Exigen respuestas los sobrevivientes del ataque aéreo contra una nave pesquera en aguas territoriales

Manta, Ecuador.- Los 16 tripulantes del barco pesquero Negra Francisca Duarte II aseguran que su embarcación fue atacada con explosivos cerca de las islas Galápagos, antes de ser retenidos por hombres armados y trasladados hasta El Salvador. Una investigación periodística señala que el episodio podría estar relacionado con una operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), aunque esa posible vinculación no ha sido confirmada.

El ataque ocurrió el pasado 17 de marzo, cuando los pescadores navegaban de regreso al puerto ecuatoriano de Manta después de dos semanas de trabajo. Se encontraban aproximadamente a 170 millas náuticas de Galápagos cuando observaron dos drones cerca del barco.

Hernán Flores, propietario y capitán de la embarcación, relató que segundos después se produjo una explosión en la cabina de mando. Él sufrió una herida en la cabeza, mientras otro tripulante presentó un corte grave en un pie.

El barco comenzó a incendiarse y una segunda explosión extendió las llamas. Mientras los pescadores preparaban las lanchas auxiliares para evacuar, se registraron más detonaciones y algunos hombres cayeron al agua. Flores afirmó que alcanzó a observar un dron pequeño sobre la cubierta antes de abandonar la nave.

Retenidos por hombres armados

Una vez a salvo en las lanchas, los pescadores se dirigieron hacia un barco azul que habían visto antes del incidente. Al aproximarse encontraron a hombres que hablaban inglés, portaban armas largas y vestían uniformes militares de color marrón, de acuerdo con el testimonio del capitán.

Los tripulantes fueron obligados a subir, esposados y cubiertos con capuchas. Intérpretes les pidieron identificarse y les ordenaron no hablar. Permanecieron durante horas sobre la cubierta sin recibir información sobre su destino.

A la mañana siguiente fueron entregados como “náufragos” al servicio de guardacostas de El Salvador. Desde ese país realizaron los trámites para regresar a Ecuador.

El caso presenta similitudes con otros dos ataques contra barcos ecuatorianos: el de la embarcación Don Maca, que dejó 20 sobrevivientes, y el del Fiorella, tras el cual ocho personas permanecen desaparecidas y dos sobrevivieron. En los tres episodios se reportó la presencia previa de drones o barcos que habrían seguido a las tripulaciones.

Comando Sur niega participación

Una investigación de The Washington Post planteó que los ataques pudieron formar parte de una operación encubierta de la CIA. El periódico indicó que una aeronave ejecutiva equipada con tecnología especializada de vigilancia voló desde El Salvador hacia las zonas donde estaban los pesqueros durante los días previos y en las fechas de los incidentes.

Sin embargo, el propio medio reconoció que numerosos elementos sobre la posible participación de la agencia estadounidense siguen sin estar claros. La CIA no había respondido a la consulta realizada por BBC Mundo al momento de difundirse el reporte.

El Comando Sur de Estados Unidos también negó estar involucrado. En respuesta a BBC Mundo, aseguró que no tenía conocimiento de esos sucesos y que sus fuerzas no participaron en ellos.

Reclaman una investigación

Flores sostuvo que, pocas horas antes del ataque, la Guardia Costera de Ecuador había revisado durante casi cuatro horas la embarcación y su carga. También señaló que los pesqueros cuentan con rastreadores satelitales y están sujetos a controles de las autoridades portuarias.

“Si ellos tienen tanta tecnología, drones, un avión, ¿por qué nos bombardearon?”, cuestionó el capitán, quien afirmó que el barco azul nunca les ordenó detenerse ni intentó inspeccionarlos antes de las explosiones.

Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, consideró relevante que los sobrevivientes fueran presentados como náufragos, pese a que denunciaron haber sido esposados, encapuchados e incomunicados.

La organización sostiene que pudieron cometerse vulneraciones a la presunción de inocencia, la integridad física, la libertad y la propiedad privada. Aunque la Fiscalía ecuatoriana abrió una investigación, familiares y sobrevivientes afirman que no existen avances importantes. Las autoridades de Ecuador tampoco habían respondido a las consultas periodísticas citadas en el reporte.