“Una burla más a las víctimas”: coronel Malagón, secuestrado por las Farc, arremete contra ‘Timochenko’ por decir que hubo “buen trato” en los cautiverios; la JEP se pronunció

El debate sobre la memoria histórica, la reparación a las víctimas y la rigurosidad de la justicia transicional en Colombia volvió a encenderse con inusitada fuerza. La divulgación de un fragmento audiovisual en el que Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko” y máximo líder de las extintas Farc-EP, aseguraba ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en la guerrilla existían directrices para garantizar un presunto “buen trato” a los secuestrados, provocó una ola instantánea de rechazo e indignación en el país.

Las palabras de Londoño pretendían matizar uno de los capítulos más oscuros y cruentos del conflicto armado colombiano: la privación sistemática de la libertad de miles de personas.

Sin embargo, la brecha entre la versión entregada por el excomandante guerrillero y la crudeza que padecieron las víctimas en las profundidades de la selva no solo reabrió profundas heridas, sino que obligó a una contundente precisión por parte de las autoridades judiciales y puso en el centro del debate la vivencia de quienes sobrevivieron a años de encadenamientos, tratos inhumanos y aislamiento.

En la grabación revelada por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, a la opinión pública, el exjefe del Secretariado de las Farc-EP –quien firmó el Acuerdo Final de Paz en 2016 junto al expresidente Juan Manuel Santos– intentó defender el comportamiento del grupo insurgente frente a los rehenes.

“Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida. Esas eran las líneas (…), la comida, el trato. Tortura no, jamás, es que ni internamente, golpear a alguien, las riñas incluso eran sancionadas internamente”, dijo en su momento ante la JEP.

Esta postura, interpretada por amplios sectores de la sociedad como una justificación o minimización del dolor causado, contrasta radicalmente con los extensos expedientes judiciales y los desgarradores relatos de miles de secuestrados.

Durante décadas, exrehenes militares, policiales y civiles han documentado prácticas aberrantes: uso constante de cadenas al cuello y las manos, marchas forzadas en condiciones extremas de salud, ausencia de atención médica adecuada, amedrentamiento psicológico y castigos físicos.

“Una impunidad premeditada”: la contundente reacción del coronel (r) Raimundo Malagón

Uno de los testimonios más vehementes en rechazar esta versión es el del coronel (r) del Ejército Nacional Raimundo Malagón. Él vivió en carne propia el horror del cautiverio durante casi una década, desde su secuestro en 1998 hasta su histórica liberación el 2 de julio de 2008 en la emblemática Operación Jaque, casi 10 años en manos de las Farc-EP.

En una entrevista con Infobae Colombia, el oficial en retiro expresó su indignación no solo frente a las palabras de Rodrigo Londoño, sino ante la actitud mostrada por el exguerrillero durante la diligencia judicial: “Lo primero que hay que decir es que eso de extintas Farc es un término que acuñaron ahí producto de esa negociación, ¿sí? ¿Cuáles extintas? Eso siguió lo mismo. Se desmovilizaron ahí un grupito, ¿y el resto qué? Sí, volvieron otra vez”.

El coronel profundizó en su rechazo al impacto de las declaraciones de Londoño en la sociedad y la memoria colectiva: “Y respecto a lo que conoce la opinión pública, pues simplemente es una burla más a las víctimas. Y esas risas del tipo cuando sale a carcajadas, y la complicidad con la juez (...) pues hombre, uno lo que se da cuenta es que hay una impunidad total”.

Para Malagón, la tranquilidad con la que el exjefe guerrillero se expresó evidencia un pacto previo de tolerancia procesal: “Es una impunidad premeditada. Es decir, si él está tan fresco, tan relajado, ‘ja, ja, ja’, pues quiere decir que eso estaba pactado ya (...) ellos sabían. Entonces es muy duro, muy duro para las víctimas”.

Al abordar la brecha abismal entre la realidad del cautiverio y el discurso de “buen trato” e instrucciones de “buena comida”, el coronel Malagón rememoró vivencias que marcan la memoria de los sobrevivientes. Lejos de la atención o el respeto a la dignidad humana, evocó las condiciones extremas a las que eran sometidos cotidianamente.

“Ayer en otro medio de comunicación hablábamos justamente del trato cruel e inhumano, como fueron las alambradas de púas que todo el mundo le dio vuelta y que seguramente ustedes están pasando. Lo mismo las torturas que padecimos una vez”, contó a Infobae Colombia.

Para ilustrar la magnitud de los vejámenes padecidos en la selva, Malagón trajo a colación el caso del hoy mayor (r) John Frank Pinchao, quien protagonizó una de las fugas más heroicas registradas en la historia del conflicto colombiano.

