CPI rechaza las sanciones de EE.UU. y afirma que ‘la historia juzgará este momento’

La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la institución y afirmó que “la historia juzgará este momento”.

“Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la Corte haga aquello para lo que fue creada”, denunció la CPI, que recordó que el tribunal fue establecido mediante un tratado internacional y cuenta con 125 países miembros.

La Corte advirtió de que “nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia” e instó a sus miembros a adoptar “medidas concretas” para garantizar que el tribunal pueda continuar operando, y agregó que “la historia juzgará este momento”.

I strongly condemn the sanctions the US has just imposed on the International Criminal Court @CourPenaleInt. These sanctions threaten the system of international accountability and justice. I call on all States committed to the rule of law to stand together in defense of the Court and its independence.

It is painful and ironic that the US imposes sanctions on the ICC only hours after former judge Navi Pillay wins the Nobel Peace Prize.
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— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) October 9, 2026

La institución advirtió que las sanciones buscan afectar sus operaciones e intimidar a quienes trabajan en ella o colaboran con sus investigaciones. Ante este escenario, pidió a los Estados parte adoptar medidas concretas para garantizar que cuente con los recursos necesarios para continuar sus labores.

Comunicado completo de la CPI:

Hoy, Estados Unidos ha impuesto sanciones a la Corte Penal Internacional como institución. Esta medida sin precedentes se suma a una serie de designaciones contra trece jueces y fiscales independientes que velan por la causa de la justicia.

Esta medida atenta contra una institución judicial independiente, creada por tratado y encomendada por 125 Estados Partes para investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Constituye un intento de obstaculizar la justicia e impedir que la Corte cumpla con su cometido. Es un ataque contra el Estado de derecho y contra los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley.

Esta designación tiene como objetivo perturbar las operaciones de la Corte e intimidar a quienes trabajan para ella o colaboran con ella. La Corte, por su parte, no se dejará amedrentar. «La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en aras de las innumerables víctimas de crímenes graves», declaró la presidenta de la CPI, Tomoko Akane. 

Sin embargo, la Corte no puede sostenerse sola. Su destino ahora también está en manos de los Estados que la crearon. El Estatuto de Roma es una promesa colectiva de que los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes. Esa promesa solo es tan fuerte como la determinación de quienes la formularon. 

Si bien pueden surgir dificultades, la Corte, junto con sus Estados Partes, ha realizado considerables esfuerzos para garantizar la continuidad y la resiliencia de sus actividades. La Corte insta a los Estados a seguir adoptando medidas concretas, entre ellas, asegurar que la Corte continúe contando con los medios necesarios para proseguir su labor. No se trata solo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el estado de derecho. 

Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia. La historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue atacada. Se preguntarán si la Corte se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamó o permitió que se abandonaran bajo presión.