Disputa familiar salpica a ex Gobernador

En el kilómetro 19 de la carretera estatal 411, en Huimilpan, dos propiedades concentran una disputa familiar, empresarial y judicial que ya llegó hasta la Fiscalía General de la República.

Son El Salto, de 100 hectáreas, y La Haciendita, de 169. Pero para los integrantes de la familia Urquiza Fernández que han llevado el caso ante autoridades federales, la pieza más codiciada no es únicamente la tierra. Es el agua.

Dentro de El Salto existe un pozo amparado por el título de concesión 08QRO102808/12AMGR96, otorgado por la Comisión Nacional del Agua, que permite extraer hasta 360 mil metros cúbicos anuales.

"Hay un tema de fondo que es obviamente la concesión que tiene El Salto, es lo que realmente genera mucha avaricia en la obtención de ese terreno", afirma Rodrigo Madero, abogado de integrantes de la familia.

El predio tiene además una ubicación peculiar. Está enfrente, carretera de por medio, de La Cruz de Mayo, rancho propiedad del ex Gobernador panista Francisco Domínguez Servién, de acuerdo con la familia.

En una parte de esa propiedad fue construido el Estadio Finsus, sede de los Conspiradores de Querétaro, equipo profesional de la Liga Mexicana de Beisbol.

Domínguez gobernó Querétaro de 2015 a 2021. Después de dejar el cargo quedó involucrado en un proyecto empresarial para desarrollar inmobiliariamente las tierras de los Urquiza.

Lo hizo mediante MFJ Campestre, S.A. de C.V., empresa de la que posee el 60 por ciento de las acciones. Su hermana María Elena Domínguez Servién tiene 10 por ciento y Juan Israel Montaño Jiménez el restante 30 por ciento.

Al ex Gobernador le fueron otorgadas además facultades para realizar actos de dominio en representación de la empresa, de acuerdo a la acusación.

El negocio

El acercamiento ocurrió en 2023. La propuesta era desarrollar inmobiliariamente las propiedades.

La familia Urquiza aportaría los terrenos y los derechos de agua y, el desarrollador, los recursos económicos necesarios.

El esquema planteaba entregar 80 por ciento de las ventas netas a MFJ Campestre y 20 por ciento a los propietarios. Además, la empresa cobraría una comisión de comercialización equivalente al 12 por ciento de las ventas brutas.

El anticipo inicial fue planteado en un millón de pesos. El 11 de abril de 2023 se firmó una Carta de Intención. Posteriormente se creó un fideicomiso con Banco Monex como fiduciario, de acuerdo con los denunciantes.

Añadieron que MFJ Campestre fue designada depositaria del inmueble y la mayoría de los votos dentro del Comité Técnico quedó en representantes designados por esa empresa. Domínguez aparece personalmente como integrante propietario del Comité.

Para la familia, esas condiciones daban a la desarrolladora el control operativo del proyecto, la posesión del inmueble y la mayor parte de los ingresos. El problema apareció cuando El Salto quedó fuera.

El 16 de enero de 2023, Agustín Urquiza Fernández había donado el terreno a su hermano Julián y a su hija Pamela Urquiza Lindacher, en partes iguales.

De acuerdo con los denunciantes, cuando se revisaron las condiciones del proyecto se decidió que El Salto no fuera incorporado al fideicomiso.

La familia sostiene que se buscó entonces revertir la donación. Sólo La Haciendita terminó integrada al esquema. Y el dato resulta central porque el pozo está precisamente en El Salto.

Un documento incómodo

Otro elemento de la disputa está dentro de la propia carpeta penal abierta en Querétaro. Se trata del llamado "convenio para dar cumplimiento a la carta de asociación de intención de negocio".

La versión inicial del caso señalaba que había sido aportado por la defensa.

Según Rodrigo Madero, el documento fue presentado originalmente por la asesoría jurídica de la parte denunciante, que colaboraba con la Fiscalía.

En él aparecen acuerdos relacionados con el proyecto inmobiliario y el nombre de Francisco Domínguez. Posteriormente, esa representación jurídica se desistió.

Cuando un amparo dejó sin efectos la vinculación a proceso y permitió reabrir la investigación, la defensa volvió a entregar el convenio junto con el fideicomiso y pidió que la Fiscalía analizara su contenido.

"Eso lo puso el asesor jurídico, no lo estás atendiendo, pero yo te lo estoy dando junto con el fideicomiso", explicó Madero sobre el argumento planteado a los fiscales.

Para la defensa, el documento no sólo sirve para ligar al ex Gobernador con el proyecto. También tiene relevancia para demostrar que la donación de El Salto tenía efectos jurídicos.

"No puedes pedir la revocación de algo que es nulo. Tienes que reconocerle validez para tramitar su revocación", explica el abogado.

La familia cuestiona que esa línea no haya sido profundizada por la Fiscalía estatal.

Llegan Ejército y GN

El conflicto pasó después del terreno y los contratos a los cateos.

Entre el 31 de diciembre de 2025 y los primeros días de enero de este año fueron realizados operativos en domicilios de integrantes de la familia. Los afectados afirmaron que en ellos no participaron únicamente agentes ministeriales estatales.