“El doctor John Frank Pinchao, lo llamo yo, John Frank Pinchao, pues para quienes no sepan, es un gran héroe de la patria que tuvo el valor, después de casi ocho años, de buscar la libertad por su propio medio. Duró perdido diecisiete días en medio de la selva, soportando todo tipo de inclemencias”, contó para reforzar su postura.

El relato sobre las condiciones en las que emergió de la selva desmiente cualquier intento de suavizar el régimen disciplinario y punitivo que imponía la guerrilla: “Cuando él salió ya rescatado, gracias a Dios lo lograron los organismos del Estado recuperar, él salió con nuches por todo el cuerpo, deshidratado, en unas condiciones terribles, incluso con la cadena puesta, porque él se fugó (...), él logró romperla y salió con casi un metro de cadena y el candado. Eso está en los medios documentado”.

El testimonio del oficial desmiente categóricamente cualquier intención de brindar una alimentación digna a los secuestrados, revelando detalles sobre la degradación de las raciones que recibían en la selva: “En mi caso personal, utilizaban los alimentos con aceite de cerdo en estado de descomposición para preparar una pasta. Bueno, mejor dicho, no quiero recordar eso, pero ese es uno de los testimonios”.

“Un millón de amigos por Boyacá”: el proyecto de liderazgo, resiliencia y reconstrucción social

Pese a los 10 años de privación de la libertad y las secuelas físicas y psicológicas que deja un crimen de tal magnitud, el coronel Raimundo Malagón enfatiza que ha logrado reconstruir su vida a través de un proceso de superación personal, formación académica de alto nivel y vocación de servicio público.

Durante la charla con Infobae Colombia, Malagón detalló el perfil profesional que construyó tras ser liberado en la Operación Jaque, así como el proyecto social y político que actualmente lidera en el departamento de Boyacá: “Yo quiero decir que gracias a Dios he tenido una muy buena resiliencia, una superación personal y un liderazgo”.

El oficial repasó la trayectoria de estudios que emprendió para prepararse tras su retorno a la libertad: “En lo personal, ya gracias a Dios he superado (...) tanto así que tengo dos maestrías, una en Seguridad y Defensa Nacional y otra en Relaciones Internacionales. Fui a Francia, tengo una especialización en resolución de conflictos en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, una especialización también en estudios latinoamericanos. Luego regresé al país para hacer mis dos maestrías”.

Posteriormente, aplicó su preparación académica en el servicio exterior antes de dedicarse de lleno al trabajo con las comunidades: “Luego fui agregado militar y diplomático en Brasil y manejo inglés, francés y portugués. Eso es como para mostrar que sí hemos superado gracias a Dios y estamos listos para servir a la sociedad”.

Con este bagaje académico y experiencia internacional, Malagón encabeza hoy una iniciativa de articulación ciudadana y trabajo pedagógico territorial denominada ‘Un millón de amigos por Boyacá’. Esta propuesta busca recorrer de manera directa el departamento para dialogar con las comunidades y transmitir una lectura crítica sobre el pasado y el presente del país.

“Ahora mismo estamos en una campaña grande que se llama ‘Un millón de amigos por Boyacá’, en la cual estoy interactuando con cada uno de los ciudadanos boyacenses, visitando las diferentes provincias, los diferentes municipios. Son 13 provincias, 123 municipios”, contó durante la entrevista.

El coronel explicó la metodología de su recorrido y los objetivos que persigue en el territorio: “Estamos con un gran equipo de amigos recorriendo cada uno de los municipios con el propósito de interactuar y mostrarles la realidad, a los pobladores, de los malos manejos administrativos por parte de algunos sectores políticos”.

Un elemento central de la labor que adelanta en el territorio boyacense es el trabajo con las nuevas generaciones, a quienes busca concientizar sobre la realidad vivida durante las décadas del conflicto armado para evitar que las narrativas indulgentes distorsionen la historia: “Dentro de mi recorrido por Boyacá, haciendo ‘El millón de amigos’, estoy justamente contando esta historia para que nuestras nuevas generaciones comprendan lo que realmente pasó y no se dejen llevar de discursos románticos en los cuales buscan tapar todo”.

Asimismo, comparó la necesidad de documentar la memoria del secuestro con otros eventos históricos globales: “Pero gracias a Dios hay documentos. Hay documentos como en la Segunda Guerra Mundial, recuerdo de un señor general que la tenía clara sobre lo que iba a pasar en la historia y él documentaba todo allá en los campos de concentración y gracias a eso tenemos hoy día las evidencias”.

El coronel puntualizó que su compromiso con la región responde también a una deuda histórica con las miles de víctimas que el conflicto dejó en el departamento: “Aprovecho para decirle a toda la comunidad boyacense que estamos con ellos, que también, desafortunadamente, el departamento de Boyacá tuvo alrededor de cuatro mil novecientas víctimas, entre secuestrados, extorsionados, asesinados, de todo lo que usted quiera, durante mis 10 años de secuestro, desde 1998 al año 2008”.

