Tensión entre el gobierno porteño y los Moyano: ratifican la negativa a pagar las indemnizaciones y sancionan por la marcha de Camioneros

“Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”, advirtió Pablo Moyano la semana pasada en una movilización de trabajadores de recolección de residuos realizada ante la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo al 200.

¿Hasta dónde el sindicalista estará dispuesto a llevar su amenaza en reclamo de que los 6500 empleados del sector cobren indemnizaciones multimillonarias, aunque no pierdan su trabajo ni su antigüedad, cuando se venzan los actuales contratos, en 2028?

La pregunta cobra un matiz más crucial porque el gobierno porteño mantendrá a rajatabla su resolución de no incorporar ese reclamo de Camioneros en la renovación del servicio, como quedó en evidencia en la audiencia pública virtual que tuvo lugar el 5 de este mes para analizar los anteproyectos de los pliegos de los contratos que regirán entre 2028 y 2038.

Pero, además, otra decisión que tomó la administración de Jorge Macri podría acelerar el enfrentamiento con Hugo Moyano y su hijo Pablo: serán penalizadas las empresas de recolección de residuos que no hayan cumplido con sus recorridos previstos el día de la movilización de Camioneros a la Comuna 1.

De esa manera, aunque no tiene atribuciones para sancionar al personal que no trabajó para ir a la marcha sindical, le da indirectamente esa potestad a las concesionarias del servicio al multarlas por el incumplimiento en la recolección de basura, basándose en el criterio de que a los que no trabajan, como en cualquier otro ámbito del gobierno porteño, se les descuenta.

En rigor, no es algo nuevo ni apunta especialmente contra el Sindicato de Camioneros: siempre que no se respetan los recorridos pautados, el gobierno de la Ciudad penaliza a las empresas de recolección de residuos.

El gobierno porteño está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la determinación de no pagar las indemnizaciones en el próximo contrato de recolección de residuos, que representan unos 200 millones de dólares, porque las considera un privilegio sin base legal alguna frente a los derechos del resto de los trabajadores.

La firme postura de la administración macrista ya fue anticipada por funcionarios porteños al secretario Gremial del Sindicato de Camioneros, Marcelo Aparicio, un dirigente de confianza de los Moyano.

La exigencia sindical responde a la llamada Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Esa “ley”, en realidad, no tiene ningún basamento jurídico sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.

Fuentes del gobierno porteño ratificaron a Infobae que Jorge Macri no incluirá las indemnizaciones en los nuevos pliegos del servicio, que se aprobarán en 3 o 4 semanas y se adjudicarán entre este mes y febrero de 2027, aunque comenzarán a regir en septiembre de 2028.

Aun así, los funcionarios macristas aclararon que se pagarán las indemnizaciones correspondientes al actual contrato, cuya prórroga vencerá en 2028, ya que figura en una ley aprobada por la Legislatura porteña.

En el pliego licitatorio vigente, dentro del Régimen de Personal Operativo figura el ítem “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

Algunos interpretan que esa mención en el pliego vigente constituye una abierta contradicción normativa: mientras el contrato obliga al gobierno de la Ciudad a financiar con fondos públicos las indemnizaciones finales al concluir la concesión, el artículo 19 de la Ley N° 4120, que fija el marco regulatorio del servicio público porteño de higiene urbana, exige simultáneamente garantizar la continuidad laboral de toda la plantilla.

El resultado, según quienes siguen de cerca este polémico tema, es que los contribuyentes terminan pagando con sus impuestos una millonaria caja por “despidos ficticios” a empleados que siguen operando en el mismo servicio sin perder un solo día de trabajo.