Autoridades de seguridad y justicia acuden al Congreso de Guatemala: piden fondos récord para 2027
Las autoridades de Gobernación, Defensa y el Organismo Judicial solicitaron al Congreso de Guatemala más de Q 23 mil millones para 2027, con el objetivo de incorporar agentes policiales, construir cárceles de máxima seguridad, ampliar la cobertura de juzgados y modernizar la infraestructura estatal.
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el diputado Willy Ralda, del bloque Cabal, recibió las exposiciones de las tres instituciones durante una audiencia transmitida por el Canal del Congreso bajo la política de Congreso de Puertas Abiertas.
El Ministerio de la Defensa Nacional planteó un presupuesto de Q 6.374 millones, frente a los Q 4.643 millones asignados para 2026. La propuesta contempla Q 5.076 millones para funcionamiento y Q 1.298 millones para inversión.
Más patrullas, armas y nuevos agentes para la Policía Nacional Civil
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, pidió Q 10.490 millones para 2027, Q 1.349 millones más que los Q 9.753 millones vigentes. El 95,7% de esos recursos se destinaría a gastos de funcionamiento y el 4,3% a inversión.
La cartera prevé asignar Q 444 millones al Bono de Bienestar Policial, Q 95 millones para adquirir cinco mil armas y Q 365 millones para comprar 800 patrullas y mil motocicletas. Otros Q 64 millones financiarían mobiliario y equipos como casilleros, cámaras y neumáticos.
Villeda sostuvo que la inversión busca enfrentar la falta de movilidad de la Policía Nacional Civil, que no realiza una compra significativa de vehículos desde 2019. El ministro relató el caso de una vecina de Mazatenango que no recibió asistencia durante una emergencia porque no había patrullas disponibles.
El funcionario indicó que el proceso para adquirir 540 patrullas ya concluyó y que los vehículos serían entregados durante la primera quincena de noviembre. También afirmó que la meta del Gobierno es incorporar 13.500 agentes de la PNC durante el período presidencial, 1.375 más que el objetivo inicial fijado por el presidente Bernardo Arévalo.
“Preferimos hacer una pausa, reordenar los temas, mejorar el tema de la carrera penitenciaria y continuar ya con unas bases sólidas”, señaló el ministro.
La cartera prevé concluir entre noviembre y diciembre de 2027 el Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad de Masagua, Escuintla. La obra forma parte de 13 proyectos de inversión registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública, entre ellos la mejora del Centro de Cumplimiento de Condenas de Flores, Petén, y el remozamiento de comisarías, con 60 intervenciones ya terminadas.
Villeda también pidió aumentar en 110% los fondos destinados a los servicios de gobierno departamental. La medida busca acompañar una modificación al reglamento orgánico interno de las gobernaciones, aún pendiente ante la Oficina Nacional de Servicio Civil.
“Los gobernadores están involucrados en todo, pero no mandan absolutamente nada, ni tienen el personal correspondiente para lograr el propósito que requiere su función”, afirmó.
El Organismo Judicial busca duplicar sus recursos y crear 25 juzgados
La presidenta saliente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Claudia Paredes, solicitó Q 6.500 millones para 2027, casi el doble de los Q 3.308,8 millones asignados durante el ejercicio vigente. La magistrada asistió junto con Jenny Alvarado Tení, presidenta electa de ambas instituciones.
El Ministerio de Finanzas Públicas estimó Q 4.359 millones para el Organismo Judicial dentro del proyecto presupuestario. Paredes reclamó Q 2.141 millones adicionales para aplicar leyes aprobadas recientemente, entre ellas la Ley de Competencia, la Ley Antipandillas, reformas al Código Civil y la Ley de Insolvencias.
La planificación incluye 12 nuevas salas, 14 juzgados y tribunales, siete proyectos administrativos, 42 iniciativas tecnológicas y siete obras de infraestructura judicial en Villa Nueva, Izabal, Petén y Jutiapa. En total, el organismo proyecta habilitar 25 juzgados, de los cuales 23 estarían ubicados fuera de la capital.
“Hay una asignación de Q 777 millones orientados principalmente a fortalecer los órganos jurisdiccionales, unidades administrativas existentes, implementar nuevos órganos jurisdiccionales, ampliar la cobertura institucional, modernizar y fortalecer la infraestructura tecnológica e incrementar la capacidad para mejorar la eficiencia de prestaciones judiciales”, explicó Paredes.
La magistrada advirtió que, sin los recursos adicionales, el presupuesto alcanzaría únicamente para pagar la nómina actual y servicios básicos como electricidad, agua y telecomunicaciones, necesarios para desarrollar audiencias virtuales. Guatemala cuenta con ocho jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que los estándares internacionales citados por Paredes recomiendan 18.
La propuesta de Defensa financiaría el equipamiento de unidades militares, el mantenimiento de caminos, obras de infraestructura y el refuerzo de capacidades estratégicas. El viceministro de la Defensa Nacional, Jorge Lemus, detalló la compra prevista de 2.600 fusiles, 59 ametralladoras, 11.220 tolvas y 57 lanzagranadas.
La institución también proyecta ampliar las operaciones terrestres, aéreas y marítimas, además de ejecutar 300.000 metros de dragado. Sus estimaciones contemplan acciones de gestión de riesgos para 6,3 millones de guatemaltecos, tareas de protección marítima, lacustre y fluvial para 2,9 millones, y operaciones de seguridad interior y exterior para 18,49 millones de habitantes.
Lemus confirmó retrasos en la construcción del Centro de Prevención El Triunfo, en Morales, Izabal. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército prevé entregar la cárcel entre agosto y septiembre de 2027, si las condiciones climáticas permiten mantener el ritmo de las obras.
Infobae