“Durante esos 10 años, el departamento de Boyacá fue muy afectado también por temas del conflicto y de estos grupos al margen de la ley. Pero dentro de la gira que estamos haciendo con mi equipo por los diferentes municipios, es justamente eso, viendo en qué áreas tenemos que apuntarle a la seguridad del departamento”, explicó el coronel al hablar del proyecto que lidera.

La postura frente al Proceso de Paz y la institucionalidad de la JEP

La mirada del coronel Malagón sobre la negociación realizada en La Habana y la estructura de la justicia transicional es profundamente crítica. Para el oficial, el diseño de la JEP responde a una arquitectura institucional que, a su juicio, ha generado altos costos al erario público sin ofrecer una respuesta satisfactoria de justicia proporcional para las víctimas.

En sus declaraciones a Infobae Colombia, fundamentó sus impresiones citando análisis de altos mandos militares y cuestionando la efectividad del proceso: “Es comúnmente escuchar que la gente lo dice de alguna manera irónica: la ‘Justicia Especial para las Farc’ (...) Dentro de ese gobierno que empezó entregando el país, del presidente que hizo los acuerdos en La Habana, para no dar nombres, eso estaba pactado”.

Para argumentar su postura, el oficial trajo a colación análisis documentados por altos mandos del Ejército: “Acabo de terminar un libro que se llama ‘Los pecados de la paz’, del general Enrique Gómez Rangel (...) Ese proceso de paz fue una farsa completa. Estaba arrodillado el gobierno, lo que quisieran se hacía”.

“¿Cuántos billones de pesos le representaron a nuestro país durante esos diez años de esa farsa del proceso de paz? Con esos billones que desperdiciaron hubiésemos podido alimentar cantidad de niños, haber mejorado la infraestructura escolar, los puestos de salud. Eso sí es justicia social”, dijo el coronel.

En relación con el funcionamiento de la sede física y burocrática del tribunal de paz, el coronel sugirió que los recursos institucionales deberían reorientarse hacia entidades operativas del Estado: “Yo paso cada rato por ahí por la 67 con Séptima y veo ese edificio y digo: ‘Dios mío, mira, ahí fácilmente hubiese nacido el Ministerio de la Igualdad (...) O un ministerio se puede trasladar, incluso el mismo Ministerio de Defensa, que ahorita ni instalaciones tiene, un comando general, alguna vaina que sí le produzca al Estado, no una burocracia tener allá’”.

Al reflexionar sobre cómo debería estructurarse un proceso de negociación para ser considerado equitativo y legítimo, Malagón citó como referencia los marcos aplicados en otros momentos históricos del país donde existieron consecuencias penales directas ante el incumplimiento: “Hay unos acuerdos de paz que fueron un ejemplo (...) como los acuerdos con los paramilitares en el cual no exigió ni tanto tiempo, ni tantas dilaciones, ni tanta burocracia, sino eso fue rápido”.

Sostuvo además que el sometimiento judicial debe exigir firmeza frente al delito sobreviniente: “Prueba de ello es que siguieron delinquiendo algunos de los paramilitares dentro de la cárcel y el gobierno dijo: ‘Venga, usted incumplió, hermano, y se va a aprender inglés allá a Estados Unidos’. Eso es tener sensatez frente a una realidad”.

“Si algún día se llega a hacer un proceso de paz, que sea un proceso justo, de acuerdo a que haya un verdadero arrepentimiento y unos verdaderos deseos de salir a servir a la sociedad o a reparar a las víctimas”, dijo el coronel durante la entrevista.

La respuesta de la JEP: la justicia transicional le ‘hace frente’ a la polémica

Ante el malestar generado en la opinión pública y las duras críticas vertidas por los sobrevivientes respecto al video de 2019, la JEP precisó a Infobae Colombia el marco legal y metodológico bajo el cual se desarrollaron dichas diligencias.

La entidad judicial aclaró que la grabación divulgada corresponde a la primera versión voluntaria rendida por Rodrigo Londoño en 2019 dentro del Caso 01 (denominado Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP).

En esa etapa, la magistrada relatora Julieta Lemaitre aplicaba la metodología internacional conocida como Peace, una técnica de interrogatorio diseñada para generar un entorno de confianza que incentive al compareciente a aportar información y confesar los hechos sin adoptar posturas defensivas inmediatas.

La JEP enfatizó que las pretensiones iniciales de los comparecientes sobre el “buen trato” fueron categóricamente desestimadas a lo largo de la investigación mediante la contrastación rigurosa con los testimonios de las víctimas y las evidencias documentales.

“La JEP pone a las víctimas en el centro y les hemos dado voz durante todo el proceso. Las organizaciones de víctimas, entre ellas País Libre, presentaron informes desde 2018 a la Sala de Reconocimiento. En sus relatos incluyeron desde el momento en que fueron secuestradas hasta el momento de su liberación”, explicó para Infobae Colombia.

