El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas anticipa una escalada de la tensión entre Argentina y Chile

A pesar de los gestos de acercamiento entre Javier Milei y José Antonio Kast, Argentina y Chile arrastran una historia de recelos y desconfianza mutua que ningún apretón de manos logró aún cerrar del todo. El último encuentro entre ambos fue en septiembre de este año, en el Palacio de La Moneda. El presidente argentino regresó a Buenos Aires con un respaldo de Chile a su reclamo de soberanía por Malvinas. Ese mismo día, el alcalde de Punta Arenas anunciaba la reapertura de una nueva ruta comercial marítima hacia las Islas. Antes y después, una serie de declaraciones cruzadas escalaron la tensión entre ambos países, mientras la Argentina intensifica la presión contra el Reino Unido por el petróleo y el proyecto Sea Lion.

La primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, está prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino. Según informó la empresa, navegará por el Estrecho de Magallanes y no por el Mar de Drake, es estricto cumplimiento del derecho internacional.

Fuentes de inteligencia chilenas consultadas por BioBioChile calificaron como un posible “evento crítico” la eventual “interceptación” del Danstar por fuerzas argentinas una vez que el buque abandone el Estrecho de Magallanes. No existe, hasta el momento, un anuncio oficial de Buenos Aires sobre una medida de ese tipo.

El marco legal que daría sustento a una eventual acción argentina es el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa a todo buque que se proponga navegar entre puertos continentales y las islas, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino. La norma sigue vigente. El canciller Pablo Quirno la invocó implícitamente al referirse a “tratados vigentes” y anunciar que la Argentina “monitorea la situación” tras una misión comercial con empresarios británicos en Punta Arenas.

El temor, por lo bajo, es un eventual apoyo logístico a Navitas y Rockhopper, las empresas que buscan extraer petróleo en Malvinas dentro del desarrollo Sea Lion.

El problema jurídico es de fondo. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a Argentina a garantizar “en cualquier tiempo y circunstancias” el derecho de libre navegación de buques de todas las banderas en sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes. El Tratado de Límites de 1881 entregó a Chile la soberanía plena sobre ese paso y consagró la libre navegación.

Especialistas en derecho marítimo, consultados por Infobae, fueron categóricos: una interceptación carece de sustento jurídico. El derecho del mar reconoce cuatro regímenes de navegación —libre navegación en alta mar y en la zona económica exclusiva, paso inocente en el mar territorial y paso en tránsito en estrechos internacionales— y ninguno de ellos habilita a un Estado ribereño a detener un mercante que únicamente navega. El único instrumento disponible sería el derecho de visita —una inspección a bordo—, pero su ejercicio requiere sospechas fundadas: tráfico de personas, narcóticos u otras causas específicas. Un derecho de visita abusivo también tiene consecuencias, advierten, y no solamente en la relación bilateral con Chile.

Los mismos especialistas interpretan el posicionamiento argentino actual en clave estrictamente diplomática: no apuntan a la interrupción física de la navegación, sino a hacer valer acuerdos y declaraciones que apoyan el reclamo argentino en Malvinas. Según este visión, Argentina puede formular protestas y adoptar actitudes razonables, pero existe un límite práctico difícil de ignorar: los habitantes de las islas dependen de conexiones externas para cubrir necesidades básicas, incluida atención médica de alta complejidad. El aislamiento total, señalan, no es una opción real.

Fuentes del gobierno argentino consultadas por este medio descartaron que exista un conflicto en ciernes. “No hay nada; ellos están obsesionados”, señalaron en relación a las preocupaciones desde Chile. Desde Santiago, el ministro de Defensa de Kast, Fernando Barros, también descomprimió el escenario esta semana y, consultado por La Tercera, fue directo: “Todo barco que sale del Estrecho Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”.

Barros reconoció que los convenios internacionales habilitan la inspección de un buque si hay indicios de que transporta elementos o personas prohibidas, pero encuadró esa posibilidad en el marco del derecho y no en consideraciones políticas.

Sobre la posibilidad de que Chile escoltara al Danstar, respondió que “no hay ningún antecedente que lo justifique”. “Yo asumo que en el momento que salga un barco chileno con productos legales que va a las Islas Malvinas o a cualquier otro lugar, va a poder navegar conforme a la protección al paso inocente y a todos los principios y normas que regula la navegación”, sostuvo.

El único antecedente reciente de una interceptación real data de abril de 2024, cuando la Prefectura Naval Argentina detuvo al remolcador chileno Beagle, de la empresa Ultramar, mientras prestaba asistencia a un pesquero taiwanés que había zarpado de las islas. El episodio no tuvo mayores consecuencias diplomáticas, pero fijó un precedente.

