación, y el Gobierno tampoco ha presentado públicamente los requisitos jurídicos o procedimientos que permitirían acceder al beneficio.
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¿Qué presos podrían obtener libertad condicional?
Bukele explicó que las evaluaciones distinguirían entre quienes ejercieron directamente la violencia de las pandillas y aquellas personas que colaboraron con estos grupos mientras vivían en comunidades bajo su control.
Como ejemplo, mencionó a quienes avisaban sobre la presencia de policías, una conducta que considera delictiva, pero que, según su planteamiento, debería examinarse tomando en cuenta las circunstancias de cada persona. El presidente sostuvo que algunas personas pudieron colaborar con las organizaciones criminales debido al entorno de amenazas y violencia en el que vivían.
La propuesta no contempla necesariamente eliminar su responsabilidad penal, sino permitir que determinados reclusos cumplan condiciones fuera de prisión. Es decir, los posibles beneficiarios quedarían sujetos a monitoreo y no serían automáticamente absueltos.
Una comisión revisa los casos de personas detenidas
Otro elemento del anuncio fue la confirmación de una comisión encargada de examinar los expedientes de personas encarceladas durante el régimen de excepción.
Según publicó EL PAÍS, la existencia de este mecanismo había sido mencionada previamente por Ibrahim Bukele, hermano del presidente, quien aseguró que participaban jueces, fiscales y personal del Ejecutivo, incluida la primera dama, Gabriela de Bukele.
El mandatario confirmó que existe un proceso de revisión, aunque no aclaró completamente su funcionamiento jurídico ni las atribuciones de quienes participan. Por su parte, La Prensa Gráfica informó que Bukele negó que su hermano tuviera algún papel dentro de la comisión.
La falta de información sobre el procedimiento deja pendientes cuestiones fundamentales: quién tendrá la facultad legal de autorizar las liberaciones, cuáles serán los criterios aplicables y qué recursos podrán presentar las personas excluidas del eventual beneficio.
Más de 93,000 detenidos durante cuatro años de régimen de excepción
El Salvador mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción establecido como parte de la estrategia gubernamental para enfrentar a las pandillas. Según cifras oficiales recogidas por EFE, al menos 93,162 personas habían sido detenidas bajo estas medidas hasta el anuncio de octubre de 2026, acusadas de pertenecer a organizaciones criminales o colaborar con ellas.
El Gobierno atribuye a su política de seguridad una reducción considerable de la violencia y los homicidios. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, falta de garantías judiciales y malos tratos a personas privadas de la libertad.
En este contexto, organizaciones documentaron al menos 500 muertes en cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción, como informó anteriormente EL IMPARCIAL. Estas denuncias también han abierto cuestionamientos sobre los mecanismos disponibles para revisar las detenciones de personas que aseguran no tener vínculos con las pandillas.
¿Por qué Bukele considera liberar a presos después de mantener una política de encarcelamiento masivo?
El presidente argumentó que la realidad del país cambió después de más de cuatro años de operaciones contra las organizaciones criminales. A su juicio, las condiciones de seguridad actuales permitirían examinar la situación de quienes tuvieron una participación menor, sin renunciar a las medidas contra integrantes activos de las pandillas.
Bukele defendió la continuidad del régimen de excepción mediante una comparación con un tratamiento contra el cáncer: sostuvo que la violencia se encuentra controlada, pero que todavía existen estructuras criminales que deben ser combatidas.
Por ello, la propuesta de liberación condicional no significa el fin del régimen de excepción, ni supone que todas las personas detenidas por vínculos con pandillas podrán recuperar su libertad.
La revisión de expedientes también ocurre mientras el sistema judicial salvadoreño desarrolla procesos colectivos contra integrantes de estas organizaciones. Uno de los antecedentes es la condena de 254 integrantes de la Mara Salvatrucha en un juicio masivo celebrado en El Salvador, un caso que refleja la dimensión de los procedimientos judiciales derivados de la ofensiva antipandillas. En esa misma línea, Bukele impulsa un megajuicio masivo contra más de 400 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha 13.
¿Cuándo comenzarán las liberaciones y qué falta por definir?
Por ahora, no existe un calendario oficial para comenzar a liberar a los posibles beneficiarios. Tampoco se ha explicado si será necesario reformar alguna ley, qué autoridad otorgará formalmente el beneficio ni cómo funcionará la vigilancia de quienes salgan de prisión.
El anuncio, además, no resuelve la situación de las personas que sostienen haber sido detenidas injustamente, pues la propuesta descrita por Bukele se concentra en quienes considera culpables de colaborar con pandillas, pero con una participación limitada.
La eventual aplicación del programa dependerá de que el Gobierno defina sus reglas y explique cómo se integrará al sistema de justicia salvadoreño. Mientras tanto, el régimen de excepción permanece vigente y no se ha confirmado una liberación generalizada de presos.
El Imparcial