Explicó además cómo se amplió el espectro probatorio a través de audiencias y acervos de la justicia ordinaria: “Luego, las víctimas participaron por escrito y en audiencias públicas dando su testimonio de lo vivido. Además, la JEP tuvo acceso a las investigaciones de la justicia ordinaria (...) allí se contenían pruebas documentales, videos e incluso material de prensa”.

El tribunal transicional destacó que las declaraciones brindadas por el propio coronel Raimundo Malagón, así como por otros altos oficiales y miembros de la fuerza pública —entre ellos el general Luis Mendieta y el sargento César Augusto Aranguren—, constituyeron la base fundamental para desbaratar el relato defensivo de las Farc-EP.

“Sus declaraciones, los videos de su cautiverio y todo lo que aportó en el proceso fue usado para imputarle los crímenes de guerra de toma de rehenes y de tortura a las extintas Farc-EP. Esto quedó plasmado en el Auto No. 19 de 2021 y en la resolución de conclusiones de noviembre de 2022”, señaló la justicia transicinal.

Fruto de este proceso de contraste, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitió el Auto No. 19 de 2021, mediante el cual se imputó a los siete integrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones a la libertad, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual.

Posteriormente, en abril de 2021 y de manera pública durante las audiencias de reconocimiento celebradas en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá en junio de 2022 —evento en el que participaron activamente el coronel Malagón, el sargento César Lasso y la señora Olga Esperanza Rojas—, los máximos jefes guerrilleros debieron aceptar explícitamente su responsabilidad jurídica y moral por estos crímenes.

El reconocimiento legal de la fuerza pública como víctimas directas

Un punto de constante debate jurídico y social ha sido la categorización de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional retenidos por la guerrilla, discutiéndose en su momento si debían ser considerados simplemente como “bajas o prisioneros de guerra” o como víctimas de violaciones sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario.

Frente a este interrogante planteado por Infobae Colombia, la JEP precisó que existen 634 víctimas acreditadas en el Macrocaso No. 01 por hechos sufridos por integrantes de la Fuerza Pública, divididas en 420 víctimas directas y 214 indirectas, asociadas a 232 hechos únicos: “La JEP no tiene criterios diferenciales para reconocer una víctima (directa e indirecta) si es miembro de la fuerza pública o civil”.

La jurisdicción resaltó que las acreditaciones se procesan en estricto apego al artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, reconociendo el daño antijurídico, físico, emocional y fundamental infligido tanto al uniformado como a su entorno familiar, sin distinción de su condición militar.

El mensaje institucional frente al dolor de las víctimas

Frente a la desazón y el malestar reavivados en las víctimas tras escuchar las pretensiones defensivas expuestas por la excúpula insurgente en las fases iniciales del proceso, la JEP emitió un mensaje institucional en el que resalta el carácter inédito del juzgamiento a la guerrilla.

“Que por primera vez en la historia del conflicto armado, una guerrilla se sometió a la justicia y públicamente reconoció sus crímenes; no hubo amnistías como sucedió con el M-19, por ejemplo”, detallaron.

El tribunal recalcó la dimensión de los cargos aceptados por los procesados: “Se les atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, que son los peores crímenes que existen en el derecho, y los han reconocido ante las víctimas, la justicia y la sociedad. También han pedido perdón y han mostrado voluntad de reparar, lo cual ya han comenzado a hacer”.

“La JEP ha puesto en el centro lo dicho por las víctimas y les ha permitido participar. Su versión ha sido el eje central de nuestras investigaciones e imputaciones”, señaló la justicia transicional.

Memoria viva vs. discursos de justificación

El choque de visiones provocado por las palabras de Rodrigo Londoño evidencia que el camino hacia la verdad exhaustiva en Colombia exige un contraste permanente entre las versiones de los victimarios y la memoria viva de los sobrevivientes.

Mientras la institucionalidad judicial defiende las herramientas procesales que permitieron acorralar jurídicamente a la excúpula guerrillera y obligarla a reconocer crímenes de guerra y de lesa humanidad, desde las regiones y las organizaciones de sobrevivientes la exigencia de respeto pleno al dolor y a los padecimientos padecidos sigue vigente.

El coronel (r) Raimundo Malagón, desde las veredas y municipios de Boyacá, sintetiza el sentir de miles de colombianos que padecieron la sevicia de la guerra: la dignidad humana no se puede maquillar con discursos ideológicos ni con atenuantes defensivos.

Su labor al frente de “Un millón de amigos por Boyacá” busca garantizar que las futuras generaciones conozcan la historia sin mitos ni eufemismos, al asegurar que el testimonio de las víctimas permanezca como el faro ético inamovible de la memoria histórica de la nación.