Linchar a la juez
JAQUE MATE
Sancionar una decisión por haber incomodado al poder puede desalentar a otras juezas y otros jueces de resolver con libertad”.
Martha Magaña, ex jueza federal.
El 2 de septiembre de 2024 el entonces presidente López Obrador criticó a “una jueza de Morelos” que “dice que no deben en el Poder Legislativo enviar, en el caso de que la aprobara la reforma [judicial constitucional], no pueden enviarla a los congresos estatales”. Estaba muy molesto: “¡Paran o pretenden detener el proceso legislativo!”.
El licenciado en ciencias políticas que terminó su carrera en catorce años, el mismo que declaró que los juzgadores no debían salirle “con el cuento de que la ley es la ley”, procedió a dar lecciones de derecho a la juez. “Y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo discutir, aprobar las leyes, de ningún otro poder. Ya hay lo que se conoce como jurisprudencia, ya se ha debatido sobre esto y hay dos jurisprudencias”.
La juez a la que se refería López Obrador era Martha Magaña, quien emitió una suspensión el 30 de agosto para evitar el envío de la reforma a los congresos estatales mientras estudiaba el fondo del asunto. Según el abogado Elliott Velher, “Al día siguiente se inició de manera expedita la carpeta de investigación en su contra, así como el procedimiento administrativo de queja ante el entonces CJF [Consejo de la Judicatura Federal]”. Ese mismo día Sergio Gutiérrez Luna, el poderoso diputado morenista, pidió un juicio político contra la juez. “Estos hechos sugieren una operación de Estado contra una persona que no se alineó a sus pretensiones y adoctrinamiento”.
El 4 de septiembre López Obrador descalificó nuevamente a la juez Magaña. “Es amiga de la ministra Norma Piña. Vean nada más, con sus piñitas ahí en sus playeritas, qué graciosas. Dios las hace y ellas se juntan”.
El Congreso violó las suspensiones de Magaña y de otro juez, Felipe Soto. Ahora el Tribunal de Disciplina Judicial está investigando a la juez por haber dictado la suspensión. Por lo pronto, la citó a una audiencia el pasado 8 de octubre, a la cual ella asistió de manera remota. “La suspensión se fundó en Derecho”, declaró ella. “Las razones jurídicas que la sustentaron no fueron combatidas por la vía legal. La autoridad desatendió la decisión y con ello quebrantó el estado de Derecho”.
Ante la presión de medios y juristas, el tribunal emitió un comunicado en el que dijo que la audiencia “fue una diligencia en seguimiento a un informe de presunta responsabilidad; su celebración no implica, por sí misma, sanción o amonestación alguna”. Sin embargo, es difícil no pensar que se le citó por una decisión política. Curiosamente, nadie ha investigado a los líderes del Congreso por haber violado las suspensiones.
Cuando López Obrador recibió su constancia de mayoría del Tribunal Electoral el 8 de agosto de 2018 prometió a los “magistrados, así como al resto del Poder Judicial, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”. Poco después, sin embargo, empezó a cuestionar y desobedecer los fallos. Incluso llamó “traidores” y “traidorzuelos” a los ministros de la Suprema Corte que él había nombrado, Juan Luis González Alcantara y Margarita Ríos-Farjat, por votar contra sus deseos.
La reforma judicial se hizo para eliminar la independencia de los juzgadores. La persecución que hoy estamos viendo de la juez Magaña es ratificación de que López Obrador, quien decía “No es mi fuerte la venganza”, está dispuesto a llevar sus actos de venganza a extremos antes impensados.
Agua limpia
No sé quién haya empezado los actos de violencia en la protesta por el agua en Guadalajara, si los policías o los manifestantes, pero lo que es cierto es que los gobiernos municipales y el estatal de Jalisco tienen la obligación de dar a los gobernados agua limpia y sana.
Sergio Sarmiento
El Imparcial