Pedido de la oposición argentina

En paralelo a la tensión por el Danstar, un grupo de legisladores argentinos envió el 29 de septiembre (aunque los detalles se conocieron este viernes) una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar que sus gobiernos impidan que puertos, aeropuertos e infraestructura de sus territorios sean utilizados para abastecer o facilitar las actividades de empresas que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y el Sándwich del Sur.

La misiva, firmada por más de una docena de senadores y diputados —entre ellos Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta y Eduardo “Wado” de Pedro—, invoca la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de modificaciones unilaterales mientras el proceso recomendado por la ONU esté en curso.

El documento sostiene que “ningún país latinoamericano debería convertirse, aún involuntariamente, en plataforma logística de actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial” en la región. Los legisladores señalan que Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay poseen, por su ubicación geográfica y su infraestructura portuaria y aeroportuaria, una capacidad estratégica para privar a las empresas involucradas del apoyo necesario para operar.

El decreto que Milei prometió derogar

Detrás de la disputa por el Danstar hay una tensión más profunda y más antigua que aún no encontró resolución. En 2021, el entonces presidente Alberto Fernández firmó la Directiva de Política de Defensa Nacional, plasmada en el Decreto 457/2021, que definía al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces como espacios donde Argentina debía fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto”. La formulación contradecía los tratados de 1881 y 1984, que establecen la soberanía chilena sin ambigüedades, y provocó una protesta formal de Santiago.

Esta promesa incumplida fue uno de los temas de aquella cumbre Milei-Kast en Santiago de Chile. Como contraprestación del apoyo al reclamo de soberanía sobre Malvinas, hubo una declaración conjunta que reafirmó la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho. Sin embargo, la situación se complejizó días después, cuando la senadora Patricia Bullrich incluyó “el control del Estrecho de Magallanes” entre los objetivos estratégicos de Argentina. Santiago lo interpretó como una nueva provocación.

Más allá de esta discusión, desde el lado de Chile, los diputados republicanos Alejandro Riquelme, representante de Magallanes y la Antártica Chilena, y Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, salieron a defender el derecho de Chile a mantener vínculos comerciales con Malvinas.

Riquelme acusó en declaraciones a CNN Chile que existe “un intento sistemático del Gobierno del Presidente Javier Milei de impedir el libre comercio entre Chile y las Islas Malvinas” y sostuvo que el conflicto lo genera Buenos Aires al no respetar los tratados de 1881 y 1984. Carter fue más directo sobre las consecuencias: “Chile no puede permitirse entrar en un bloqueo económico con alguien que ha sido aliado nuestro durante 50 años, que son los ingleses”.

El senador Juan Luis Castro fue más categórico. “La situación con Argentina no ha cambiado un milímetro”, escribió en su cuenta de X, donde calificó el apretón de manos entre Kast y Milei como algo que quedó en el olvido y advirtió que las pretensiones argentinas “siguen vivitas y coleando”. “Nuestra soberanía en el extremo sur exige firmeza, no gestos de buena crianza”, añadió.

El clima bilateral acumula episodios desde agosto. El 23 de ese mes, el brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, afirmó en un podcast que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” de Argentina. La Cancillería chilena envió una nota de protesta. El gobierno argentino, incluido el jefe de la Armada, reconoció que el Estrecho es chileno.

Hay más. El pasado lunes, Quirno fue el orador principal en la cena por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y, ante la mirada del embajador británico David Cairns y del propio embajador chileno Gonzalo Uriarte Herrera, señaló que la “conducta de cada país frente a esta causa definirá la profundidad del vínculo bilateral”, sostuvo en alusión directa a los países vecinos y el reclamo argentino sobre Malvinas.

Y fue más lejos: “Quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país, agregó. Tras sus palabras, ambos diplomáticos se retiraron del evento.

El próximo lunes vence el plazo dispuesto por el gobierno argentino para que Reino Unido “adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburiferos en la Plataforma Continental Argentina”, y avanzará con el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Lejos de profundizar los resquemores, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare, brindó una exposición este miércoles ante el Rotary Club de Buenos Aires en la que destacó las “excelentes relaciones” con Chile, en especial en el sur, donde ambas armadas coordinan el seguimiento de la flota pesquera extranjera y realizan la Patrulla Antártica Naval Combinada. Subrayó, al mismo tiempo, que Argentina “nunca” abandona la idea de que tiene una porción de su territorio ocupado y en disputa de soberanía: las Islas Malvinas.