Focus Group/Jorge Ramón Rizzo*

* ‘Culiacanazo’ en Morelos

El grupo criminal Pueblos Unidos en Morelos arrastra un historial de impunidad cimentado en la mutación constante, la infiltración de los gobiernos locales y el uso sistemático de civiles como escudos institucionales. Su control en la zona de los Altos de Morelos, principalmente en cuatro municipios que son Totolapan, Yecapixtla, Atlatlahucan y Yautepec.

Para las autoridades, «Pueblos Unidos» no es una organización nueva, sino la evolución criminal de una misma estructura delictiva que ha operado bajo diferentes nombres en la zona oriente del estado. Originalmente surgieron como «Los Sinaloa», que fue una célula del Cártel de Sinaloa en la entidad, y al verse desgastada esa marca por operativos federales, mutaron bajo el nombre de «La Empresa», y finalmente adoptaron el alias de «Pueblos Unidos». Esta constante fragmentación y cambio de identidad les ha permitido eludir investigaciones y continuar operando bajo un aparente nuevo liderazgo regional.

La impunidad de este grupo se consolidó desde el poder público, ya que de acuerdo con informes de inteligencia de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), obtenidos por Focus Group, su principal líder histórico, Júpiter Araujo Bernard, alias «El Barbas», diseñó una estrategia de cooptación institucional mediante el financiamiento forzado de campañas políticas y amenazas directas contra candidatos.

La agrupación delictiva ha mantenido impunes sus delitos de extorsión ó «cobro de piso», robo de vehículos, homicidio y narcotráfico mediante un violento esquema de reclutamiento juvenil. Su ‘modus operandi’ consiste en dotar a jóvenes de motocicletas y armas de fuego para amedrentar a comerciantes en Cuautla y Totolapan, llegando a incendiar o balear negocios si no se pagan las cuotas. Diversas denuncias señalan que recurren al reclutamiento forzado, amenazando a adolescentes con ejecutar a sus padres si se niegan a operar para el grupo.

El episodio de la liberación de José David Vergara, alias «El Güero del Gym», desnudó la herramienta definitiva del grupo para blindar su impunidad: el uso de la población civil. A través del control monopólico de sectores locales, como redes de mototaxis y transportistas, condicionan o amenazan a los habitantes de comunidades con altos índices de marginación para que salgan a confrontar a las fuerzas armadas.

De tal suerte, que la liberación de “El Güero del Gym”, presunto líder criminal del grupo «Pueblos Unidos» en Totolapan, Morelos, representa uno de los capítulos más alarmantes en la historia reciente de la seguridad pública mexicana. Capturado por fuerzas ministeriales y posteriormente intercambiado por tres agentes de la Fiscalía retenidos por el crimen organizado, este episodio no solo expone la vulnerabilidad institucional, sino que formaliza una peligrosa doctrina de negociación asimétrica donde el Estado cede ante el chantaje de la violencia organizada.

La justificación de la Fiscalía General del Estado de Morelos y del Gobierno Federal, argumentando que la liberación del capo buscó «salvar vidas» y evitar una confrontación mayor, es una verdad a medias que esconde un desastre operativo estructural. Si bien la vida de los agentes es prioritaria, el hecho de que una célula criminal tenga la capacidad logística inmediata de secuestrar funcionarios, realizar narcobloqueos y sitiar municipios enteros demuestra un fracaso absoluto en la planeación y la inteligencia.
El costo de este intercambio fue trágico.

El despliegue de emergencia cobró la vida de cuatro policías que fallecieron en un accidente vial mientras se movilizaban al área de conflicto. El saldo final es desolador: delincuentes libres, policías muertos, agentes sometidos y una institución doblegada. Este suceso inevitablemente evoca los fantasmas del «Culiacanazo». Al validar el intercambio de rehenes y ceder ante la quema de vehículos y balaceras, las autoridades entregan de manera involuntaria un manual de impunidad al crimen organizado.

El mensaje enviado al mapa delictivo nacional es claro: Cualquier captura de alto perfil puede revertirse si se ejerce la suficiente violencia inmediata contra la infraestructura y el personal del Estado.

Y es que, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como Omar García Harfuch enfatizaron de manera tajante que este repliegue no significa que el caso quedará impune. El secretario de seguridad recordó que situaciones similares han ocurrido en el pasado en otras entidades, donde la captura se logró con éxito en un segundo o tercer intento una vez que se planificó con la debida coordinación federal. «Lo vamos a detener», sentenció el secretario federal.

Pero «haiga sido como haiga sido», el episodio en Totolapan no debe leerse como un incidente aislado, sino como el síntoma de un sistema de seguridad estatal rebasado. Mientras la Fiscalía de Morelos intente maquillar el operativo calificándolo de «exitoso por cuanto a la detención inicial», la ciudadanía percibe un alarmante «contra las cuerdas» en que ponen a la justicia.

Recuperar Morelos requerirá más que discursos reactivos desde Palacio Nacional; exige desmantelar las redes financieras y de transporte que asfixian a la región, blindar las capacidades de investigación y, sobre todo, trazar una línea inquebrantable donde el Estado jamás vuelva a negociar la ley con quienes la violentan.

Porque lo que hoy me queda claro es que se le ha entregado un «manual de impunidad» al crimen organizado: A partir de ahora, cualquier célula delictiva sabe que secuestrar policías o quemar vehículos colectivos es una vía rápida y efectiva para obligar al gobierno a liberar a sus jefes criminales. Porque un operativo donde el delincuente prioritario termina libre, los agentes investigadores terminan golpeados y hospitalizados, y cuatro policías mueren en el despliegue de apoyo, bajo ninguna circunstancia puede ser catalogado como un éxito. Es, por decir lo menos, un absoluto fracaso.

*Periodista/Tlaxcala