Declararon ocho testigos y se acerca el final del juicio político al juez federal de Rosario acusado por coimas

Ocho testigos declararon esta semana ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el juicio político a Gastón Salmain, el juez federal de Rosario acusado de vender fallos a cambio de coimas y de ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial cuando daba sus primeros pasos en tribunales. El debate concluirá este miércoles, luego de los alegatos de la defensa y la acusación.

Salmain está procesado con prisión preventiva en la causa Attila, uno de los tantos casos de corrupción judicial en los que es investigado. Si el jury lo destituye, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario perderá los fueros y será detenido.

Entre las audiencias del martes y miércoles declararon bajo juramento seis funcionarios y empleados del Juzgado, además de la exfiscal rosarina Adriana Teresa Saccone y el ingeniero en telecomunicaciones Miguel Ángel Staiano.

Según pudo saber Infobae, el juez Salmain comentó a distintos interlocutores que “le fue bárbaro” en las audiencias. Pero “no necesariamente es optimista; es un juicio político, no solo un juicio técnico”, indicó una fuente cercana al magistrado.

La acusación del Consejo de la Magistratura, impulsada por el juez Diego Barroetaveña, el senador Luis Juez y la abogada Jimena de la Torre, ya prepara su alegato. Además de las pruebas ya conocidas y las testimoniales del juicio, sustentarán el pedido de remoción en lo que consideran una serie de “contradicciones” y “hechos fácticos que Salmain no puede explicar”.

El magistrado, quien asumió su cargo en abril de 2023, se encuentra actualmente procesado por los delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación penal sostiene que el juez habría pactado un soborno de 200.000 dólares a cambio de facilitar que el fideicomiso “Attila” adquiriera 10 millones de dólares a la valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria.

Detrás de ese fideicomiso estaba el financista Fernando Whpei, hoy imputado colaborador de la Justicia. El empresario incriminó al juez cuando declaró y admitió que había acordado sobornarlo. A último momento, el Jurado dio marcha atrás con su testimonial en el juicio político.

El segundo cargo que enfrenta Salmain se vincula con el proceso de selección que le permitió acceder al cargo de juez federal. La acusación sostiene que el magistrado falseó su currículum vitae, el cual tenía carácter de declaración jurada, al omitir deliberadamente que en el año 2002 fue cesanteado del Poder Judicial de la Nación.

En aquel entonces, Salmain se desempeñaba como empleado administrativo en el fuero de la Seguridad Social y fue exonerado tras una investigación de la Corte Suprema de Justicia por haber ofrecido una coima para alterar el sorteo de las causas.

Qué declararon los testigos

Las testimoniales se centraron en el caso “Attila”. María Cecilia Maldován, a cargo de la Secretaría “A” del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, brindó una declaración clave. Esta funcionaria manejó personalmente el expediente desde el inicio.

Maldován relató que la demanda del fideicomiso ingresó por sorteo ordinario y que presentaba severas deficiencias de redacción, lo que la obligó a ordenar aclaraciones previas en dos oportunidades antes de que llegara al juez. Según la testigo, Salmain únicamente intervino para indicarle que redactara el proyecto de la medida cautelar tomando como modelo una resolución similar previa del propio juzgado, denominada “Comunicación 3”, asegurando que jamás recibió directivas del magistrado para favorecer o perjudicar a las partes.

En sintonía con esto, la prosecretaria Georgina Mascetti enfatizó que el juez nunca le transmitió una instrucción que resultara anormal o ajena al correcto ejercicio de la función judicial.

Por su parte, la exfiscal federal Adriana Teresa Saccone —se jubiló en marzo de este año— aseguró que fue algo “inusual” cómo se tramitó el expediente que favoreció al fideicomiso Attila.

“Doctora, ¿qué cuestión concreta fue sometida a su intervención en esta causa?”, le preguntó Barroetaveña, consejero y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal.

Saccone contestó: “La cuestión de competencia, pero no inicialmente, no al inicio, a la interposición de la demanda, sino una vez que ya habían sido despachadas las medidas cautelares y la Cámara las había revocado. Y ahí es cuando (Salmain) dispone la remisión por la presunta comisión del delito de estafa procesal”.

La testigo profundizó sobre este punto. “En realidad, el juez efectiviza una vista que fue apenas interpuesta la demanda, que era lo usual y habitual. Se interponía una demanda y se corría vista por competencia o habilitación de instancia. En este caso, esa vista no fue corrida en ese momento, sino mucho después, cuando el juez ya había dispuesto las medidas cautelares”, agregó la exfiscal.