De acuerdo con Pamela Urquiza y su abogado, los cateos fueron ejecutados con apoyo de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

Ese punto se convirtió en uno de los ejes de la denuncia presentada el 29 de julio ante la FGR.

"En el Estado de Querétaro iba a ser imposible que las mismas instituciones que están detrás de esta situación hicieran una investigación sobre el comportamiento de los servidores públicos al momento de realizar el cateo", dice Madero.

La denuncia federal sostiene que pudieron haberse utilizado indebidamente recursos federales.

Para la defensa, el carácter de los delitos investigados vuelve desproporcionado el despliegue.

"Estamos frente a delitos patrimoniales, frente a delitos patrimoniales no violentos, en palabras del Fiscal de Querétaro, frente a un asunto de naturaleza familiar, y mandó al cateo fuerzas militares y Guardia Nacional en un número considerable", señala.

El abogado asegura que cuentan con imágenes de cámaras privadas donde se observa cómo, durante el ingreso a uno de los inmuebles, los agentes intentaron cortar las comunicaciones y posteriormente dañaron puertas mientras buscaban a una persona que no estaba en el lugar.

Esos videos y fotografías, en poder de REFORMA, fueron ofrecidos como datos de prueba a la FGR. La defensa pidió también a la institución federal obtener los expedientes completos tramitados en Querétaro para contrastar su denuncia.

'Tengo tu casa'

Uno de los episodios que más cuestiona Pamela Urquiza ocurrió en la vivienda de sus padres.

Según su versión, el inmueble fue asegurado pese a que no pertenece a El Salto, no forma parte del fideicomiso y no tiene relación directa con los hechos por los que se investigaba a la familia.

La defensa llevó el aseguramiento al juicio de amparo.

De acuerdo con el abogado, dentro de ese procedimiento el propio juez que autorizó el cateo informó a la Justicia federal que él no había ordenado asegurar el inmueble.

"Él sólo autorizó el cateo o libró la orden de cateo, pero no autorizó aseguramiento", afirma Madero.

Para la familia, la medida tuvo un objetivo intimidatorio.

"Es como un símbolo de: mira, tengo tu casa secuestrada, cede ya porque si no, no te la regreso", afirma Pamela.

La propiedad, asegura, continúa bajo aseguramiento.

En su propio domicilio ocurrió otro episodio. Pamela vive ahí con cuatro hijas menores.
Durante el cateo, relata, los agentes le indicaron que también podían asegurar su casa.

"No la acaban asegurando, pero sí me lo mencionaron", dice. "Imagínate nada más lo que hubiera sido despojar a cuatro menores de su hogar".

La familia considera que esa sucesión de procedimientos forma parte de una estrategia para presionarlos en el conflicto patrimonial.

El vocero de 'Domínguez'

Entre los elementos que respaldan la acusación de la familia existe un audio en el que Pablo Villanueva, quien aparece como suplente dentro del fideicomiso relacionado con el proyecto inmobiliario, explica a integrantes de los Urquiza las condiciones del negocio.

La familia aclaró que Villanueva no es abogado de su abuela ni representante jurídico de la familia.

Según su versión, Villanueva aparece dentro de la estructura del fideicomiso y, por la forma en que interviene ante la familia, actúa como un "vocero de Francisco Domínguez" para explicar y defender el proyecto inmobiliario.

En esa conversación, Villanueva explicó a la familia cómo funcionaría el fideicomiso, aunque —asegura— las condiciones que describió verbalmente diferían de las que posteriormente quedaron plasmadas en los documentos.

La conversación fue proporcionada a las autoridades por parte de Agustín Urquiza.

Le dice: "'oigan, yo temo que si ustedes no quieren hacer este negocio, pues legal o ilegalmente (...) nos vamos a echar encima a este señor y vamos a tener consecuencias'".

En la misma conversación se mencionó que Domínguez llevaba tiempo interesado en las propiedades y que, si la familia aceptaba el negocio, trámites como el cambio de uso de suelo podrían realizarse con mayor facilidad y rapidez.

También aseguró que se habló de la posibilidad de devolver a la familia unas hectáreas que previamente habían sido afectadas por disposiciones relacionadas con una presa y un río, como parte de las condiciones para concretar el desarrollo.

El contenido del audio forma parte de los elementos que la familia considera relevantes para sostener su versión sobre el interés del ex Gobernador en las propiedades.

Niega Domínguez despojo; ubica pleito en familia Urquiza

María Guadalupe Fernández Villanueva, conocida como "Doña Pita", única y universal heredera de los bienes de su esposo, sostuvo públicamente que la controversia por el rancho El Salto tiene su origen en un conflicto familiar y rechazó involucrar en éste a terceras personas.

En una carta manuscrita dirigida a la opinión pública y ratificada mediante una declaración unilateral formalizada ante notario el 23 de agosto pasado, Doña Pita señaló que fue ella quien decidió acudir ante las autoridades para defender su patrimonio y rechazó haber sido manipulada para emprender acciones judiciales.

