Esta obra le costó $ 74.216 millones a Bogotá pero aún tiene espacios sin uso: Contraloría investiga
La Contraloría de Bogotá puso bajo la lupa varias inversiones destinadas a la seguridad y la justicia en la capital. Durante una nueva estrategia de vigilancia en terreno, el organismo identificó proyectos que requieren seguimiento por áreas que permanecen sin uso, retrasos en las obras y fallas en los sistemas tecnológicos.
Uno de los puntos centrales de la revisión es el Centro Integral de Justicia y Centro de Atención Especializada (CAE) Campo Verde, ubicado en Bosa. Allí, la entidad anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer por qué parte de la infraestructura, pese a estar terminada y pagada, no está cumpliendo con el propósito para el que fue construida.
¿Por qué la Contraloría abrió una indagación preliminar en Campo Verde?
La indagación busca determinar qué áreas del complejo permanecen sin utilizar, cuánto tiempo llevan en esa condición, cuál es su estado actual y qué recursos públicos se invirtieron efectivamente en ellas.
El anuncio fue realizado por el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, durante la primera Ruta de Control a la Seguridad, una estrategia que concentra visitas a distintos proyectos de un mismo sector para verificar su ejecución, funcionamiento y aprovechamiento de los recursos públicos.
La Contraloría evaluará técnicamente si la existencia de infraestructura terminada y pagada que no presta el servicio previsto podría representar un daño al patrimonio público. La apertura de la indagación, sin embargo, no significa que ese daño esté demostrado ni que se hayan establecido responsabilidades.
El complejo Campo Verde fue ejecutado mediante un contrato interadministrativo suscrito en 2018 entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Findeter, con un valor total de $74.216 millones.
¿Qué incluye el complejo Campo Verde?
El proyecto contempla cinco componentes destinados a fortalecer los servicios de justicia y atención en la localidad de Bosa:
CAI: instalaciones para apoyar las labores de seguridad y vigilancia.
Casa de Justicia: espacio para facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios de justicia.
Unidad de Reacción Inmediata (URI): infraestructura para la atención de asuntos penales urgentes.
Centro de Atención Especializada (CAE): instalaciones destinadas a la atención especializada contemplada en el proyecto.
Salón múltiple: espacio complementario del complejo.
La Contraloría señaló que auditorías realizadas entre 2022 y 2024 ya habían advertido problemas relacionados con la planeación, los procesos de contratación y la existencia de espacios y equipamientos sin uso.
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Centro Especial de Reclusión Fase II. Crédito: imagen suministrada.
¿Qué pasa con la obra del Centro Especial de Reclusión Fase II?
Otro de los proyectos incluidos en la Ruta de Control a la Seguridad es el Centro Especial de Reclusión (CER) Fase II, cuya finalidad es ampliar la capacidad del Distrito para atender a personas privadas de la libertad.
La obra cuenta con una inversión superior a $21.586 millones y forma parte del programa Vamos a la Obra, de la Contraloría de Bogotá.
Según el reporte con corte al 31 de agosto de 2026, el proyecto registraba un avance del 88,2 %, frente al 96 % que estaba programado para esa fecha.
La ejecución ha estado marcada por adiciones contractuales, ampliaciones de plazo, suspensiones y prórrogas relacionadas con dificultades en los estudios, diseños y otros trámites.
Por esta razón, la Contraloría adelanta una Actuación Especial de Fiscalización para revisar las adiciones, las deficiencias en los estudios y diseños y los costos asociados a la mayor permanencia de la interventoría. El análisis busca establecer si estas situaciones tuvieron algún impacto sobre los recursos públicos.
Algunos puntos del Centro Especial de Reclusión Fase II, en Bosa, aún están en construcción. Crédito: imagen suministrada.
¿Cuántas cámaras de seguridad funcionan en Bogotá?
El recorrido también contempla una revisión del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), con énfasis en el funcionamiento del sistema de videovigilancia de la ciudad.
De acuerdo con cifras reportadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la entidad tiene 5.824 cámaras de su propiedad. Sin embargo, para calcular la disponibilidad del sistema se excluyen los equipos afectados por obras, siniestros y obsolescencia.
Con ese ajuste, el universo evaluado es de 5.294 cámaras, de las cuales 4.180 están en funcionamiento y 1.114 permanecen fuera de servicio.
Estas son las cifras principales del sistema reportadas por la Secretaría:
5.824 cámaras: total de equipos de propiedad de la Secretaría.
5.294 cámaras: equipos considerados para calcular la disponibilidad.
4.180 cámaras: equipos que funcionan.
1.114 cámaras: equipos fuera de servicio.
La Contraloría adelanta una Actuación Especial de Fiscalización para identificar las causas de las fallas, revisar las labores de mantenimiento y los tiempos de recuperación, y verificar la reposición de equipos y las medidas para restablecer la capacidad tecnológica.
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¿Qué es la Ruta de Control a la Seguridad de la Contraloría de Bogotá?
La Ruta de Control a la Seguridad es una nueva estrategia de vigilancia fiscal en territorio que busca revisar, de manera articulada, proyectos de un mismo sector y verificar si las inversiones públicas están cumpliendo su finalidad.
El modelo combina el análisis de antecedentes y documentos con visitas a las obras y la comprobación de las condiciones observadas en campo. A partir de esos hallazgos, la entidad puede adelantar actuaciones de control, hacer seguimiento y comunicar resultados.
En su primera jornada, la estrategia puso el foco en tres asuntos: los espacios sin uso en Campo Verde, los retrasos del Centro Especial de Reclusión Fase II y las fallas en el sistema de cámaras de seguridad.
La Contraloría prevé llevar este modelo de vigilancia a otros sectores estratégicos de Bogotá, con el objetivo de fortalecer el seguimiento a los recursos públicos y verificar que las inversiones se traduzcan en servicios efectivos para los ciudadanos.
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