Paridad por decreto: cuando la inclusión amenaza con convertirse en imposición en Chiapas

En política, la lealtad no debe confundirse con la obediencia ciega, ni el respaldo a un proyecto debe convertirse en obligación de aplaudir todas sus decisiones. Por eso, aunque he acompañado políticamente a Eduardo Ramírez Aguilar desde su campaña y he reconocido los avances de su gobierno en materia de seguridad y educación, hoy tengo una diferencia de fondo con una de sus propuestas: la reforma de paridad de género aprobada por el Congreso de Chiapas.

Y lo digo con claridad: apoyar a un gobernante no significa renunciar al derecho de cuestionarlo.

He reconocido el trabajo del gobernador sin ocupar un cargo en la administración pública estatal ni depender de una posición política para expresar mis opiniones. Precisamente por eso considero que hay decisiones que deben analizarse sin apasionamientos, por encima de lealtades partidistas y compromisos personales.

La paridad de género es una causa legítima. Las mujeres tienen capacidad, preparación y liderazgo para gobernar cualquier municipio, dirigir instituciones y ocupar los espacios de mayor responsabilidad pública. Negarles esas oportunidades sería un retroceso democrático. Sin embargo, una cosa es garantizar condiciones de igualdad y otra muy distinta es diseñar reglas que puedan terminar condicionando la voluntad de los ciudadanos.

La pregunta es inevitable: ¿estamos ampliando los derechos políticos de las mujeres o estamos abriendo la puerta a candidaturas determinadas desde el poder?

Mi desacuerdo no es con las mujeres, sino con cualquier mecanismo que pueda debilitar la competencia democrática. Quiero ver más mujeres presidentas municipales en Chiapas, sí, pero elegidas por la ciudadanía, respaldadas por su capacidad y legitimadas en las urnas, no simplemente colocadas en una candidatura porque así lo establece una disposición política.

La democracia necesita piso parejo para hombres y mujeres. No se trata de defender privilegios masculinos ni de cerrarles espacios a las mujeres; se trata de que las reglas electorales no se conviertan en instrumentos para favorecer determinados intereses.

Además, hay un elemento que merece una discusión seria: municipios estratégicos como Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo entre otros. Si la aplicación de la reforma termina condicionando quién puede competir en determinadas localidades, habrá que revisar si las reglas se están aplicando con criterios de igualdad o si, en los hechos, podrían beneficiar a unos aspirantes y perjudicar a otros.

Y sobre la impugnación presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), considero que acudir a las instancias correspondientes es una vía legítima dentro de un sistema democrático. Será la autoridad jurisdiccional competente la que determine si la reforma se ajusta a la Constitución y a las normas electorales aplicables. La paridad no debe estar por encima de la legalidad, pero tampoco puede utilizarse como argumento para desconocer los derechos políticos de las mujeres.

Hay otro riesgo que no debemos ignorar: que una mujer llegue a la presidencia municipal sin contar con autonomía real para gobernar. Que ocupe la silla, pero que las decisiones las tome alguien más. Que tenga el título de presidenta, pero no el poder efectivo para dirigir el ayuntamiento. Eso no sería empoderamiento; sería reproducir viejas prácticas de control político con un rostro diferente.

Por supuesto, no se puede afirmar que todas las candidaturas derivadas de una regla de paridad producirán ese resultado. Muchas mujeres han demostrado, con hechos, que tienen la capacidad de gobernar con independencia y firmeza. Precisamente por respeto a ellas, su liderazgo debe reconocerse por sus méritos y por el respaldo ciudadano, no reducirse a una cuota o a una decisión cupular.

Eduardo Ramírez Aguilar tiene ante sí la oportunidad de demostrar que su compromiso con la transformación de Chiapas también pasa por escuchar las voces críticas, incluso las de quienes hemos respaldado su proyecto político.

La lealtad verdadera no consiste en guardar silencio ante aquello con lo que no estamos de acuerdo. Consiste también en señalar los errores a tiempo, antes de que sus consecuencias terminen afectando la confianza ciudadana.

Quiero más mujeres gobernando Chiapas, pero también quiero elecciones auténticas, autoridades autónomas y ciudadanos con libertad para elegir.

Porque la igualdad no debe construirse sacrificando la democracia. Y si el objetivo es empoderar a las mujeres, el camino no puede limitarse a garantizarles una candidatura: debe asegurarles las condiciones para competir, ganar y gobernar con plena libertad.

Al final, la pregunta que debe responderse no es cuántas mujeres aparecerán en las boletas, sino cuántas podrán llegar al poder por decisión de la gente y ejercerlo sin tutelas.

La paridad debe abrir puertas, no cerrar urnas.

X: @pipemx