HRW precisa al menos 31 ejecuciones secretas e ilegales por orden de las fuerzas del este de Libia desde agosto

La ONG Human Rights Watch, especializada en el seguimiento internacional de los Derechos Humanos, ha denunciado que las fuerzas del este de Libia a las órdenes del mariscal Jalifa Haftar han ejecutado a 31 personas desde finales de agosto de este año tras ser condenadas tras la extracción de sus confesiones bajo tortura y en contradicción con la doctrina del Supremo libio que prohíbe terminantemente a los tribunales militares que enjuicien a los civiles.

Naciones Unidas ya denunció a mediados de septiembre esta ola de ejecuciones que marcaron el fin de una moratoria "de facto" a la pena capital durante los últimos 15 años y exigió la suspensión inmediata de las mismas.

Ahora, HRW pone de relieve otra vez las primeras ejecuciones de las que se tiene constancia en el país norteafricano desde 2010, un año antes incluso de la muerte del líder libio Muamar Gadafi, el detonante de años de cruenta guerra civil. Ahora, Libia malvive dividida entre dos administraciones paralelas: el Gobierno de la capital, Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, y la representada en la Cámara de Representantes de Tobruk, en el este del país, y que tiene en Haftar y su hijo Sadam a sus "hombres fuertes".

HRW, que avisa además de que otro medio centenar de personas aguardan su ejecución en la prisión militar de Gernada, estima que muchos de los ejecutados fueron arrestados en las ciudades de Derna y Bengasi durante o después del conflicto armado entre las fuerzas de Haftar y grupos armados opositores entre 2014 y 2018. Entre 2018 y 2021, tribunales militares en el este de Libia condenaron a cientos de civiles en "juicios secretos contra críticos" de Haftar, sentenciando a muerte al menos a 22 de ellos.

Según Amnistía Internacional, muchas de las condenas se basaron en confesiones supuestamente obtenidas bajo tortura por la Agencia de Seguridad Interna, un grupo armado afiliado a Haftar. Aunque al menos dos condenas a muerte fueron conmutadas por cadena perpetua en apelación por un tribunal militar superior en 2019, los acusados fueron ejecutados este año de todos modos.

Como agravante adicional, las ejecuciones siguieron adelante a pesar de un fallo de noviembre de 2025 de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Libia que declaró inconstitucional la Ley n.º 4/2017 en la medida en que otorga a los tribunales militares jurisdicción para juzgar a civiles por terrorismo y delitos contra el Estado.

HRW recoge declaraciones de grupos de activistas locales que hablan de juicios militares en violación al derecho al debido proceso de los acusados, en secreto, sin previo aviso y sin asistencia de familiares de los acusados, periodistas u organizaciones de derechos humanos. A varios acusados se les negó el acceso a abogados de su elección, y a quienes sí contaban con sus propios abogados se les impidió visitarlos antes y durante el juicio, y no pudieron hablar con ellos en privado.

Al parecer, tampoco se les permitió presentar sus argumentos ante el tribunal ni examinar las pruebas en su contra. Los veredictos se dictaron sin proporcionar a los acusados ni a sus abogados sentencias escritas y motivadas, concluye.

Las familias de los acusados no fueron notificadas con antelación de las ejecuciones ni recibieron nunca los cuerpos de los ejecutados, que acabaron enterrados en solitario, con "el grave sufrimiento psicológico que inflige los ejecutados y a sus familiares, en contravención de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos".

El subdirector para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch, Basam Jawaja, concluye denunciando una vez más que las fuerzas de Haftar están ejecutando a personas "tras juicios secretos basados en confesiones supuestamente obtenidas mediante tortura, en tribunales que, según el propio Tribunal Supremo de Libia, no deberían juzgar a civiles".

"Cada ejecución llevada a cabo en estas condiciones", repudia, "es una injusticia irreversible, y todo gobierno con influencia sobre las Fuerzas Armadas Árabes Libias (de Haftar) debería presionar con firmeza para evitar la próxima porque Libia llevaba "más de 15 años sin ejecuciones, sus fuerzas han roto esa moratoria en cuestión de semanas".

"La vida de al menos 50 personas más depende ahora de si las fuerzas de Haftar, y los gobiernos que las apoyan, deciden poner fin a esto", concluye.