TEXTO ÍNTEGRO: Crisis Financiera en SALUD perpetúa la Desigualdad y paraliza la COBERTURA universal

Especialistas y defensores del derecho a la salud advirtieron que el sistema sanitario mexicano padece un déficit financiero estructural, el cual perpetúa la desigualdad y frena el avance hacia una verdadera cobertura universal.

• Presentaron dos nuevos estudios e informes de políticas coordinados por la Coalición México Salud-Hable: “Más gasto, mayor equidad. Análisis del gasto público en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar” e “Identificación de mecanismos de financiamiento para instituciones públicas de los subsistemas IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar”.

La doctora Belén Sáenz de Miera Juárez, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y autora del primer estudio, dijo que uno de los retos más importantes del país sigue siendo garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para toda la población.

A pesar de que se han hecho esfuerzos importantes en los últimos 25 años, incluyendo la reforma recientemente anunciada, esto no será posible si no se garantiza una inversión pública suficiente y equitativa.

Gasto en salud, el 3.3% del PIB

• En 2024 el gasto público en salud apenas alcanzó 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sigue siendo insuficiente y permanece muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, persisten brechas importantes en la asignación de recursos entre población con y sin seguridad social y entre entidades federativas, agregó.

• “Persiste un problema estructural insostenible, México invierte poco y los recursos disponibles se siguen distribuyendo de manera desigual entre instituciones y entidades federativas.
• Esto genera brechas alarmantes en infraestructura, equipamiento, personal y capacidad de atención, vulnerando el derecho constitucional a la protección de la salud”, declaró Sáenz de Miera Juárez.

Justicia social en la Salud

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, enfatizó que la justicia social en el ámbito sanitario exige que las necesidades médicas de las personas, y no su condición laboral o su nivel socioeconómico, determinen su acceso al sistema de salud.

• “El Servicio Universal de Salud debe construir una hoja de ruta que garantice su sostenibilidad financiera y operativa. Para ello hay que delimitar el esquema de compensación financiera.
• Con una reforma a las legislaciones específicas del IMSS, del ISSSTE y del ISSFAM acerca de lo que consideran como derechohabiencia y mejorar las métricas con el fin de elaborar indicadores sobre cobertura sanitaria y calidad de los servicios.

“Para aumentar la base fiscal mediante una reforma fiscal progresiva que abone a un pacto fiscal por derechos, la revisión y el ajuste de impuestos generales y específicos es inevitable”, apuntó Ochoa.

• Por su parte, Yahaira Ochoa Ortiz, integrante de la Red de Mujeres por la Salud, alertó del impacto económico que las deficiencias del sistema de salud propicia en la atención a las mujeres, que se ensaña de manera desproporcionada con la población femenina en el país.

“El análisis de los microdatos de la ENIGH y la ENASEM 2024 desnuda una alarmante inequidad de género y territorio:

• Mientras que en el 85% del país las mujeres percibe ingresos inferiores al promedio nacional, ellas asumen la mayor carga de enfermedades no transmisibles, con tasas de prevalencia de hipertensión arterial (40 de cada 100) y de cáncer, significativamente superiores a las de los hombres”, dijo.

Será gasto en salud menor a lo sugerido

Aunque se prevé un mayor gasto en salud para el próximo año, México seguirá todavía por debajo de lo recomendado a nivel internacional.

• El proyecto de presupuesto para 2027 contempla un gasto en salud de un billón 136 mil 648.4 millones de pesos, un aumento real de 10.6 por ciento respecto a lo aprobado para 2026.

Pese al incremento, este monto de recursos sería equivalente a 2.9 por ciento del PIB, todavía inferior a un 6 por ciento recomendado, por lo que se requerirían 3.1 puntos porcentuales adicionales para alcanzar el 6 por ciento y avanzar hacia la cobertura universal, dimensionó el equipo de analistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en un análisis del Paquete Económico 2027.

• Además, el 75.6 por ciento del incremento que se pretende dar el próximo año se concentraría en la población con seguridad social y el gasto per cápita del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sería 2.1 veces el de IMSS-Bienestar, resaltó.

«El PPEF 2027 propone un aumento del gasto en salud de 108 mil 652.0 millones de pesos adicionales respecto a lo aprobado en 2026, lo que representaría un aumento real de 10.6 por ciento», subrayó el Centro.