Según consta en la causa penal, Salmain habría denunciado a Whpei porque se cayó el presunto arreglo espurio. Sucede que todo ocurrió en diciembre de 2023, justo cuando asumió la presidencia Javier Milei. Con la devaluación que inauguró la gestión libertaria, la brecha se pulverizó, el negocio quedó trunco y la coima de 200.000 dólares, finalmente, nunca se habría pagado.

Otro de los ejes del debate son las sospechas de reuniones entre el magistrado y el financista arrepentido. Para intentar esclarecer este aspecto, se escuchó el testimonio del ingeniero Miguel Ángel Staiano, quien realizó —a pedido de la defensa, a cargo de los abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira— un informe sobre el impacto de antenas de telefonía celular.

Este perito de parte determinó que las celdas de cobertura analizadas son sumamente amplias y pueden solaparse. Por tal motivo, Staiano concluyó que es técnicamente imposible probar o descartar de manera concluyente si existió o no un encuentro físico entre Salmain y Whpei basándose únicamente en esos registros telefónicos.

La sospecha apunta a que el juez recibió al financista en su despacho el 2 de octubre de 2023, para planificar la supuesta venta de los fallos y las coimas. Sus abogados dijeron en el juicio que Whpei bien podría haber estado “tomando un café” a la vuelta de la esquina. E insistieron en que el nombre del empresario no está registrado en las planillas de la Prefectura Naval, que custodia el edificio, ni tampoco fue reconocido por empleados o funcionarios del Juzgado.

En esta línea, el empleado administrativo Federico Lorenzini relató que, a pedido de Salmain, fue a una escribanía a firmar un acta declarando que no conocía y nunca había visto a Whpei.

Interrogado por los acusadores, Lorenzini aclaró que el magistrado no lo presionó ni le indicó qué debía responder. Las respuestas no conformaron a los consejeros, que deslizaron que esto fue una jugada de Salmain para fortalecer su coartada.

Asimismo, la prosecretaria Ana Clara Döhle y la secretaria previsional Cecilia Beatriz Spagnolo coincidieron en que la gestión de Salmain mejoró notablemente la eficiencia del Juzgado, poniéndola “al día” de manera muy organizada.

Por último, en una brevísima declaración, la prosecretaria Georgina Rocca dijo que nunca tuvo una “relación fluida con el doctor Salmain dentro de las cuestiones relativas a los expedientes”.

Cabe recordar que el juicio político no apunta a establecer si el magistrado es culpable o inocente, sino a evaluar si conserva la idoneidad, la imparcialidad y el decoro indispensables para continuar ejerciendo el cargo.

La defensa de Salmain centró su estrategia en desacreditar la validez de la causa penal y en denunciar una supuesta persecución política y judicial contra su cliente.

El abogado José Manuel Ubeira argumentó que la acusación se estructuró sobre el testimonio de un “falso arrepentido”, en alusión al empresario Whpei, a quien acusó de mentir para obtener beneficios procesales en otras investigaciones penales que afronta en Rosario.

Según la defensa, no existen registros objetivos que demuestren que Whpei ingresó alguna vez al despacho del juez, y destacaron que el propio Salmain fue quien denunció inicialmente las presuntas irregularidades ante la justicia penal al extraer testimonios tras la revocación de la medida cautelar por parte de la Cámara de Apelaciones.

En cuanto a la omisión en su CV, al declarar ante el Jurado, el propio Salmain minimizó la relevancia de este antecedente y argumentó que no tenía la obligación reglamentaria de consignarlo. Explicó que el reglamento de los concursos solo exige declarar las sanciones aplicadas en los últimos diez años, por lo que un hecho ocurrido hace más de dos décadas quedaba fuera de ese requisito. Asimismo, señaló que la cesantía dictada por la Corte Suprema fue irregular porque se emitió meses después de que él hubiera presentado su renuncia al cargo. “No se me pasó por la cabeza, era algo que no me sumaba puntos”, afirmó el magistrado suspendido para justificarse.

Con la finalización de las declaraciones testimoniales y la incorporación de la prueba documental, al Jurado de Enjuiciamiento solo le resta escuchar los alegatos.

Desde las 9.30 del miércoles, la acusación ratificará el pedido de remoción del magistrado y la defensa solicitará su absolución y restitución en el cargo.

La decisión final quedará en manos de los integrantes del Jurado, quienes deberán determinar si las pruebas reunidas son suficientes para decretar la destitución de Gastón Salmain. Tienen 20 días para dar a conocer el veredicto.

El jury es presidido por el juez Marcelo Bartumeu Romero, y lo completan el camarista Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.