Agente de tránsito en Santander habría sobornado a conductora con presuntos favores sexuales para anularle una infracción vial: avanza la investigación
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Omar Quesada Rueda, agente de tránsito de Girón, Santander, dentro de una investigación por presuntas irregularidades durante un procedimiento vial.
El organismo de control calificó de forma provisional la conducta atribuida al funcionario como una falta gravísima a título de dolo. Esa valoración plantea que los hechos bajo examen habrían sido cometidos de manera intencional.
La actuación disciplinaria se originó por una denuncia presentada por una conductora. Según los elementos revisados por la Procuraduría, el agente presuntamente le pidió dinero para no inmovilizar su vehículo.
Después de imponer una infracción, Quesada Rueda también habría planteado retirar la medida a cambio de favores sexuales. “La propuesta habría sido rechazada por la ciudadana, quien posteriormente puso los hechos en conocimiento de las autoridades”, indicó el organismo.
La Procuraduría abrió el proceso para determinar si el agente de tránsito utilizó presuntamente su cargo con el fin de obtener beneficios personales y si incumplió sus deberes como servidor público.
El caso se centra en un supuesto cobro para evitar la inmovilización de un vehículo y en una presunta solicitud de índole sexual posterior a la imposición de una multa.
El pliego de cargos permite que el expediente continúe hacia las etapas previstas en el procedimiento disciplinario. Durante ese trámite se examinarán las pruebas y los demás elementos que fueron recaudados.
“Con fundamento en los elementos recaudados durante la actuación, el Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta atribuida a Quesada Rueda, para la vigencia 2025, como una falta gravísima cometida a título de dolo”, concluyó la Procuraduría.
La decisión del organismo de control no equivale a una sanción ni define de manera definitiva la responsabilidad del investigado. El agente deberá contar con las garantías correspondientes durante el desarrollo de la actuación.
Sancionaron a agente de tránsito por sacar arma traumática en retén
De otro lado, la Procuraduría sancionó a Édgar Alonso Galvis Acosta con suspensión e inhabilidad por tres meses por exhibir un arma traumática durante un procedimiento vial en Floridablanca, Santander. La entidad concluyó que el entonces agente de tránsito se apartó de sus funciones y puso en riesgo a los ciudadanos.
La medida corresponde a una decisión de primera instancia de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga. El organismo determinó que el funcionario cometió una falta grave a título de dolo, pues actuó de forma consciente y voluntaria fuera de los protocolos previstos.
El hecho ocurrió en 2021, cuando Galvis Acosta estaba adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.
El caso se registró en el barrio Lagos II de Floridablanca. El agente adelantaba un procedimiento para imponer un comparendo a los ocupantes de un vehículo particular.
Durante la actuación surgió una discusión verbal entre el funcionario y las personas involucradas. El expediente señala que el episodio alteró el desarrollo habitual del procedimiento administrativo.
La Procuraduría estableció que Galvis Acosta dejó de lado la actuación técnica propia de un agente de tránsito. Después se dirigió a la motocicleta institucional y extrajo un arma traumática frente a los ciudadanos.
Para el organismo disciplinario, la exhibición del arma fue una conducta desproporcionada. La decisión sostuvo que esa acción no tenía respaldo legal dentro de las competencias asignadas a un funcionario encargado de regular la movilidad.
La entidad calificó el comportamiento como una vía de hecho. Bajo ese criterio, el agente recurrió a una medida intimidatoria durante una actuación que debía ceñirse a las reglas del control de tránsito.
La conclusión disciplinaria fue que los funcionarios de movilidad no están facultados para utilizar mecanismos de ese tipo durante procedimientos administrativos. La función de imponer un comparendo no permite abandonar los protocolos ni recurrir a la exhibición de armas ante una discusión con ciudadanos.
El fallo sostuvo que el funcionario dejó el procedimiento técnico para ejecutar una acción que comprometió la integridad de los administrados. La Procuraduría también consideró que esa conducta vulneró el principio de moralidad que debe orientar el ejercicio de la función pública.
La sanción recayó sobre Édgar Alonso Galvis Acosta, quien ejercía como agente de tránsito de Floridablanca cuando ocurrieron los hechos. La decisión disciplinaria evaluó tanto el uso del arma traumática como el abandono de las funciones que debía cumplir en ese momento.
El expediente citado en la decisión describe que la confrontación surgió mientras el uniformado tramitaba la infracción de tránsito. A partir de ese contexto, el organismo concluyó que la respuesta del funcionario excedió sus atribuciones.
Infobae