• Sunny Arely Villa, directora de Fortalecimiento y Administración del CIEP, resaltó que, aunque se aumente el gasto en salud, todavía hay una deuda para reducir las desigualdades estructurales que hay en el País.

«Toda esa población que no ha tenido acceso a la seguridad social todavía puede quedar bastante desprotegida, vemos que en promedio hay un gasto de bolsillo de 7 mil 140 pesos por persona.

«Es decir, las familias todavía gastamos más de 30 por ciento de lo que puede proveer el sector público para la población sin seguridad social. Ahora, debemos ser bien cuidadosos porque la transición demográfica nos puede jugar una mala racha si no nos ponemos atentos a largo plazo, cada vez estamos envejeciendo más y las enfermedades también son cada vez más costosas», advirtieron Iván Arias y Arely Medina, analistas de Banamex.

• Aclararon que, en ausencia de mayores ingresos estructurales o de una revisión de la composición del gasto, el crecimiento de obligaciones como los programas sociales reduce el margen para otras prioridades como salud, infraestructura o educación.

«Las presiones asociadas con pensiones, salud, infraestructura, seguridad y Pemex mantienen una trayectoria ascendente. Una reforma integral debería equilibrar mayor suficiencia recaudatoria con neutralidad, simplicidad y certidumbre, además de ampliar el espacio para inversión pública», indicaron.

Estados de la República reprueban en transparencia de gasto en salud

La transparencia en el gasto público destinado a salud sigue siendo una tarea pendiente en gran parte del país.

• De acuerdo con el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2026, elaborado por Aregional, 28 de los 32 estados obtuvieron menos de 60 puntos en una escala de 0 a 100, lo que los ubica en un nivel de transparencia deficiente.
• El promedio nacional fue de apenas 37.9 puntos, reflejando rezagos importantes en la disponibilidad y calidad de la información sobre el uso de recursos públicos en el sector salud. Entre las entidades con los peores resultados destacan Chihuahua, con 11.1 puntos; Nuevo León y Morelos, ambos con 16.4; así como Nayarit, con 18.1 puntos.

Sólo cuatro estados alcanzaron el nivel considerado transparente, es decir, superior a 75 puntos. Jalisco y Querétaro encabezaron la clasificación con 95.2 puntos cada uno, seguidos por Sinaloa con 93.4 y Guanajuato con 89.2 puntos.

• En un nivel intermedio se ubicaron entidades como Hidalgo (57.4 puntos), Oaxaca (49.3), Ciudad de México (42.6) y Yucatán (39.9), aunque ninguna logró alcanzar el umbral mínimo para ser considerada suficientemente transparente.

Los resultados muestran marcadas diferencias entre entidades federativas y evidencian los retos que persisten para garantizar la rendición de cuentas en uno de los rubros más sensibles del gasto público.

Educación y salud pública llevan perdiendo peso relativo en el gasto federal

Es de importante iniciar aclarando que la educación y salud pública llevan más de una década perdiendo peso relativo en el gasto federal; y que el presupuesto 2027 no revierte esa tendencia de fondo.

• Hace 9 años, una estrategia federal llamada “Salud en tu Escuela” partió de una premisa que la economía de la salud ha documentado con amplitud: la salud y la educación no son dos políticas paralelas, sino insumos de un mismo proceso de formación de capital humano.
• El programa llevó a estudiantes y profesionales de la salud a las aulas para medir peso, talla, agudeza visual y auditiva, salud bucal y factores de riesgo en más de 64 mil escolares durante su fase piloto.
• La lógica detrás de esa cifra no era menor: cada detección temprana de un problema de salud es, una intervención que puede evitar un gasto sanitario mayor en el futuro, y al mismo tiempo una condición necesaria para que ese estudiante aprenda en condiciones adecuadas hoy.

Esa relación, mejor salud, mayor asistencia escolar, mejor alimentación, mejor aprendizaje, más capital humano, mayor productividad futura, debería orientar la asignación de recursos públicos. Sin embargo, los datos presupuestales más recientes muestran trayectorias de contracción en ambos frentes que conviene analizar con series de tiempo, no solo con cifras de un año.