Su representación legal sostuvo además que resulta irresponsable atribuir a personas ajenas a la familia las denuncias y acciones promovidas por ella.

El ex Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, rechazó haber despojado de tierras a integrantes de la familia Urquiza y sostuvo que la controversia por el rancho El Salto derivó de un pleito sucesorio entre miembros de esa familia, en el cual aseguró no ser parte.

El panista afirmó que los señalamientos en su contra mezclaron dos propiedades distintas: El Salto, predio involucrado en una disputa hereditaria y que cuenta con un pozo, y La Haciendita, terreno relacionado con un proyecto inmobiliario en el que sí reconoció participación.

"Yo no he despojado a nadie de sus tierras. Se están mezclando dos propiedades distintas, El Salto y La Haciendita, con historias jurídicas diferentes", afirmó en un mensaje difundido en redes.

La documentación proporcionada para sostener su defensa refiere que el origen de la disputa se remonta a la muerte, el 2 de mayo de 2011, de Agustín Urquiza Fernández de Jáuregui, propietario de El Salto.

En su testamento público abierto, otorgado en 2006, Urquiza Fernández de Jáuregui designó como única y universal heredera a su esposa, María Guadalupe Fernández Villanueva, conocida como "Doña Pita", y como albacea a su hijo Agustín Urquiza Fernández.

La controversia, de acuerdo con esa versión, surgió años después dentro de la propia familia.
Agustín Urquiza Fernández, en su carácter de albacea, habría donado El Salto a su hermano Julián Urquiza Fernández y a su hija Pamela María Urquiza Lindacher.

La operación quedó asentada en la escritura pública 29 mil 184, del 16 de enero de 2023: 50 por ciento del inmueble fue transmitido a Pamela y el otro 50 por ciento a Julián. Doña Pita controvirtió posteriormente esa operación ante tribunales.

La propia mujer inició un juicio ordinario civil para buscar la nulidad de las escrituras y promovió acciones que derivaron en la carpeta de investigación CI/QRO/30535/2023.

De acuerdo con la ficha jurídica entregada por la defensa, esa carpeta investiga presunta administración fraudulenta atribuida a Agustín y fraude procesal atribuido a Pamela y Julián, además de lo que pudiera resultar.

Domínguez no figura como denunciado en esa carpeta, según la documentación proporcionada.

"Yo no presenté la denuncia y tampoco aparezco denunciado en esa carpeta", remarcó el ex Mandatario.

Su defensa también buscó desmontar la vinculación entre el litigio de El Salto y el negocio inmobiliario.

Domínguez reconoció su participación en un proyecto sobre La Haciendita, pero sostuvo que ese terreno tiene una historia jurídica independiente.

Según la documentación de su defensa, La Haciendita pertenece directamente a Doña Pita desde el 5 de diciembre de 1970 y, por tanto, no integró la masa hereditaria que quedó tras la muerte de su esposo.

El fideicomiso inmobiliario fue constituido exclusivamente sobre La Haciendita mediante Monex, en escritura pública 90 mil 710 del 22 de marzo de 2024, ante la Notaría 31 de Querétaro.

La versión proporcionada admite que inicialmente se analizó un desarrollo que comprendiera El Salto y La Haciendita, pero afirma que, cuando se detectó la controversia patrimonial sobre el primero, éste fue excluido.

El Salto, según esa documentación, nunca quedó incorporado al fideicomiso.

"Cuando conocimos la controversia sobre El Salto, hace más de tres años, quedó fuera del proyecto y nunca entró al fideicomiso", sostuvo Domínguez.

Otro punto de la controversia es el agua.

La documentación de la defensa reconoce que el pozo se encuentra en El Salto y que históricamente también abasteció a La Haciendita. Señala además que existió una transmisión de derechos de la concesión a favor de Pamela y Julián, cuya legalidad se encuentra controvertida ante la Comisión Nacional del Agua.

Domínguez sostuvo, en contraste, que La Haciendita "no cuenta con concesión de agua".

El posicionamiento jurídico de Doña Pita insistió en separar los dos inmuebles: El Salto es el terreno cuya donación permanece impugnada, mientras La Haciendita fue adquirida por ella antes del fallecimiento de su esposo y no forma parte de la sucesión.

Asimismo, afirmó que el fideicomiso corresponde exclusivamente a La Haciendita y negó que éste conceda a terceros derechos sobre El Salto.

Domínguez sostuvo que tampoco tuvo posesión material de El Salto.

"Nunca ocupé ese predio, nunca tuve su posesión y nunca me apropié de él. Mi participación es otra, legal y documentada", expresó.

El ex Gobernador advirtió que responderá jurídicamente a los señalamientos que considere difamatorios.

"Entiendo que en los tiempos políticos que vivimos, un litigio familiar pueda llevarse al terreno mediático, pero una cosa es la libertad de expresión y otra la mentira.

"Las expresiones calumniosas tendrán una respuesta legal que corresponda. Yo seguiré dando la cara con hechos documentados y respeto de las instituciones", dijo.

"Las declaraciones pueden cambiar, los expedientes no. Y los hechos son claros: yo no he despojado a nadie de sus tierras".