En la evolución de la inversión pública en educación y salud como proporción del PIB entre 2010 y 2025. Hay dos patrones claros. Primero, la inversión educativa presenta una tendencia descendente:

• Pasó de un máximo de 4.5% del PIB en 2012 a alrededor de 3.1% en 2025, con una recuperación temporal en 2020 asociada al gasto extraordinario de la pandemia. Segundo, la inversión pública en salud se mantuvo durante buena parte del periodo entre 2.5% y 3.0% del PIB, tuvo un repunte en 2020 también por Covid19 y cerró 2025 alrededor de 3.2%.
• De acuerdo con los datos de cierre presupuestal, el gasto público ejercido en salud cerró 2025 en 945,010 millones de pesos, una caída de 1.6% en términos reales respecto al año anterior. Esto muestra por qué es importante distinguir entre el gasto como proporción del PIB y el gasto ejercido en pesos constantes: un indicador puede mantenerse relativamente estable mientras el otro disminuye.
• La misma precaución es necesaria para interpretar el presupuesto de la Secretaría de Salud, correspondiente al Ramo 12, propuesto para 2027. Se plantean 72,305 millones de pesos, frente a 66,826 millones aprobados para 2026: un aumento nominal de 8.2%, equivalente a 4.8% real. Sin embargo, el dato adquiere otro significado cuando se observa una serie más larga.

En 2024, la dependencia ejerció cerca de 97 mil millones de pesos y en 2022 administraba alrededor de 193 mil millones. Así, el presupuesto propuesto para 2027 será aproximadamente 25 mil millones menor que el de 2024 y 121 mil millones menor que el de 2022. Una parte importante de esta diferencia responde a una recomposición institucional del gasto sanitario.

• Para 2027, el IMSS-Bienestar concentrará 193,987 millones de pesos, un monto similar al que administraba la Secretaría de Salud antes de la pandemia. Por ello, analizar el gasto sanitario únicamente a partir del Ramo 12 puede conducir a una lectura incompleta. Es necesario observar el sistema en su conjunto: Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Aun con esta recomposición, México se encuentra lejos de los referentes internacionales. Considerando el gasto consolidado de las instituciones públicas de salud, el país destina alrededor de 3% del PIB a este rubro, frente al 6% señalado por la Organización Mundial de la Salud como referencia para avanzar hacia una cobertura universal efectiva.

En América Latina, México se encuentra entre los países con menor proporción del PIB destinada al gasto público en salud, a pesar del tamaño de su economía. Esta brecha no es simplemente un dato comparativo:

• Condiciona directamente la capacidad del sistema para sostener funciones esenciales como la vigilancia epidemiológica, la cobertura de vacunación, provisión de medicamentos y los programas de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.

El efecto también se traslada a los hogares. La población sin afiliación a un esquema formal de seguridad social, 56% de los trabajadores, depende en mayor medida de la capacidad operativa de la Secretaría de Salud y del IMSS-Bienestar.

• Cuando el sistema público no garantiza consultas, estudios o medicamentos, las familias deben cubrirlos directamente. Desde la economía de la salud, el gasto de bolsillo es particularmente relevante porque puede convertirse en un mecanismo de empobrecimiento asociado a la enfermedad.
• La discusión no puede detenerse en el sistema sanitario. La otra parte de la ecuación es la educación. Como muestra la gráfica, la inversión educativa como proporción del PIB lleva más de una década en descenso, y hay más incertidumbre sobre la calidad del gasto.

La extinción de las escuelas de tiempo completo, que ampliaban las horas de instrucción, eran espacio de cuidado y alimentación para millones de familias; fue un golpe para la planeación educativa y la permanencia escolar.

• En paralelo, la reforma curricular de la Nueva Escuela Mexicana integró a las matemáticas dentro de un campo de conocimiento más amplio en lugar de mantenerlas como asignatura independiente reduciendo su peso en los contenidos de los programas de educación básica, un cambio que ha generado debate sobre su efecto en el desarrollo del razonamiento cuantitativo.

A esto se suma una reducción significativa en el presupuesto destinado a la formación continua del magisterio: el gasto por docente cayó de 365 a 166 pesos entre 2025 y 2026, con una contracción mayor, de más de 77% en el nivel básico./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro a Continuación:

https://mexicosaludhable.org/wp-content/uploads/2026/05/Policy_brief_gasto_salud.pdf

https://mexicosaludhable.org/wp-content/uploads/2026/06/Posibilidades-de-financiamiento-del-Sistema-Universal-de-Salud-en-Mexico.pdf